“Algo pasa en el bosque”, artículo de Raúl Benet

México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, pero la biodiversidad mexicana es muy especial: además de tener una riqueza muy alta de especies, en nuestro país existe una altísima cantidad de ecosistemas diferentes. A diferencia de lo que ocurre en otros países mega diversos, en México, cuando comparamos la diversidad y composición de especies de un sitio determinado con la de un sitio cercano, encontramos grandes diferencias. A este tipo de biodiversidad que cambia significativa y continuamente de un lugar a otro, se le conoce como ‘diversidad beta’, o diversidad de ecosistemas. Cuando se considera la diversidad de ecosistemas, México aparece entre los cinco países más biodiversos del mundo. Esto tiene implicaciones interesantes para el manejo y la conservación de la biodiversidad. El establecimiento de áreas naturales protegidas puede proteger a las especies que habitan en una determinada área, pero en un país donde los ecosistemas cambian continua y significativamente formando mosaicos abigarrados a lo largo de todo el territorio, el establecimiento de áreas naturales protegidas no es una opción suficiente, y menos aún si se considera que una gran parte de esos territorios está habitada por poblaciones que tienen derechos, usos, costumbres, anhelos, capacidades y necesidades. Los esfuerzos y estrategias de conservación deben centrarse en el manejo integrado de un mosaico complejo de pequeñas regiones habitadas.

Otra particularidad de México en términos de su biodiversidad, es el hecho de que diversas culturas indígenas han habitado estos territorios de manera ininterrumpida desde hace varios miles de años. Según el censo de población y vivienda 2010, la población indígena en México es de 15.7 millones de personas que pertenecen a cerca de 67 grupos indígenas. En todos los estados del país hay población indígena, y hay algunos estados en donde más de la mitad de la población es indígena. La mayoría de las comunidades indígenas se asienta en regiones forestales ricas en biodiversidad. A lo largo de los siglos, y mediante su interacción y manejo, las comunidades han conformado de manera importante el entorno natural. Esto ha provocado una inmensa diversidad de variedades y especies utilizadas para todas las actividades humanas, y particularmente la alimentación. Como resultado de esta interacción y manejo del territorio por parte de las comunidades, Mesoamérica es uno de los grandes centros de origen y diversificación de las plantas cultivadas y los alimentos del mundo. La diversidad de variedades de alimentos como el maíz y frijol constituyen una fracción muy significativa de la base alimentaria del planeta, además de que esta región es centro de origen y diversificación de una cantidad importante de granos, cereales, frutas y hortalizas (calabaza, amaranto, aguacate, tomate, chile, etc.). Otro de los acervos importantes de México en materia de biodiversidad de los bosques y comunidades es el de las plantas medicinales. Existen más de tres mil especies de plantas que se usan o se han usado con fines medicinales. El territorio mesoamericano es el reservorio natural de la diversidad genética de estas y muchas otras especies que tienen importancia mundial.

En el ámbito de la producción forestal, la biodiversidad de México también destaca por diversos motivos. En primer lugar, más de la mitad del territorio está cubierta por selvas y bosques. Tenemos diversas formas de selva húmeda, de selva seca, de matorral, de bosque templado, de bosque mesófilo de montaña, además de los manglares y muchos otros ecosistemas catalogados como forestales. La riqueza de especies forestales de México es particularmente notable. México cuenta con cerca de cien especies de coníferas, y muchas más de encino en los bosques templados, que lo hacen el país más diverso del mundo en cuanto a estos géneros. Las selvas del sur y sureste de México tienen cientos de especies de árboles, la mayoría utilizadas de una manera u otra por las comunidades locales que habitan y poseen esos territorios, y algunas con un valor importante en el mercado. Además de las especies maderables, en México existen cerca de mil especies que se consideran como productos forestales no maderables (PFNM). El Doctor José Sarukhán, director de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), ha señalado en diversas ocasiones que México, más que un país agrícola, es un país forestal.

No sería posible explicar toda esta biodiversidad si no se considera el papel que han jugado las comunidades en su gestación, y el papel que juegan actualmente en su manejo y conservación.

Organizaciones y redes de grupos indígenas, como la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, exigen que se tome en cuenta el derecho de las comunidades a poseer de manera legal y plena su territorio, y que se respete su derecho a determinar de manera autónoma las decisiones relativas al manejo y conservación de dichos territorios. Sostienen que es equivocada la noción de que los gobiernos centrales pueden conservar la biodiversidad y los bienes ambientales a través del establecimiento prohibicionista de áreas naturales protegidas y de la imposición de pesadas obligaciones regulatorias, y plantean que la única forma de conservar la biodiversidad en esos territorios es reconociendo los derechos y los conocimientos de las comunidades indígenas y respaldándolas para que hagan un manejo sustentable de sus territorios.

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce ‘El derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia, a la autonomía, para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, y a acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan’.

El Convenio de Diversidad Biológica establece en su artículo 8, fracción J, que cada país miembro ‘respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.’

La Convención de Diversidad Biológica ha acordado 20 metas vinculantes, llamadas Metas de Aichi (por la ciudad japonesa donde se llevó a cabo el acuerdo) que relacionan la biodiversidad con los objetivos de desarrollo. La mayor parte de estas metas de Aichi están relacionadas con el manejo de los bosques por parte de las comunidades. Por ejemplo, la meta 18 establece que “se respetarán los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes, para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como el uso consuetudinario de los recursos biológicos. Este respeto se integrará plenamente y estará reflejado en la aplicación del Convenio a través de la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos los niveles pertinentes”. Estas metas, como parte de un Convenio ratificado por nuestro país, tiene carácter de cumplimiento obligatorio.

Además, nuestro país firmó, ratificó y promulgó como instrumento vinculante el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas. El convenio establece en su artículo 7 que ‘Los pueblos deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera’. A partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y sus garantías, llevadas a cabo en el año 2011, en nuestro país tanto este Convenio de la OIT como el de Diversidad Biológica son de observancia obligatoria para todos los niveles de gobierno.

Existe abundante evidencia científica y empírica que muestra que la cobertura forestal y los atributos ambientales, incluyendo la biodiversidad, la infiltración de agua y la captura de carbono, se encuentran en un mejor estado en los ejidos y comunidades que hacen un aprovechamiento activo de sus bosques, cuando se les compara con el estado en el que se encuentran áreas que por algún motivo se encuentran sustraídas al manejo, como algunas Áreas Naturales Protegidas que carecen de programas de aprovechamiento activo. Los motivos que explican por qué resulta más efectivo el manejo comunitario que una política de prohibición conservacionista son bastante sencillos. Las actividades de sanidad, manejo del fuego, vigilancia, cuidado, protección y restauración necesarias para que un bosque se conserve sano tienen un costo y requieren de participación de una gran cantidad de personas que tengan un interés y capacidad para el cuidado y vigilancia del bosque. Y las personas que habitan en los territorios tienen necesidades y son quienes conocen y viven del territorio. Adicionalmente, el gobierno mexicano, como muchos otros, carece de la capacidad real de ejercer una vigilancia efectiva sobre los extensos territorios forestales, y para empeorar las cosas existe una inmensa corrupción. Entonces hay pocas opciones: si el bosque no rinde beneficios es muy posible que se abandone, lo que implica que se quemará, se plagará, se talará de manera perjudicial, o bien el bosque será sustituido por tierras que tengan otro valor productivo, como la ganadería, que en la mayor parte del país es la principal causa de deforestación.

El gobierno ha diseñado mecanismos para tratar de compensar el costo de la conservación mediante un ‘pago por el costo de oportunidad’, consistente en un sistema de subsidios conocido como Pago por Servicios Ambientales (PSA), que premia la inacción. La idea que subyace en ese esquema es que si se mantiene intocado el bosque se conservará, y si se aprovecha, se deteriorará. Por eso hay que pagar para no tocar el bosque. Sin embargo, este esquema de subsidios no sólo no contribuye al fortalecimiento de capacidades y a la instalación y desarrollo de opciones económicas y empresariales para los miembros de la comunidad, sino que confina a las comunidades a una dependencia y a una pobreza creciente, que es completamente insostenible e injusta, y que a su vez genera abandono, deterioro y deforestación. La política de conservación basada en subsidios o pagos por no hacer nada ha resultado un fracaso para los dos objetivos que pretende abordar: la conservación de los bosques y el bienestar de las comunidades. Muchas áreas protegidas están más deterioradas que las regiones aledañas bajo manejo, y la gente que las habita carece de opciones productivas.

Las comunidades que durante muchos años han tenido planes de manejo forestal y empresas forestales comunitarias, invierten sistemáticamente en el bienestar de sus bosques. Dentro de los planes de manejo, que es un requisito legal indispensable para hacer aprovechamiento forestal, invariablemente existen atributos de valor especial o zonas que son destinadas a la conservación, además de que se establecen compromisos de restauración, atención a plagas e incendios, vigilancia, etc. En estos casos, las comunidades tienen recursos y estímulos para invertir en el cuidado de sus bosques. En México existen cerca de mil empresas forestales comunitarias, y cada día más de ellas cuentan con certificación de buen manejo forestal bajo los mismos estándares de cuidado que se observan en países como Suecia, Finlandia o Dinamarca, por mencionar algunos ejemplos. En México hay más de novecientas mil hectáreas de bosque que cuentan con certificación del Forestry Stewardship Council, FSC, el estándar más alto a nivel mundial para la certificación del manejo forestal sustentable. Además existe un sistema nacional conocido como Norma Forestal Mexicana y está a punto de entrar en funciones un Sistema Nacional de Certificación Forestal. Muchas de las comunidades forestales aún están lejos de cumplir con todos estos estándares y buenas prácticas, pero están en proceso de lograrlo.

Además de producir madera, las comunidades y ejidos que habitan y manejan sustentablemente los territorios forestales conservan y producen miel, pimienta, carbón, café, resinas, ocote, cacao, mezcal, fibras, plantas medicinales, semillas, hongos y un sinnúmero de productos que conforman una parte sustantiva de la biodiversidad.

Por todo lo anterior existe un sólido fundamento histórico, legal y funcional que sustenta la noción de que la mejor forma de conservar la biodiversidad y contribuir a mejorar las condiciones en las que viven las poblaciones rurales, es mediante el manejo activo de sus bosques y selvas. La nueva ley para bosques que se encuentra en revisión en la Comisión de Medio Ambiente de la cámara de diputados es una oportunidad para reconocer y fomentar el manejo forestal comunitario como instrumento de conservación y desarrollo.

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