Señalan a exgobernadores de Chiapas por graves violaciones a derechos humanos

Por Ángeles Mariscal

Los ex gobernadores de Chiapas, el general Absalón Castellanos y Patrocinio González Garrido murieron, el primero en 2017 y el segundo en 2021, pero sobrevivientes de actos de tortura y encarcelamiento arbitrario responsabilizaron a funcionarios y policías de sus gobiernos.

Familiares de las víctimas se reunieron en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para hablar de sus abusos.

Fueron convocados por el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad y el Impulso a la Justicia de las Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.

El Mecanismo realiza los llamados “Diálogos por la Verdad” en diversos estados de México, y en el caso de Chiapas, durante dos días dieron sus testimonios indígenas, campesinos, colonos, religiosos, activistas y médicos que vivieron, o atestiguaron y atendieron a población que vivió actos de represión, asesinatos, torturas y encarcelamientos.

En los Diálogos hablaron Angelina Andrés, Francisco Andrés, Gilberto López y Tomás Miguel,  tres campesinos guatemaltecos que se refugiaron en México derivado de las masacres cometidas por el gobierno de su país.

Foto: Especial

Hablaron sobre la solidaridad que recibieron de parte de médicos, religiosos y otras personas quienes desde Chiapas apoyaron a más de 60 mil refugiados que huyeron de Guatemala en la década de 1980.

Si bien el gobierno mexicano formalmente se solidarizó con los refugiados de Guatemala, en la práctica inhibió el apoyo a los refugiados través de la persecusión, detención arbitraria, encarcelamiento y la tortura de quienes realizaban acciones directas de apoyo a los guatemaltecos transterrados.

De ello, dio cuenta el sobreviviente de tortura y detención arbitraria Gustavo Zárate, quien en esa época, como estudiante universitario, formó parte del Comité Cristiano de Solidaridad que fundó el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García.

También hablaron Jorge Martínez Rodríguez, integrante de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas; y los médicos Roberto Gómez Alfaro, Marcos Arana Cedeño y Luis Aquino Maldonado.

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El Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico recibió igualmente el testimonio de quienes en esa época, desde la capital de Chiapas, sufrieron tortura, cárcel y persecución por defender su derecho a la vivienda, como el caso de Félix Maldonado Chamé de la colonia Las Granjas.

Y de quienes fueron torturadas -y varias más asesinadas- por defender las disidencias sexo-genéricas, como fue el homicidio doloso cometido en contra de Teresa Campos Flores.

Hablaron familiares de quienes sufrieron desplazamiento forzado, desaparición y ejecución cometida contra indígenas de San Juan Chamula, como la cometida contra Miguel Gómez.

Por su parte, los sacerdotes Gonzalo Ituarte de Chiapas, y Jesús Morfín Cartagena de Atlapexco, Hidalgo dieron su testimonio sobre la persecución contra grupos religiosos católicos practicantes de la Teología de la Liberación, que apoyaron a refugiados, indígenas y campesinos que defendían su territorio contra el despojo por parte de terratenientes, algunos de ellos familiares de los gobernadores.

Foto: Especial

Sobre esto, los campesinos Lucas Pérez Ruiz y Marcelino Nuñez detallaron las masacres y persecuciones que vivieron en los municipios de Bochil, Simojovel y Jitotol; y el encarcelamiento del sacerdote Joel Padrón, a quien se le acusó de apoyar estas luchas.

Situaciones semejantes narraron Hugo Rodríguez Arena y Alfredo Barrera Rubio, nietos de campesinos y líderes sindicales de Yucatán, a quienes el gobierno torturó y desapareció, al vincularlos con grupos guerrilleros.

En cada uno de los testimonios los sobrevivientes manifestaron la necesidad de llevar a la justicia a quienes cometieron estos actos, como medida para evitar la repetición de los daños causados, y para reparar la dignidad que les fue afectada.

“Son voces que hace mucho han hablado en Chiapas, otras son voces que se hacen públicas por primera vez. Son relatos sobre la violencia en México”, dijo la comisionada del Mecanismo, Eugenia Allier Montaño.

“Escuchar la voz de las disidencias sobre las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas del Estado y sus alianzas con otros poderes, como los de empresarios, permite entender cómo se construyen relaciones perversas y violentas para garantizar el orden del régimen”, sostuvo por su parte el también comisionado Carlos Pérez Ricart.

David Fernández Dávalos, igualmente integrante del Mecanismo, sostuvo que en Chiapas los gobiernos atacaron las disidencias para imponer una moralidad que es autoritaria y anti derechos.

Abel Barrera Hernández, el cuarto comisionado del Mecanismo, refirió que en este estado del sur de México, los pueblos y comunidades han dado y siguen dando la pelea por sus derechos.

Recuperaron los testimonios donde se nombraron directamente como causantes de la violaciones a los ex gobernadores como Absalón Castellanos y Patrocinio González – gobernaron de 1982 a 1988 y de 1988 a 1993- Garrido, quienes incluso utilizaron grupos armados civiles que en su tiempo fueron conocidos como guardias blancas.

Además de policías y el mismo ejército, “utilizaron todo el aparato del estado en contra de quienes defienden sus territorios”, dijo Barrera

Al hacer referencia a la actual situación que se vive en Chiapas, con el aumento de grupos civiles armados ligados a integrantes del crimen organizado, el comisionado dijo: “la violencia delincuencial se gestó, se incubó dentro de los aparatos del Estado.

Las prácticas del Ejército para torturar y desaparecer; y lo que hicieron las policías en ese momento, son las prácticas que ahora se extendieron a la delincuencia organizada (…) y que engendraron a estos monstruos que ahora tenemos”, dijo Abel Barrera.

Quienes integran el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico reiteraron su compromiso de investigar los hechos que se narraron en los “Diálogos por la Verdad”, y presentar un informe que permita llevar a la justicia a quienes cometieron estos actos.

Sin embargo, reconocieron el reto que esto significa, porque a pesar de ser un órgano autónomo, la Comisión para la Verdad de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, ha tenido obstáculos para acceder a los archivos.

Particularmente los que están en poder de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), mismos que son necesarios para las investigaciones en casos de estados como Guerrero, Chihuahua, Yucatán, y otros que investigan.