Investiga la STPS a empresas exportadoras de tomate por presunto trabajo forzado

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emprendio la investigación correspondiente por las denuncias de presunto trabajo forzado en dos empresas mexicanas exportadoras de tomate, después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informara que prohibiría la entrada de sus productos.

La CBP indicó el jueves pasado que a partir del 21 de octubre sus oficiales en todos los puertos de entrada de Estados Unidos detendrían los tomates frescos producidos por las empresas Agropecuarios Tom S.A. de C.V. y Hortícola S.A de C.V., así como de sus subsidiarias.

La STPS informó en un comunicado que convocó a la Secretaría de Economía a la instalación de una mesa de trabajo, para que en coordinación con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), se abriera un canal de comunicación con tales empresas.

En caso de hallar algún incumplimiento a la normatividad laboral, se establecerá un plan para garantizar la protección de los derechos de las y los trabajadores.

La Secretaría del Trabajo aclaró que esta medida no forma parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que tiene base en la Ley Arancelaria de ese país que data de 1930 y que, anteriormente, se ha utilizado indistintamente para empresas ubicadas en países con los que cuenta o no con un tratado comercial.

“Por tanto, no es una controversia Estado-Estado, sino de una sanción comercial directa a un bien producido por una empresa en específico”.

Tras la emisión de esta orden, las empresas tomateras tienen el derecho de apelar ante la autoridad aduanera estadounidense la decisión y presentar pruebas que demuestren su cumplimiento de la normatividad laboral, a fin de que la sanción sea levantada.

Hortícola asegura que no tiene ningún problema de orden laboral

El representante legal de Hortícola Tom, Rommel Fernández, sostuvo el 21 de octubre que la empresa no tiene ningún problema de orden laboral y que cumple con las normas mexicanas que le permiten comercializar sus productos.

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Fernández señaló a Reuters que la compañía, que tiene unos 600 empleados incluyendo la finca ubicada en San Luis Potosí, no había sido notificada formalmente de la restricción y que esperaba contactar a las autoridades estadounidenses.

CBP emitió este jueves una orden de retención contra la empresa basada en información que indica razonablemente el uso de trabajo forzado contra sus trabajadores.

Agregó que en octubre de 2020 informó que las autoridades mexicanas tomaron medidas contra las acusaciones de condiciones de trabajo forzado en la misma granja de tomates.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado que abordar las acusaciones de trabajo forzoso es una prioridad.

La empresa sostuvo que estaba en contacto con CBP para obtener más claridad y que acelerará un proceso que comenzó en 2019 para cumplir con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Agregó que Estados Unidos representa aproximadamente el 20% de sus ventas totales.