Impunidad en el Instituto Nacional de Migración | Artículo de Ana Lorena Delgadillo

Por: Ana Lorena Delgadillo Pérez

“Me lo quemaron todo, a mi hijito, una quiere tanto a sus niños, y mire, tener un hijo para que me lo quemen”. Con esas palabras Alma Delia Murillo recoge el relato de la madre de José Amilcar Portillo Solórzano en el portal Bajo la Bota, donde otros periodistas y escritores dan voz a víctimas y sobrevivientes del incendio ocurrido en la Enstancia Provisional Migratoria de Ciudad Juarez, hace un año. 

Mientras las investigaciones sobre el incendio siguen su curso, quien era titular cuando ocurrió el incendio, sigue en su cargo y “duerme tranquilo”. ¿Cómo es que se mantiene en el cargo una persona bajo cuya administración se han registrado al menos 14 incendios? En cualquier país con mínimos contrapesos y mecanismos de control ya se le hubiera al menos destituido e investigado. No en México. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un día después de haber ocurrido el incendio, al ser cuestionado sobre si destituiría al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, respondió: “Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento”. El momento no ha llegado. 

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Según lo documentado en el informe “No nos dejen morir aquí” los hallazgos reportan que hubo una clara decisión de no abrir la puerta para que las personas pudieran salvarse del fuego. También lo muestra La Verdad de Juárez, en su reportaje donde se escucha decir a una de las guardias: “no, no les vamos (inaudible)… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes”.

A Garduño lo protege un sistema cómplice y corrupto. Más allá de que el INM es una de las instituciones que más quejas tiene en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por los 14 incendios bajo su administración, no ha tenido ninguna consecuencia.  De acuerdo con el citado informe, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) han sido parte de las instituciones que de alguna manera han apoyado o protegido a Garduño. 

Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGR, hasta donde pudo, obstaculizó el acceso a la carpeta de investigación a las organizaciones representantes de las víctimas. Todo tenía un fin: avanzar en la investigación para que la acusación contra Garduño fuera débil, parcial y por un delito menor: ejercicio ilícito del servicio público. La investigación a Garduño debía ser por homicidio (comisión por omisión) como habían pedido las organizaciones a la Fiscalía. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas representaba en ese entonces a todas las víctimas; los entonces representantes de las víctimas no pusieron objeción; no ofrecieron peritajes independientes, no hablaron con todas las víctimas ni les informaron sobre sus derechos o el avance del procedimiento. 

La CEAV, violando su propia normatividad, aceptó que el INM se encargara de la atención de las víctimas sobrevivientes e hizo un convenio con INM para reparación del daño: puso a las víctimas en las manos de los victimarios.

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Una vez que los sobrevivientes quisieron cambiar de abogados y nombrar a organizaciones defensoras de derechos humanos, comenzó el asecho y la amenaza de CEAV y FGR contra las víctimas. “Ellos lucran con las víctimas, les van a cobrar”, “Se van a quedar sin el apoyo de la CEAV que es quien repara el daño”, les decían los servidores públicos. La titular Yuriria Rodríguez Estrada nunca quiso recibir a los sobrevivientes; tampoco  ha ido a declarar al Senado ante el Grupo de trabajo que se formó para investigar el incendio. ¿De qué privilegio goza como servidora pública para no someterse a los mecanismos de control y para no dar la cara a las víctimas?

Alrededor del incendio y del INM quedan muchas preguntas aún sin responder. En una nota reciente publicada por El Diario de Chihuahua, se da cuenta de la red de corrupción que envuelve al INM. Una red que, de acuerdo a dicho diario, posiblemente incluiría acuerdos con grupos del crimen organizado, actividades de extorsión a migrantes en su tránsito por México, control de aeropuertos, entre otros. En notas periodísticas se habla también de que desde el INM se “venden las salidas” a los migrantes. Por otra parte en su artículo “¿Tensiones bajo la mesa? AMLO, Biden y la migración”, Tonatiuh Guillen muestra que curiosamente mientras está subiendo el número de detenciones baja el número de repatriaciones, lo cual deja la incógnita de qué es lo que pasa con las personas migrantes que pareciera que son detenidas y no son repatriadas. ¿Qué hay detrás de este sistema corrupto?

Foto: Cuartoscuro | Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM)

Sobre la empresa de seguridad que estaba a cargo de vigilar la Estancia donde ocurrió el incendio, poco sabemos y poco se ha investigado. En la presentación del informe citado estuvo un integrante del Grupo de Trabajo sobre mercenarios de las Naciones Unidas, quien mencionó que en los casos que empresas realizan trabajos de seguridad, es preciso que se investiguen sus actuaciones, respecto de las cuales también toca responsabilidad al Estado, ya que éste debía vigilarla. 

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Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Senado el informe realizado sobre el incendio y las consecuencias para las familias de las víctimas. Este 24 de abril el Grupo Plural de Seguimiento del Senado que analiza los hechos, recomendó la  separación temporal de Francisco Garduño, bajo la protesta de algunos senadores que solicitaban su renuncia. 

Mientras eso sucede, varias de las familias y los sobrevivientes se debaten sin reparación y sin justicia, mientras que en el estado de Chihuahua, la persecución de migrantes no para a pesar de las graves consecuencias que ha traído esta política migratoria que mata. Es un sistema el que protege a Garduño y a un Instituto Nacional de Migración que se debe investigar profundamente.