Y ahora, militares decidirán sobre ciencia y su presupuesto

Manejo del presupuesto, expedición del reglamento de becas y del Sistema de Investigadores,  asignación de temas de investigación, selección de temas de posgrado, así como crear y desintegrar Centros Públicos, son solo algunas de las facultades que tendrán la secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y Marina (SEMAR) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT); organismo que reemplazará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) según la Ley de Ciencia y Tecnología aprobada el pasado miércoles en fast-track por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la iniciativa, la nueva dependencia tendrá una Junta de Gobierno integrada por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Marina, y de Salud.

En la ley actual no se contempla a las Fuerzas Armadas dentro de la Junta.

Los representantes de estas secretarías tendrán voz y voto en las sesiones de la Junta. En contraparte, las voces académicas y científicas no tendrán voto en las desiciones del organismo público, además de que solo serán escuchadas mediante invitación de la propia Junta de Gobierno.

Así, las Fuerzas Armadas tendrán mayor peso en las decisiones del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que ciudadanos y ciudadanas de la comunidad científica.

“A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz, pero sin voto, a las personas servidoras públicas, académicas, humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras y, en general, a cualquiera que, por sus conocimientos y experiencia, se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno”, estipula la iniciativa aprobada. Y agrega que se invitará a un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que participe con voz y sin voto. 

Mientras tanto, a los representantes de las secretarías federales no se les obligará a contar con antecedentes o actividades científicas, ya que, estás serán “preferentemente las que tengan entre sus funciones promover la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la dependencia de que se trate”.

Además, el texto original de la iniciativa dice que la presidenta o presidente de la Junta de Gobierno invitará “a seis representantes de la comunidad y de los sectores social y privado” a formar parte del órgano con voz y voto.

Esto fue modificado, según el boletín oficial de la Cámara de Diputados. “La persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional, a partir de las propuestas que realice la persona Coordinadora del Órgano Interno Consultivo, invitará a formar parte de la Junta de Gobierno, con voz y voto, a ocho representantes de la comunidad y de los sectores social y privado, quienes contarán con un suplente. Las invitaciones se realizarán conforme a criterios de paridad de género, equilibrio regional y equidad institucional y sectorial, y se renovarán al menos cada dos años para garantizar el carácter plural e incluyente de la Junta de Gobierno”, dice ahora este apartado.

Conacyt apoya Ley de Ciencia, mientras investigadores la reprueban

Con posicionamientos encontrados, políticos, instituciones y científicos reaccionaron a la aprobación en lo general en la Cámara de Diputados del dictamen que expide la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Mientras que algunos celebraron la reforma, que pasó al Senado de la República para su análisis y discusión, otros la reprobaron porque advirtieron sobre el impacto que podría tener para el desarrollo de la ciencia en el país.

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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien ha sido un férreo defensor de la propuesta, estuvo entre los primeros en pronunciarse al respecto. A través de Twitter, calificó la aprobación en San Lázaro como un “triunfo histórico” para “consolidar y reivindicar el carácter humanista de la política científica y tecnológica del país”.

Sin embargo, la aprobación no fue recibida con buenos ojos por otros miembros del gremio. La investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Alma Maldonado, afirmó que este miércoles fue un “día penoso para la comunidad científica mexicana”.