Corrupción militar impune | Artículo
“Como lo declaró el canciller Ebrard, apostar por la impunidad del general en retiro ‘sería un suicidio'”, escribe Héctor Tajonar.
Por Héctor Tajonar
Resultado de la exitosa negociación diplomática de la cancillería apoyada por la Fiscalía General de la República, la deportación a México del general Salvador Cienfuegos representa uno de los retos más complejos que ha enfrentado el presidente Andrés Manuel López Obrador en los primeros dos años de su gobierno. El desenlace de este trascendente asunto determinará el futuro de la “cuarta transformación” y el destino de su artífice. El desafío implica también una oportunidad histórica.
En un escenario conformado por varios hechos sin precedente, están en juego tres factores de primordial importancia: La relación de López Obrador con las fuerzas armadas, la cooperación bilateral con el gobierno estadounidense en el ámbito del combate al crimen organizado y el ineludible compromiso presidencial de abatir la corrupción y la impunidad cumpliendo a cabalidad el principio de “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, mantra del mandatario.
Más allá de ambigüedades, consultas populares o cualquier tipo de distractores político-electorales, en el proceso judicial al general Cienfuegos -basado en la investigación realizada por las autoridades de justicia de los Estados Unidos, y complementada por la Fiscalía mexicana- la autenticidad de la promesa central de la 4T y la verdadera estatura política de López Obrador se medirán con resultados concretos.
El caso Cienfuegos revelará de manera contundente si el mandatario se acerca a los parámetros que él mismo se ha fijado o si se lanza al basurero de la historia. Como lo declaró el canciller Ebrard, apostar por la impunidad del general en retiro “sería un suicidio”.
La corrupción castrense ha sido tema tabú y secreto a voces desde hace un siglo, no comenzó con el general Salvador Cienfuegos. Tampoco la impunidad de los altos mandos del ejército orquestada desde la presidencia de la República empezó con la estrategia del gobierno de López Obrador para repatriar -y quizá exonerar- al ex secretario de la Defensa Nacional.
La corrupción del Ejército, con el beneplácito y consecuente complicidad presidencial, se remonta a la época posrevolucionaria. Está sintetizada en la multicitada y elocuente frase del presidente Álvaro Obregón: “Ningún general resiste un cañonazo de 50 mil pesos.” Desde entonces, la corrupción militar impune ha sido una realidad que sólo ha variado en la cantidad de ceros de dicha cifra y en la moneda en la que se otorgan los recursos ilegales.
A ello se agrega el mito acerca de la incorruptibilidad de las fuerzas armadas construido desde la presidencia del general Venustiano Carranza, donde paradójicamente nació el verbo “carrancear” como sinónimo de corrupción. La visión idílica del ejército fue mantenida por los sucesores de Carranza en la jefatura del Estado mexicano presidida por militares, desde el general Adolfo de la Huerta (1920), hasta el general Manuel Ávila Camacho (1940-1946).
La transición de la era de los generales a la de los “licenciados”, iniciada con Miguel Alemán Valdés (1946-1952), tuvo como condición inamovible el acceso de los militares de alto rango a fuentes de riqueza, sin excluir los recursos ilegales provenientes de manera progresiva del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Paralelamente, la leyenda de la incorruptibilidad castrense debía respetarse sin cuestionamiento alguno.
En 1947, el primer presidente civil de la posrevolución creó el recién desaparecido Estado Mayor Presidencial para evitar una asonada militar y como parte de un proceso de despolitización formal de los militares. Desde entonces la presencia castrense en el gabinete, las gubernaturas, así como en las cámaras de diputados y senados se redujo progresivamente hasta el mínimo.
No así su poder real e influencia política. Éstos han ido en aumento, sobre todo a raíz de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, que con tanta enjundia criticó el candidato López Obrador por haber sido “un rotundo fracaso”. Como sabemos, esa postura dio un viraje de 180 grados a partir de la toma de posesión de AMLO, y derivó en un proceso de militarización sin precedente en el país. En ese contexto debe analizarse la decisión presidencial de haber solicitado al gobierno de Donald Trump la repatriación del general Cienfuegos.
La relación de López Obrador con las fuerzas armadas ha sido normada por vueltas en U y arbitrariedad. Pasando por encima de la Constitución, ha depositado en los militares la responsabilidad de la seguridad pública y le ha asignado al ejército y a la marina funciones que deberían ser desempeñadas por civiles.
Además de violatorias de artículo 129 constitucional, dichas actividades representan una fuente potencial de corrupción a gran escala oculta tras la opacidad característica de las fuerzas castrenses y cubierta bajo el manto de la incorruptibilidad militar. ¿Estará el ingeniero Rioboó u otros contratistas consentidos de la 4T=AMLO involucrado en algunos de los megaproyectos favoritos del Presidente que gozarán de un aumento presupuestal de 93 por ciento para el año electoral 2021?
La detención de Genaro García Luna en los Estados Unidos es otro elemento esencial de esta historia. Al comentar el proceso contra el ex secretario de Seguridad Pública en Nueva York, el mandatario declaró: “Con todo esto que está saliendo a relucir se puede hablar de un narcoestado porque estaba tomado el gobierno, quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Esto tiene que atenderse para que no se repita nunca jamás. Es un asunto que debe seguirse tratando sin miramientos, sin protección a nadie, sin impunidad” (Mañanera, 10/VIII/2020). Dos días después matizó y habló de narcogobierno en lugar de narcoestado.
El 16 de octubre, tras la detención del general Cienfuegos en Los Ángeles, también aprovechó para culpar al pasado: “Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen y de la degradación de la función pública durante el periodo neoliberal.” Al mismo tiempo hizo un compromiso ineludible que está obligado a cumplir: “Todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en este gobierno en la Sedena, van a ser suspendidos, retirados y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes.”
Al día siguiente la promesa se esfumó. Los altos mandos militares le hicieron saber su inconformidad por la aprehensión de Cienfuegos y su exigencia de restaurar la imagen de las fuerzas armadas trayéndolo a México. Además, se publicaron los nombres de al menos seis colaboradores cercanos del ex secretario de la Defensa que ocupan cargos importantes en la actual estructura del ejército, entre ellos un subsecretario, el oficial mayor y el jefe del Estado Mayor de Sedena (Reforma, 17/X/2020).
Lo que parecía otro regalo celestial se convirtió de pronto en temor e indignación castrense y se valoró entonces que no haber informado al gobierno mexicano de la investigación y aprehensión de Cienfuegos hasta que ésta se concretó, representaba una afrenta a México violatoria de los acuerdos de cooperación bilateral en temas de seguridad. Por esas dos razones, la cancillería y la Fiscalía lograron algo inédito e impensable: el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, le solicitó a la jueza Carol Amon del Distrito Este de Nueva York que se desistiese de la denuncia contra el general Cienfuegos, conservando el derecho de reabrir el caso.
¿Intervino Donald Trump? Será difícil conocer los entretelones de la negociación, pero lo que sí sabemos es que se logró algo totalmente inusual en la relación bilateral y acaso en el sistema de justicia estadounidense: que un presunto responsable de delitos de conspiración internacional para la distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, así como de lavado de recursos procedentes del narcotráfico, fuera liberado y regresado a su país de origen. Ello vulneró no sólo procedimiento judicial sino el Estado de derecho del coloso del norte.
¿A cambio de qué? México hizo sentir su justificado agravio y la necesidad de una confianza recíproca para hacer posible la cooperación en materia de seguridad. El problema ahora es que el gobierno mexicano está obligado a continuar con el proceso judicial contra Cienfuegos cuando, al parecer, la élite del ejército formada en su mayoría por los generales de división diplomados de Estado Mayor se oponen a que Cienfuegos sea juzgado no sólo por defender a un miembro de ese grupo, sino porque muchos más resultarían implicados en el caso.
En consecuencia, el presidente López Obrador y el fiscal Alejandro Gertz enfrentan el dilema de cumplir con la ley “caiga quien caiga” o ceder a la presión militar y convertirse en campeones de la impunidad y en cómplices por omisión de delitos de conspiración internacional por narcotráfico y lavado de dinero, lo cual tendría consecuencias catastróficas en la relación bilateral con Estados Unidos y para la imagen internacional de México. Adicionalmente, la credibilidad que aun conserven la “cuarta transformación” y su líder supremo se derrumbarían por completo.
Por supuesto, debe defenderse la presunción de inocencia del exsecretario de la Defensa. Sin embargo, las imputaciones contra el general deben estar bien sustentadas si se toma en cuenta el tiempo que ha llevado la investigación, el volumen de pruebas recabadas y la profesionalización del sistema de justicia estadounidense. En el juzgado del Distrito Este de Nueva York fue condenado el Chapo Guzmán y está siendo procesado García Luna. Las investigaciones periodísticas sustentadas en pruebas documentales y publicadas por Anabel Hernández en libros y en Aristegui Noticias, confirman la procedencia de las acusaciones contra el general Cienfuegos.
Para intentar resolver el dilema en que se encuentra, el gobierno mexicano está intentando desestimar la investigación y las pruebas enviadas a México a solicitud del fiscal Gertz Manero, como consta en el comunicado firmado por él y William Barr, su contraparte estadounidense. Asimismo, se está fraguando una estrategia para restringir la operación de agencias como la DEA, el FBI, la CIA y el ICE aduciendo falta de confianza, de acuerdo con un reportaje al parecer promovido desde Palacio Nacional (Jesús Esquivel, “Con Estados Unidos se perdió la confianza y ya nada será igual”, Proceso 2299).
Me surgen varias preguntas: ¿No fue ese el argumento esgrimido por México para la repatriación de Cienfuegos? ¿El haberlo logrado no modificó nada? ¿Cómo reaccionará el gobierno de Joe Biden ante el nuevo reclamo mexicano? ¿Qué pensará la opinión pública nacional sobre ello? ¿Se lo creerá o pensará que es un distractor para justificar la impunidad que se planea otorgar al general Cienfuegos?
Si lo que se expone en el reportaje llegara a concretarse y el ex secretario de la Defensa fuera exonerado, yo me inclinaría por la segunda opción, con las consecuencias ya señaladas: el derrumbe definitivo de la credibilidad de la “cuarta transformación” y su líder único.
Se habría perdido la oportunidad histórica de reestructurar a las fuerzas armadas para acabar con la opacidad y el hermetismo característicos de la milicia mexicana, que permiten los abusos de poder, la corrupción a gran escala y la violación de los derechos humanos (como en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y tantos otros), en beneficio de una verdadera transformación, tan anhelada como necesaria. Lo contrario significaría seguir siendo un narcoestado o un narcogobierno, como lo dijo recientemente el propio mandatario.
La frustración ciudadana ante un gobierno incapaz y mendaz sería deplorable y muy profunda. Espero que eso no ocurra y que tanto el presidente López Obrador como los altos mandos militares se den cuenta que la situación actual es ominosa e insostenible. El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas tiene el deber de asumir a cabalidad esa responsabilidad y abatir la corrupción militar impune. De lo contrario, sea por temor, debilidad o complicidad equivaldría a lanzarse por voluntad propia al basurero de la historia. Es el momento de recordar y hacer realidad la frase de Vicente Guerrero: La patria es primero.


