Pensiones latinoamericanas obligan a trabajar después de los 65 años

La precariedad del sistema de pensiones en los países de América Latina obliga a millones de trabajadores a buscar una vía laboral informal para completar sus bajos ingresos, después de décadas de trabajo y de haber superado la edad de jubilación.

Desde México hasta Argentina, los sistemas de pensiones en la región están marcados por dificultades estructurales y sociales que impactan profundamente en la calidad de vida de los adultos mayores.

México: la mitad del trabajo es informal

La situación de las pensiones en México refleja la complejidad de un país donde la informalidad laboral es parte de la vida de casi la mitad de la población activa.

Con una pensión mínima que apenas supera los 6,000 pesos mensuales, muchos mexicanos se enfrentan a la difícil decisión de prolongar su vida laboral para asegurar un retiro medianamente estable, considerando que el salario mínimo es de 7,468 pesos.

El Congreso evalúa actualmente una serie de iniciativas que buscan otorgar una tasa de reemplazo del 100% para los trabajadores que comenzaron su vida laboral formal a partir de 1997, con un tope de 17,000 pesos mensuales.

El Senado de la República aprobó el pasado jueves la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, una bolsa de 40,000 millones de pesos que busca que el Estado garantice jubilaciones con 100 % del último sueldo.

Argentina o la necesidad de seguir trabajando para los jubilados

En un escenario de severa crisis económica y con la tasa de inflación más alta del mundo (287.9%), el 65% de los jubilados en Argentina cobra la jubilación mínima, que en abril ha sido de 171,217 pesos (192 dólares), un ingreso que llegó a los 241,000 pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorgado por la situación de emergencia.

Este ingreso, que representa un 82% del salario mínimo legal en Argentina, actualmente situado en los 202,800 pesos (232 dólares), coloca a muchos jubilados en una situación de gran vulnerabilidad económica.

A pesar de los intentos legislativos para garantizar un nivel mínimo de ingresos para los jubilados, la realidad es que muchos trabajadores se ven obligados a seguir trabajando después de alcanzar la edad de retiro.

De acuerdo a datos oficiales correspondientes al cuarto trimestre de 2023, sobre un total de 19 millones de personas ocupadas (formal e informalmente) dentro de la población urbana de Argentina, un 4.4 % eran mayores de 65 años.

En Brasil se duplicaron los pensionistas que trabajan

Con una pensión mínima que apenas supera el salario mínimo, y un aumento en la población de adultos mayores que aún están en la fuerza laboral, el desafío de garantizar una jubilación digna es evidente.

En Brasil el salario mínimo es de 1,412 reales (unos 274 dólares), valor que marca la pensión mínima y que percibe un 64% de los pensionistas.

Aunque no hay estadísticas exactas del número de pensionistas que trabajan en el país, según datos oficiales, en 2023 había 7.4 millones de brasileños de 60 años o más que continuaban trabajando, lo que supone el doble que hace una década, y un 12% más que el año anterior.

Chile, el inventor de la capitalización individual

En Chile, el sistema de pensiones establecido en 1980, durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), enfrenta críticas por no garantizar retiros dignos. Este sistema se basa en la capitalización individual, en la que los trabajadores aportan mensualmente un 10% de su sueldo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Sin embargo, las pensiones resultantes son insuficientes, con cifras que frecuentemente se sitúan por debajo del sueldo mínimo del país, que es de 470,000 pesos (unos 531 dólares).

Este problema se agrava debido a las características del mercado laboral chileno, marcado por la inestabilidad y los bajos salarios.

La falta de estabilidad laboral genera lo que se conoce como “lagunas previsionales”, períodos en los cuales los trabajadores no cotizan y, por ende, no ahorran lo suficiente para su jubilación.

Además, los bajos sueldos limitan su capacidad de ahorro, especialmente de las mujeres, quienes enfrentan discriminación salarial y dificultades adicionales para acceder a empleos estables y bien remunerados.

Esta situación lleva a una alta proporción de personas a continuar trabajando incluso después de alcanzar la edad de jubilación.

EFE