Caso Ayotzinapa no puede cerrarse hasta conocer la verdad: GIEI a su salida de México

Ángela Buitrago y Carlos Beristain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), concluyeron su trabajo sobre la investigación del caso Ayotzinapa, ante la imposibilidad de avanzar más por la opacidad de las autoridades, principalmente las Fuerzas Armadas. 

Este 25 de julio, tras ocho años de trabajo en el país, los expertos entregaron su sexto y último informe sobre lo ocurrido la madrugada del 26 de septiembre de 2014 con los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, y remarcaron la insistencia por parte de las Fuerzas Armadas en ocultar cosas “obvias”, situación que provocó que el grupo de expertos llegara a su límite.

Antes de partir, Buitrago y Beristain insistieron en que el caso Ayotzinapa no puede cerrarse hasta conocer la verdad sobre el destino de los 43 jóvenes desaparecidos.

“Nuestros informes, siempre hemos dicho, son una herramienta para seguir. Ayer tuvimos una reunión con los papás y mamás y dijimos: ‘El caso No termina aquí. No termina porque nosotros nos vamos, aquí están sus representantes, aquí está el informe Estas son las herramientas. No se puede cerrar, este es el camino que queda es una nueva etapa'”, destacó Carlos Beristain.

El experto reconoció que si las Fuerzas Armadas no se hubieran negado a entregar la información pertinente, el caso estaría más avanzado, lo que habría permitido explorar toda la información disponible para dar una respuesta a los familiares de los 43 estudiantes.

“Se tiene que dar ese acceso a esa información“, insistió.

“No solamente la necesitamos nosotros, la necesitan los representantes, los padres, las madres y la necesita el país para poder esclarecer un caso que no solamente es un caso para un grupo determinado, es un caso que toca aspectos estructurales del funcionamiento de las instituciones y aspectos estructurales de la impunidad en el país“.

Beristain resaltó que el caso Ayotzinapa exhibió un modus operandi de una buena parte del aparato del Estado para casos como este. Sin embargo, explicó que lo avanzado es también una “palanca de cambio”, una oportunidad para México de tener una resolución efectiva.

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En tanto, Ángela Buitrago resaltó que la resolución del caso es una expectativa que debe atenderse por parte del Estado mexicano y las instituciones.

“Las instituciones que deben asumir la función real de investigar y juzgar y que deben en este momento ponerse en los hombros la tarea fundamental de entender que la justicia es la razón de ser de una sociedad en orden y que la impunidad se genera por la no existencia de justicia“, dijo.

“Así que la expectativa la mantenemos y no claudicamos en ella“, agregó.

El 29 de septiembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, dio la orden al Ejército de abrir los archivos necesarios para avanzar en la investigación del caso Ayotzinapa.

En aquel entonces, los expertos destacaron que luego de la orden se obtuvieron “partes de textos de documentos transcritos por los sistemas de inteligencia de los batallones 27, de la 35 Zona Militar, del Batallón 41, 50 y de la región central México DN-1 que pertenecía la Secretaría de la Defensa (Nacional)”.

En el informe de este martes, los expertos revelaron que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) estuvieron presentes en los dos puntos donde desaparecieron los 43 estudiantes. 

Esto pudieron establecerlo gracias a la elaboración de un mapa de localización de comunicaciones que, según las antenas que recibieron señal de celulares, ubica a las personas que estuvieron en las zonas de movimiento aquella noche del 26 al 27 de septiembre.

Además, concluyeron que los jóvenes fueron divididos en tres grupos y que después de eso, según declaraciones, habrían sido repartidos en otros grupos que “no fueron llevados a un mismo lugar”.

La información sobre los lugares todavía no está clara y se contemplan varias posibilidades -cada vez más cercadas-, pero detallaron que existe un mensaje cifrado de Sedena que contiene información sobre 11 detenidos.

Al respecto, Carlos Beristain reconoció que hubo voluntad presidencial para la apertura de archivos; sin embargo, durante meses se toparon con desinformación y obstáculos para poder acceder realmente a esos archivos.

Sobre el camino que podría seguir el caso, los expertos fueron cuestionados sobre la posibilidad de que el caso escale a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, Buitrago destacó que esta clase de violencia son delitos de orden internacional. Sin embargo, no depende del GIEI llevar el tema a la corte, si no a los familiares y a sus representantes.

“Esa clase de delitos no quedan restringidos a la decisión de un Estado de investigar o no, si no a la convicción de las de los demás países y Estados de investigar esta clase de comportamientos”, aseveró.

Agregó que: “La desaparición forzada, la tortura, los delitos de lesa humanidad son delitos que pueden concurrir a la órbita internacional bien regional o bien a la Corte Penal Internacional. Pero esa no es una decisión del GIEI y ni es una posición que pueda asumir el GIEI, eso les compete a los padres y a los representantes”.

Respecto al supuesto informe que debería entregar la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, los expertos del GIEI destacaron que a una semana de dejar el caso, no tienen noticias sobre dicha información. Adelantaron que el 26 de julio tendrán una reunión con representantes y esperan que haya noticias al respecto.