Entre extorsiones y la “pax narca” | Artículo de Mario Luis Fuentes

Mario Luis Fuentes

Durante la semana del 20 al 25 de julio de 2025 el país presenció un hecho inédito: la divulgación y posterior intervención gubernamental ante un sistema de extorsión territorial que los habitantes de Valle de Bravo venían soportando desde hace al menos cinco años. La Nueva Familia Michoacana –una de las organizaciones criminales designadas por Washington como terrorista en febrero de 2025– controlaba la venta de insumos básicos y materiales de construcción en la región. No era un simple cobro de “derecho de piso”; se trataba de un monopolio completo de la cadena comercial. Los constructores, arquitectos y propietarios que deseaban edificar en ese destino vacacional se veían obligados a contratar a una única empresa de transporte de materiales controlada por el sindicato de la Nueva Familia Michoacana. La ley de la mafia dictaba incluso dónde se compraba la varilla y el precio de una pieza de pollo.

La “Operación Liberación” del 21 de julio de 2025, implementada por el Gobierno de la República, expuso que la extorsión no sólo implica amenazas, sino la manipulación del mercado local. Se trata de una decisión gubernamental que marca una ruptura con la estrategia de la administración 2018-2024. En efecto, la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, presentada el 6 de julio, introdujo nuevas medidas de política de seguridad.

Al respecto, cabe la duda respecto de si la eficacia del operativo de Valle de Bravo se puede replicar a escala nacional. Esto, porque la estructura de dominación territorial de la Nueva Familia Michoacana no es única; otras organizaciones criminales ejercen prácticas similares en distintos estados. En ese sentido, la intervención mostró que es posible desmantelar un monopolio criminal con despliegue masivo de fuerzas y coordinación entre niveles de gobierno. Sin embargo, esta respuesta puntual no aborda los mecanismos de lavado de dinero y cooptación de autoridades que permiten al crimen organizado reproducirse.

Debe considerarse que, si bien el Estado puede focalizar recursos en un corredor turístico como Valle de Bravo, se enfrenta sin embargo al reto de cómo cubrir simultáneamente regiones enteras de Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa o Tamaulipas, solo por citar algunos de los casos más emblemáticos. En efecto, las detenciones de la estrategia nacional muestran que el fenómeno de la extorsión es transversal.

A ello es probable que abone la reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para que la extorsión sea un delito perseguido de oficio y no dependa de la denuncia de las víctimas, quienes suelen guardar silencio por temor. Esta reforma busca reconocer que en contextos de macrocriminalidad no se puede exigir a la ciudadanía que enfrente a los grupos armados, pues la responsabilidad recae en el Estado.

El operativo realizado en el sur del Estado de México muestra que, con voluntad política y decisiones firmes desde el gobierno, es posible enfrentar a la criminalidad; sin embargo, la escalabilidad de una medida como la anunciada depende de recuperar definitivamente el monopolio legítimo de la violencia y la legitimidad del Estado. Pero también exige romper la interdependencia económica entre las comunidades y el crimen. El gobierno debe acompañar los operativos con inversión social, reconstrucción del tejido productivo y fortalecimiento institucional para que los espacios liberados no sean ocupados por otras bandas.

La discusión sobre la escalabilidad conduce a un segundo tema: la interpretación de las cifras de violencia. Sinaloa ofrece un ejemplo paradigmático. Desde finales de 2024 varios analistas hablaron de una relativa “pacificación” del estado al señalar que los homicidios dolosos habían bajado de manera significativa. Sin embargo, debe considerarse que la evidencia muestra que, cuando un grupo establece su hegemonía territorial, los homicidios disminuyen, pero no porque desaparezca la violencia, sino porque se centraliza el control criminal. Debe asumirse que la reducción de homicidios no indica necesariamente procesos estructurales de pacificación.

De hecho, la paz criminal puede ser igual de dañina que el conflicto abierto. La “pax narca” suele estar acompañada de cooptación de autoridades, extorsión generalizada y control social. Al respecto, tolerar esta forma de estabilidad equivale a renunciar a la soberanía estatal y delegar el orden público a un actor ilegal. Por ello es muy peligroso y de hecho inaceptable el establecimiento de una paz derivada de acuerdos entre cárteles y debe exigirse una política de pacificación auténtica, sustentada en el imperio de la ley y el fortalecimiento institucional.

Es un hecho que México necesita métodos más rigurosos de medición y análisis. Las estadísticas deben desagregar el tipo de violencia, identificar las regiones donde se reportan menos delitos a causa del miedo, y distinguir entre paz impuesta por la fuerza criminal y pacificación basada en el respeto a la ley. La discusión también exige democratizar la información: periodistas, académicos y organizaciones sociales deben tener acceso a datos actualizados para auditar la actuación gubernamental y desenmascarar la propaganda del crimen organizado. De igual manera, es necesario fortalecer la independencia de las fiscalías para que las investigaciones no dependan del padrinazgo político, y estimular a los gobiernos locales a reconocer la existencia del problema en lugar de maquillarlo.

La Operación Liberación en Valle de Bravo demostró que el Estado puede recuperar territorios dominados por el crimen, pero también puso de relieve la envergadura del desafío. La extorsión es un fenómeno nacional y requiere respuestas estructurales; la reducción de homicidios no basta para hablar de pacificación; y la información oficial debe ser contrastada con investigaciones independientes. Sólo con más información, mejor calidad de datos y análisis profundo la sociedad mexicana podrá comprender la complejidad del fenómeno y exigir políticas efectivas que no se limiten a operativos temporales, sino que transformen las condiciones que permiten la expansión del crimen organizado.

Investigador del PUED-UNAM