PGR puede detener a Javier Duarte en cualquier momento, resuelve un juez federal

La orden de aprehensión que existe contra el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, puede ser ejecutada por la Procuraduría General de la República (PGR) en caso de que los elementos de esa dependencia localicen al ex priista, determinó un juez federal.

La resolución del Juez  Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, señala que la petición de suspender el mandamiento judicial girada contra Javier Duarte, sólo podría ser válida en caso de que el gobernador con licencia enfrentara imputaciones por delitos no graves o que no ameriten encarcelamiento oficioso.

Sin embargo, Duarte de Ochoa enfrenta una doble acusación penal  por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, esta última considerada como un ilícito que se califica como grave y que amerita prisión oficiosa, por lo que la orden de aprehensión en su contra sigue vigente y se puede ejecutar o cumplir en cualquier momento.

Al informar sobre la admisión del  juicio de amparo 1031/2016, el juzgador federal resolvió que el fuero de un servidor público con licencia no equivale a una amnistía contra cualquier tipo de acusación penal, debido a que se afectaría el derecho de las víctimas en lo que se resuelve el juicio de procedencia, mejor conocido como desafuero, en contra de una persona que ostenta el puesto de gobernador con licencia.

Por lo anterior, el juez concluyó que si se hace una interpretación armónica de lo señalado por el artículo 111 de la Constitución en torno al fuero —con lo que disponen y marcan los artículos 1, 19 y 20 de la Carta Magna relativos a los derechos de las víctimas—, el Estado debe mantener a salvo su facultad de ejecutar las órdenes privativas de la libertad en contra de los gobernantes con licencia.

La defensa de Javier Duarte intentó frenar la captura ocultando que enfrentaba una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada y argumentando que había presentado un escrito de cancelación de licencia para regresar al cargo, mismo que en su momento fue desechado por el Congreso de Veracruz.

No obstante, el juez desestimó ambos argumentos y negó que el gobernador con licencia mantuviera la inmunidad derivada del fuero constitucional, por lo que la PGR tiene la facultad de detenerlo en cualquier momento, con la única obligación de ponerlo de inmediato a disposición del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México que lo reclama para ser sometido a juicio penal.