Bajo mando operativo militar, más facultades a la Guardia Nacional

El pasado viernes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un acuerdo adoptado el 25 de agosto, por el que se le asigna a la Guardia Nacional la función de Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso.

Esto significa que las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva serán vigiladas por la GN, a través de la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia. La GN proporcionará a las partes “información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso”.

También ejecutará las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 177 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el ámbito de sus atribuciones.

Dicho artículo establece como funciones de supervisión y seguimiento a las medidas cautelares impuestas, cuando no existe prisión preventiva: entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta y canalizarlos, en su caso, a la autoridad correspondiente; realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado,  para verificar su localización; requerir que el imputado proporcione muestras, sin previo aviso, para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas, o el resultado del examen de las mismas en su caso; supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado, cumplan con estas obligaciones.

Igualmente tiene como funciones: solicitar al imputado la información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las medidas y obligaciones impuestas; revisar y sugerir el cambio de condiciones de las medidas impuestas -ya sea de oficio o a solicitud de parte-, si se modifican las circunstancias originales por las que se adoptaron; informar de las violaciones a las medidas que estén verificadas y puedan implicar su modificación o revocación; conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y obligaciones impuestas, su seguimiento y conclusión; solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares de la Federación o de Entidades federativas; canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia, públicos o privados, en materias de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico, cuando la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso así lo requiera.

Para esto, la GN contará con recursos propios y con aquellos transferidos de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de la Policía Federal, por lo que no implicará la creación de nuevas plazas presupuestales.

Este acuerdo está publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, aunque solo aparece rubricado por el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, comisario de la Guardia Nacional.

Papel de Fuerzas Armadas en seguridad, a debate

La detención del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el inminente relevo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana -dada la candidatura de Alfonso Durazo al gobierno de Sonora-, entre otros elementos, han regresado a la discusión pública el papel de las fuerzas armadas en la gestión de la seguridad pública.

El 8 mayo de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que se publicó el día 11 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que instruyó a las Fuerzas Armadas a “participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años”, es decir, hasta marzo de 2024.

En ese Decreto, el presidente señaló que las Fuerzas Armadas se regirían en todo momento por la “estricta observancia y respeto a los derechos humanos” e indicó al secretario Alfonso Durazo que debía de coordinarse con los titulares de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que la Fuerza Armada permanente complementara la función de la Guardia Nacional (GN). Varios medios, políticos y activistas bautizaron este Decreto como “acuerdo militarista”.

El pasado 9 de octubre, el portal Campo Marte reveló que desde el día 6 de este mes, la GN dejó de estar bajo la coordinación operativa de Durazo y que ésta pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El periodista Jorge Medellín detalló que un comunicado interno de la Sedena estableció que a partir de esa fecha “la coordinación operativa de la corporación depende de los comandantes de las doce regiones militares del país” y que los coordinadores regionales de la GN deben “informar sus novedades por conducto de los comandantes de Región Militar”.

Unos días después, Medellín publicó en La Silla Rota fragmentos del documento ‘Propuestas para el control operativo de la GN por la SEDENA’, presumiblemente elaborado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) y en el que se propone la creación de las secciones de Investigación e Inteligencia en cada unidad de la GN, para “atender sus necesidades y no las de la Fiscalía General de la República”. Con esto, señala el reportero, la GN ejerce “de lleno las funciones policiales de investigación de delitos que antes eran exclusivas del Ministerio Público Federal” (14/10/2020).

El viernes 16 de octubre, Alejandro Hope, quien fuera directivo del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante el sexenio de Felipe Calderón y asesor de seguridad de Margarita Zavala en la campaña presidencial de 2018, difundió en su cuenta de Twitter la copia de un oficio firmado por el actual titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, dirigido al secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán.

En el documento, firmado el 8 de octubre, se puede leer: “En relación con la instrucción del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza control operativo de la Guardia Nacional, adjunto a la presente, remito a usted un cuadernillo que contiene la presentación que se expuso al titular del Ejecutivo Federal el pasado 6 de octubre de 2020 en el seno de la reunión del Gabinete de Seguridad. En dicha sesión el Presidente de la República autorizó la totalidad de las propuestas para el control operativo de la Guardia Nacional, incluidas en dicho cuadernillo”.

Se consumó el fraude a la ley: la Guardia Nacional queda bajo el control operativo de la SEDENA. pic.twitter.com/r0QvfUeN0M

— Alejandro Hope (@ahope71) October 16, 2020

Este sábado, el reportero Arturo Ramos publicó en Crónica el nuevo organigrama de la GN, en el que “ahora el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no manda a nadie dentro de la Guardia, sino que se integra al grupo de enlace interinstitucional, es decir, será sólo parte de una junta que además está por debajo del mando del Secretario de la Defensa Nacional y cuya función es tangencial. El verdadero mando operativo es ya sólo de militares: el general secretario, el comandante de la guardia nacional y todas las unidades en las que la cabeza es también un soldado”.

Amparos revelan concentración de poder militar en la Guardia Nacional

La organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) obtuvo el 8 de octubre un amparo contra el llamado “acuerdo militarista” publicado en el DOF el 11 de mayo. Se trata del amparo indirecto 588/2020, otorgado por el juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez.

En este se establece que, si bien el presidente tiene competencia para autorizar a las Fuerzas Armadas a intervenir en determinadas tareas de seguridad interior en tiempos de paz, “será necesario que en las operaciones en las que intervengan estén subordinadas a las autoridades civiles”. En ese contexto, el juzgador federal observa “que a toda persona dentro del Estado le asiste el derecho subjetivo o el interés legítimo de que cualquier acto de privación o molestia que se lleve a cabo en tiempos de paz, se realice por autoridades civiles y no por autoridad militar alguna”.

Sin embargo, este amparo contra el acuerdo presidencial solo protege a la parte que lo promovió, es decir, a MUCD.

El 19 de octubre, el periodista Arturo Ángel dio a conocer que desde su creación, la Guardia Nacional ha estado bajo mando militar. Lo anterior, se desprende de una demanda de amparo presentada por una Mayor del Ejército, que ocupaba el cargo de Directora de Vinculación Ciudadana de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el reporte, publicado por el portal Animal Político, la funcionaria “fue removida de su cargo y enviada como fiscal militar a Reynosa, Tamaulipas, por orden de la Sedena. Esto, luego de que se inconformara por la participación de una unidad de militares en la atención de una víctima de efectivos de la Guardia Nacional”.

Según la demanda “dichos mandos militares pueden decidir, de un día para otro, quién permanece en la Guardia o quién es regresado a otra área de las fuerzas armadas, sin intervención civil de por medio. De hecho, es la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que interviene en los nombramientos y hasta en la atención a víctimas de la propia GN”.

El reportero señala que estos mandos militares están encabezados por el general Brigadier Diplomado de Estado Mayor Inocente Prado López, Comisario Jefe titular de la Jefatura General de Coordinación Policial de la Guardia Nacional y, al mismo tiempo, Comandante de la Policía Militar de la Sedena.

El medio precisa que el amparo “fue admitido por el juez federal Víctor Luna Escobedo, adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa con sede en Ciudad de México, bajo la causa 694/2020, y se encuentra en análisis”.

A mediados de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo del policía Edgar Lomelí Amaya sobre su traslado a la GN para que se le respetaran las condiciones con las que contaba en la Policía Federal (PF). Esto, dado que solo a los policías militares y navales se les respetaron sus rangos, grados, prestaciones y antigüedad.

El juez Francisco Javier Rebolledo otorgó el amparo al policía por considerar que existe un trato diferente para quienes se integran en la GN provenientes de la PF, respecto de quienes provienen del Ejército y la Marina. El máximo tribunal aceptó revisar el amparo, dado que la Ley de la Guardia Nacional es omisa en cuanto a los beneficios y prestaciones de los exintegrantes de la PF.

Relevo de Alfonso Durazo, ¿civil o militar?

La intención de Alfonso Durazo de contender por la gubernatura de Sonora, implicará su salida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) antes de que finalice octubre. En diversos medios se ha cuestionado si su relevo será civil o militar, dado el nuevo papel de la Sedena como mando operativo de la Guardia Nacional.

El pasado jueves, el saliente Durazo aseguró que “la estrategia de seguridad es ya un acierto y va a ir mejorando sus resultados de manera progresiva, en la medida que la Guardia Nacional continúe su proceso de crecimiento cualitativo y cuantitativo, que la Guardia no se contamine de los vicios históricos de la corrupción que marcaron a los cuerpos de seguridad pública y que continúe su proceso de crecimiento cuantitativo”.

El día previo, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó en la conferencia matutina del presidente López Obrador que 47 mil 406 elementos de este cuerpo fueron sometidos al examen de control de confianza, de los cuales aprobaron 14 mil 99 elementos de Sedena, 5 mil 704 de Semar, 27 mil 269 de la extinta Policía Federal y 334 de reciente ingreso.

Uno de los nombres que se mencionaron para suceder a Durazo fue el de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El 15 de octubre, la periodista Anabel Hernández publicó una investigación especial en Aristegui Noticias titulada Omar García Harfuch: El expediente secreto.

En el reportaje, Hernández señala que el actual funcionario capitalino reprobó exámenes de confianza cuando perteneció a la Policía Federal, a la que llegó gracias a Luis Cárdenas Palomino, actualmente prófugo de la justicia por acusaciones de tortura y uno de los hombres cercanos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso actualmente en Nueva York.

García Hafuch fue sometido por lo menos en tres ocasiones al polígrafo. En todas ellas, a la pregunta: “¿Mantienes compromisos con la delincuencia organizada?”, registró “reacciones significativas de falta de veracidad”, según quedó asentado en los informes correspondientes.

El martes de la semana pasada, el comunicador Vicente Serrano del programa Sin Censura preguntó al presidente sobre García Garfuch como posible sucesor de Durazo y aludió a la investigación publicada en Aristegui Noticias.

El mandatario respondió que en el gobierno federal tienen mucho cuidado en la selección de quienes ayudan a garantizar la paz y tranquilidad en el país y que buscará que “si Durazo decide irse”, quien lo sustituya sea una persona íntegra, honesta y limpia que garantice una muy buena coordinación del gabinete de seguridad.