Hablemos del Fiscal Anticorrupción

Por Alfredo Lecona / @AlfredoLecona

Hay que decirlo con todas sus letras: no se está poniendo la atención debida  a la designación del primer Fiscal Anticorrupción de la era del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El proceso de designación de Raúl Cervantes al frente de la PGR, con intención de convertirlo en el Primer Fiscal General de la República, dejó heridas en la sociedad civil por ese desaseo al que nos ha acostumbrado el Senado a lo largo de designaciones opacas y fast track; mismo desaseo con el que se podría designar a la persona que estará encargada de perseguir los delitos de corrupción en el ecosistema del Sistema Nacional Anticorrupción.

Desde su diseño, hay errores con los que la Fiscalía Anticorrupción tendrá que sobrevivir si no se reforman, tales como el hecho de que la persona titular podrá ser removida de su cargo por el Procurador (posteriormente por el Fiscal General); la entrega de su presupuesto a la SHCP a través de la PGR; o el nombramiento de agentes del Ministerio Público, previo acuerdo con el Procurador; sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción es una pieza fundamental en el nuevo entramado institucional para el combate a la corrupción, y la persona que la dirija debe contar con un perfil totalmente independiente de la clase política, que asegure un combate eficaz e imparcial a la corrupción y la impunidad.

Lejos de lo anterior,  el Senado creó un proceso lleno de vicios y excesos que no garantiza esos fines.

Primero es importante recordar que en 2014 se inició con el proceso de designación, sin contar todavía con el marco normativo que lo dotara adecuadamente de facultades y herramientas como ocurre en mejor medida con el SNA. En ese momento, el Senado evaluó los perfiles de los 33 aspirantes inscritos, pero por “falta de acuerdo” nunca se realizó la designación.

Fue hasta el pasado 25 de octubre que el Senado emitió una nueva convocatoria, gracias a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), es decir,  de los líderes de los partidos en el Senado, quienes crearon el siguiente proceso que finalizaría el 29 de noviembre:

La Jucopo recibiría las postulaciones hechas por universidades, institutos y organizaciones para turnar, posteriormente, la lista de candidatas y candidatos a las Comisiones de Justicia y Anticorrupción del propio Senado.

Las comisiones unidas, evaluarían a las candidatas y candidatos, y pedirían la opinión de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del SNA sobre los requisitos de idoneidad de las personas inscritas, para después regresarle a la Jucopo una lista depurada de aspirantes.

De la lista recibida, los líderes de los partidos enviarían una sola propuesta al pleno. Una designación de relevancia mayúscula, acordada principalmente a 4 Senadores: Emilio Gamboa del PRI, Fernando Herrera del PAN, Miguel Barbosa del PRD y Carlos Puente del PVEM.

Los primeros dos pasos del procedimiento son irrelevantes si se considera que la decisión finalmente recae en la Jucopo, pues como ya es tradición en el Senado, las comparecencias que anteceden a las designaciones, no han desarrollado un concepto de idoneidad más allá de la revisión del cumplimiento de requisitos como la edad, la profesión y la experiencia.

Además, la Jucopo, al idear el proceso e incluir la participación de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del SNA, le otorgó a esta, facultades fuera del ámbito de su competencia, que es designar a los 7 miembros que conformarán el consejo que presidirá al SNA; razón por la cual, Edna Jaime, en nombre de los 9 miembros de la Comisión, envió una carta al Presidente del Senado para declinar emitir una opinión sobre un proceso distinto al que ellas y ellos encabezan y para el cual el propio Senado les designó. Fue correcta la interpretación y respuesta de la Comisión, pues un acuerdo del Senado, no es superior a la Ley que dio origen a su existencia.

Pero mientras los ciudadanos que conforman la Comisión y las organizaciones de la sociedad civil se mantienen al margen del proceso para evitar malas interpretaciones e injerencias indebidas o ilegales, el PRI y el PAN en el Senado han hecho totalmente lo contrario.

El pasado 8 de noviembre, un día antes del cierre de la convocatoria para el registro de aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, trascendió que senadores del PAN y el PRI buscaron a Ximena Puente, actual Presidenta del INAI, para que se postulara al cargo.

¿Por qué un grupo de Senadores decidió inmiscuirse en la parte del proceso que sólo le correspondía a la sociedad civil?

Según se reportó en notas de prensa, el 8 de noviembre únicamente se habían inscrito 5 personas “de bajo perfil” y por eso decidieron recurrir a Puente. Para el 9 de noviembre, en total se registraron 32 personas, entre quienes figuraron, además de Ximena Puente, ciudadanos con mayor perfil, como Miguel Sarre (ex Miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU) y Manuel Hallivis, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, siendo este último, el probable “Caballo de Troya” si fracasa la designación de la Presidenta del INAI, por la indebida intromisión de los Senadores en el proceso de registro de aspirantes.

Ese es el nivel de desaseo de un procedimiento que se construyó en la cúpula del Senado y que debe corregirse.

El último párrafo de la carta que la Comisión de Selección envió al Senado, Edna Jaime da luz sobre la forma en que debería hacerse la corrección: “… esta Comisión ve con beneplácito la inclusión de un mecanismo de participación ciudadana donde se convoque a otros actores pertenecientes a organizaciones sociales y ciudadanas para opinar sobre el proceso, en aras de fomentar la transparencia del mismo y permitir la opinión informada de la sociedad civil en la búsqueda de los candidatos idóneos para presidir la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción”.

En los últimos días, PAN y PRD en el Senado han declarado que desean aplazar el proceso, incluso hasta 2017. Si la intención se materializa, dos pilares del acuerdo de la Jucopo estarían derribados. Por un lado la participación de la Comisión de Selección en el proceso y por el otro, el plazo fijado.

El Senado debe construir un proceso aún más profundo de participación de la sociedad civil, al que se refiere la Comisión de Selección y no sólo quedarse en la ampliación del plazo:

Las comisiones del Senado deben convocar a representantes de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y expertos que se han destacado en temas relacionados al combate a la corrupción, a integrar un consejo técnico ciudadano que haga un análisis riguroso de cada aspirante en conjunto con las Comisiones del Senado, para que desde ese consejo se construya una lista de candidatos verdaderamente idóneos e independientes para ocupar el cargo; y que sea desde ahí, y no desde la Jucopo, de donde se envíe al Pleno, no uno, sino al menos una terna con perfiles que puedan votarse en secreto.

Es lo mínimo que puede hacer un Senado que por más de un año guardó silencio sobre los delitos cometidos por los ex gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, a pesar de tener las denuncias en sus escritorios. Lo mínimo que deben exigir las organizaciones que convocaron a un proceso de participación ciudadana tan ejemplar como la campaña de la Ley 3 de 3 y que (a muchos) nos convencieron de la necesidad de defender los avances del SNA. Lo mínimo que debe exigir una sociedad lastimada por la corrupción de sus gobernantes y la opacidad en la que se toman las desiciones que le afectan día a día. Además, atender debidamente este tema y lograr una designación #SinCuotasNiCuates, puede ser el primer paso para articular esfuerzos rumbo a la discusión sobre la Fiscalía General de la República que muy mal empezó (y que detonó algunos conflictos en la sociedad civil), con el nombramiento de Raúl Cervantes. Ojalá así sea.