México no debe ratificar convención de la ONU sobre ciberdelitos, amenaza libertades y derechos: R3D

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), junto con otras organizaciones aliadas, expresó su preocupación por la Convención de Ciberdelitos, un tratado que afirma podría comprometer gravemente las libertades de los usuarios en línea a nivel global.

Desde su participación en las negociaciones de este tratado en 2022, R3D ha advertido sobre los riesgos que implica, especialmente la falta de salvaguardas suficientes para proteger los derechos humanos.

Según la red, el texto adoptado por el Comité Ad Hoc, que será votado próximamente por la Asamblea General de la ONU, pone en peligro las libertades fundamentales al “establecer las condiciones para legitimar abusos por parte de los Estados hacia las personas y hacia otros Estados”.

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Esta preocupación es compartida por diversas organizaciones de la sociedad civil, la industria y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Incluso, Estados Unidos ha declarado que “es poco probable que firme o ratifique [el tratado] a menos que y hasta que vea[n] la aplicación significativa de los derechos humanos y otras protecciones legales por parte de los signatarios de la Convención”.

Entre los varios riesgos críticos asociados con el tratado, R3D señala la “falta de salvaguardas específicas para proteger los derechos humanos”, lo que deja la protección de los individuos a la discreción de los Estados.

Además, el tratado no incluye una perspectiva de género adecuada, limitándose a menciones aisladas sobre asistencia a víctimas y medidas preventivas.

R3D aclara que esta falta de enfoque de género es insuficiente para abordar los efectos negativos que el entorno digital puede tener sobre las mujeres y las personas LGBTIQ+.

Alerta por delitos ‘ciberdependientes’

Otro aspecto destacado por R3D es la inclusión de “delitos que no son ciberdependientes”, lo que implica que el tratado podría criminalizar conductas legítimas de interés público, como el periodismo, la defensa de derechos humanos o la denuncia por parte de alertadores.

Además, advierten que la ampliación del catálogo de delitos con términos ambiguos como “intencionalmente” o “sin autorización” puede dar pie a abusos.

La extensión del catálogo de delitos y la utilización de términos amplios o ambiguos ha sido utilizada por gobiernos y empresas para criminalizar actividades de interés público.

R3D asegura que el tratado también contempla un “alcance amplio que facilita prácticas arbitrarias” y considera que no solo se enfoca en el cibercrimen, sino que también establece medidas procesales en el ámbito penal que podrían aplicarse a cualquier delito relacionado con el uso de tecnologías de la información.

“Esta extensión podría dar lugar a la persecución y vigilancia indiscriminada de civiles por parte de los Estados, lo que representa un riesgo grave para las libertades digitales”, señala el documento.

Por otro lado, denuncia que la Convención facilita amplias facultades de vigilancia tanto a nivel nacional como transfronterizo, lo que podría implicar un aumento en el almacenamiento de datos y el intercambio de información entre países.

R3D advierte que esto podría permitir prácticas como el uso de spyware, una herramienta que ha sido abusada con fines de persecución política.

“Estas disposiciones pueden ser utilizadas para justificar la vigilancia de personas a través del uso de herramientas como el spyware, el cual ha sido ampliamente abusado con fines de persecución política”, afirma la organización.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales insiste en que el texto de la Convención sobre Ciberdelitos “excede su propósito” de combatir el cibercrimen, transformándose en un mecanismo que podría modificar la aplicación general del derecho penal y poner en grave riesgo los derechos humanos.

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La organización hace un llamado a los Estados, en particular a México, para que reconsideren su apoyo a la Convención y no firmen ni ratifiquen el tratado, ya que, según R3D, “dejar las medidas que afectan las libertades fundamentales a la elección de cada Estado sin el establecimiento de protecciones y salvaguardas específicas pone en riesgo a todas las personas y a los Estados que se sujeten a estas disposiciones”.