El largo camino al gobierno abierto
“A nivel de diseño institucional y capacidad presupuestal se ha pensado que la Ciudad de México es uno de los referentes en transparencia y gobierno abierto. Esta investigación tira por la borda esa percepción”: Ernesto Villanueva.
El gobierno abierto es una mezcla de transparencia proactiva, amigabilidad de la disposición de la información e incentivo para hacer de la participación ciudadana una realidad. En México los avances legales en esta materia han sido inversamente proporcionales al ejercicio efectivo del derecho a saber.
El Mtro. Víctor Manuel Sánchez Valdés de la Universidad Autónoma de Coahuila ha dirigido el proyecto para medir las estrategias del gobierno abierto en 204 municipios, 200 de ellos, los más poblados del país (de acuerdo a los datos del INEGI) y 4 más para tener al menos 2 de cada estado de la República. El Mtro. Sánchez es parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad de Coahuila donde de la periferia al centro se llevó a cabo este amplio, acucioso y complejo trabajo. Ya no es el centro, la Ciudad de México, el espacio paradigmático donde se genera todo el conocimiento sobre las más distintas materias. Así lo pone en evidencia este análisis.
El ranking preparado por el Mtro. Sánchez Valdés y su equipo de trabajo debieron crear, de entrada, parámetros para medir las estrategias de gobierno abierto, una tarea más compleja y difícil que el check list de las leyes para verificar si se cumple o no con las obligaciones en materia de transparencia y derecho de acceso a la información a petición de parte. Es, pues, un punto significativo de partida que es agradecible para seguir en esa ruta y ¿por qué no? agregar nuevos elementos a esta investigación pionera.
La investigación califica con 7 indicadores del 0 al 100. Se reitera en la investigación que el estándar de 100 no es muy alto, sino de “las características mínimas”. Para sorpresa mía el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es donde el ayuntamiento tiene la mejor calificación con 91 puntos. Le siguen Tlaquepaque (86 puntos), Aguascalientes (79), Guadalajara (77), Torreón (76) y Puebla (75), Puerto Vallarta (75), Reynosa (71), Veracruz (71) y Saltillo (70). Estos 10 municipios encabezan la lista de honor. Es de llamar la atención que la hipótesis de que a mayor presupuesto mayor transparencia y gobierno abierto es falsa.
Por el contrario, la lista del deshonor la encabeza Apizaco con 0 puntos. Y ahí le siguen Tantoyuca (0 puntos), Hidalgo del Parral (0 puntos), Fresnillo (0 puntos), San Felipe del Progreso (3 puntos), Victoria (3 puntos), Macuspana (5 puntos), Cuauhtémoc (5 puntos), Valle de Chalco (5 puntos) y San Felipe (8 puntos).
De acuerdo a este estudio el promedio es poco más de 25 puntos sobre 100; en otras palabras, persiste una calificación de 2.5 sobre 10, reprobatoria bajo cualquier punto de vista. Uno de los hallazgos de este análisis es que en Jalisco se concentran las mejores calificaciones.
A nivel de diseño institucional y capacidad presupuestal se ha pensado que la Ciudad de México es uno de los referentes en transparencia y gobierno abierto. Esta investigación tira por la borda esa percepción, habida cuenta que en las delegaciones de la capital del país la calificación promedio es de 25 puntos. Las delegaciones mejor evaluadas fueron Iztacalco (38), Xochimilco (38 puntos), Iztapalapa (35 puntos) y Azcapotzalco (35 puntos). Por el contrario, las peor calificadas fueron Coyoacán (19 puntos) y Magdalena Contreras (22 puntos). La diferencia entre las delegaciones mejor evaluadas y aquellas ubicadas en el último sitio no es muy grande. En ambos rubros la calificación es reprobatoria.
El reporte del Mtro. Sánchez Valdés atribuye a los municipios mejor evaluados la participación de la organización de la sociedad civil Ciudadanos por Municipios Transparentes, se entiende, por supuesto, porque también hubo voluntad política de transparentar por parte de sus autoridades que es – y lo seguirá siendo por un largo tiempo- la excepción a la regla. Es plausible que las universidades públicas como la Autónoma de Coahuila no se concentren en estudios en abstracto, sino en investigación aplicada de interés público que urge reproducir en el país.