“Operación Safiro”: FGR cambia imputación por peculado de 475 mdp contra exsecretario de Finanzas de Rubén Moreira
De manera sorpresiva, los fiscales de la FGR solicitaron al juez de control imputar el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al exsecretario de Finanzas de Coahuila, Ismael Ramos Flores; por lo que existe la duda de si la Fiscalía buscará investigar más a fondo el nuevo capítulo de la llamada “Operación Safiro”
Por Juan Omar Fiero
Torreón, Coahuila.- La Fiscalía General de la República logró que un juez de control dictara el primer auto de vinculación a proceso para investigar a fondo la denominada “Operación Safiro” fuera del estado de Chihuahua, pero lo hizo con un cambio sorpresivo de imputación que benefició de forma directa al servidor público sujeto a proceso: el exsecretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila entre 2014 y 2017, Ismael Ramos Flores o Ismael Eugenio Ramos Flores.
A pesar de que la audiencia había sido citada para imputar el delito peculado por 475 millones de pesos en contra de Ramos Flores, quien era colaborador del exgobernador de Coahuila y actual diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, la Fiscalía solicitó al juez modificar su petición inicial para imputar solamente el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al citado servidor público.
La defensa del imputado reveló durante la audiencia que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) que en la causa penal 157/2022 se les había citado a comparecer por el delito de peculado por un monto de 475 millones de pesos, pero al final la FGR sólo presentó cargos por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 217 del Código Penal Federal, fracciones “C” y “D”, vigente en mayo de 2016.
Al no existir el peculado tampoco hubo un señalamiento de daño a las finanzas públicas y el exsecretario de Finanzas de Rubén Moreira no estuvo obligado a ofrecer algún tipo de garantía económica para la reparación del daño y mucho menos se enfrentó a una petición de la Fiscalía para enfrentar prisión preventiva justificada.
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La determinación de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR fue tan sorpresiva que el abogado del imputado, Alberto Cruz Lemus, al momento en que le tocó responder la imputación contra su cliente, solicitó al juez de la causa, un receso de 30 minutos para poder armar su alegato, utilizando la frase “veníamos preparados para responder por un delito diverso”.
Los convenios de Coahuila con el asesinado Isaac Gamboa
De acuerdo con el auto de vinculación a proceso dictado la madrugada de este 22 de junio, al ex secretario de Finanzas de Coahuila se le imputó la suscripción indebida de 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos que fueron asignados a una red de empresas que compitieron entre sí durante procesos de licitación restringida, recursos públicos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), conocido también como ramo 23 del presupuesto federal.
En su resolución, el Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, Benito Edgardo Hernández Luna, determinó que existen indicios suficientes para presumir que Ismael Ramos Flores o Ismael Eugenio Ramos Flores cometió el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, ya que otorgó autorizaciones indebidas de carácter económico en beneficio de terceros y además firmó contratos públicos que no cumplieron con los requisitos que marca la ley para ser entregados a las empresas beneficiarias.
Todos los contratos objeto de la investigación, fueron firmados entre enero y mayo del 2016, por lo que se utilizó el Código Penal Federal vigente hasta junio del 2016 para encuadrar y configurar el delito atribuido al ex secretario de Finanzas.
Por lo anterior, las penas previstas para castigar este ilícito al momento de los hechos, son de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y la destitución e inhabilitación del cargo en caso de que estuviera en funciones.
Sin embargo, la FGR no solicitó al juez de la causa que impusiera prisión preventiva justificada al imputado, por lo que el juez de Control impuso a Ramos Flores la medida cautelar de prohibirle su salida del país, así como la entrega de su pasaporte y visa estadounidense para garantizar esta situación.
La entrega de ambos documentos fue una sugerencia de la defensa como muestra de buena voluntad, debido a que la Fiscalía también fue bastante laxa al momento de solicitar las medidas cautelares.
A través de sus fiscales Blanca Flor Ramón Peralta, Alejandro Maya y Julio Antonio Cobos, la FGR sólo había solicitado como medidas cautelares que se confinara la movilidad de Ismael Ramos Flores a la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde tiene su lugar de residencia, y la obligación del imputado de acudir a la Unidad de Medidas Cautelares cada 15 días para firmar el libro de registros y así documentar el cumplimiento de la libertad condicionada.
No obstante, el juez de control determinó que está última medida es inútil y riesgosa ante la quinta ola de Covid-19 que se vive en México, por lo que finalmente ordenó que el exsecretario de Finanzas de Coahuila evite salir del país, pero con libertad de movimiento dentro del territorio nacional.
Contratos simultáneos por 475 mdp
Sobre la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que el ex servidor público violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, el reglamento de la citada ley, la Ley General de Transparencia y el artículo 134 constitucional al firmar de manera indebida los 18 contratos que implicaron un gasto para las finanzas de la Federación de 475 millones de pesos.
El modus operandi es muy similar al descrito por la Fiscalía de Chihuahua en la denominada “Operación Saneamiento Financiero” u “Operación Safiro” para poder financiar las campañas electorales del PRI durante los comicios estatales de 2016 y 2017, incluyendo al propio estado de Coahuila.
Un primer paso fue la firma del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto de dos convenios con el Gobierno de Coahuila con el propósito de transferir 475 millones de pesos de la Federación a la entidad federativa.
El primer convenio se firmó en enero del 2016 por un monto de 275 millones de pesos y el segundo en marzo de ese mismo año, por 200 millones de pesos adicionales.
Los convenios fueron suscritos por el entonces titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Isaac Gamboa Lozano, asesinado junto con varios de sus familiares en mayo del 2020, y el ex secretario de finanzas de Coahuila y hoy imputado, Ismael Ramos Flores.
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El segundo paso fue la entrega de estos recursos de manera casi inmediata a 18 empresas para la elaboración de “asesorías” y “análisis” en rubros cómo combate a la corrupción, transparencia, leyes de amparo, integridad de las personas, entre otros rubros.
Todos los contratos fueron otorgados entre enero y mayo del 2016, incluso con horas y días de diferencia.
Sin embargo, dichos contratos no fueron licitados como marca la ley, sino que se otorgaron mediante procesos de adjudicación restringida, con el argumento de que se trataba de asesorías necesarias para la elaboración de proyectos a futuro, por lo que el contenido de estos estudios era de carácter confidencial y reservado.
La FGR señaló que no se cumplió con la norma que obligaba a la Secretaría de Finanzas de Coahuila a llamar a una sesión de su Comité de Transparencia para justificar dicha reserva, violando así la normatividad en la materia. Derivado de lo anterior, los 18 contratos públicos carecían de las carátulas y leyendas que justificaran su reserva para poder licitarlos y adjudicarlos de manera restringida.
La Fiscalía también argumentó que los contratos fueron adjudicados de manera directa y sin estudios de mercado como marca la Ley de Adquisiciones del gobierno federal, pero la defensa logró desacreditar la primera imputación, ya que logró demostrar que los contratos no se asignaron por adjudicación directa, sino luego de un proceso de invitación restringida en el que tres empresas enviaron sus cotizaciones, por lo que las autoridades estatales adjudicaron estos a la opción más barata.
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En su respuesta, el Ministerio Público Federal advirtió que una de las líneas de investigación sobre este caso, es la red de compañías que compitieron entre sí en licitaciones restringidas a tres empresas o personas morales, ya que la Fiscalía documentó cómo en algunos de estos procesos intervinieron las mismas empresas o compañías, permitiendo que aún cuando una de ellas no se viera beneficiada en uno de estos procesos de contratación, obtuviera ese mismo beneficio en otra invitación de carácter restringido.
Este modus operandi es justamente el que se asemeja a la “Operación Safiro” que la Fiscalía de Chihuahua documentó por primera vez en el juicio penal contra el ex secretario general adjunto de PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
No obstante, en el caso de los fondos públicos entregados a Coahuila, la Fiscalía no presentó ningún tipo de datos de prueba sobre destino final de los recursos que le fueron asignados a esas 18 empresas. El Ministerio Público Federal tampoco expuso ante el juez de la causa si hay o no documentos que comprueben la entrega de dichos estudios y asesorías, es decir, los llamados entregables.
En la audiencia tampoco se habló de quién o quiénes son los socios y directivos de las empresas que en cuestión de días y semanas recibieron 475 millones de pesos, recursos asignados al estilo de la “Operación Safiro” que una investigación periodística del periodista Raúl Olmos, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, acreditó en otros siete estados.
Con la investigación abierta en Coahuila, la influencia de la “Operación Safiro” se extendería a nueve entidades del país: Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Milpa Alta.
Así, quedó abierta la duda de si la Fiscalía pretende esclarecer este caso para revelar a los beneficiarios finales de estos recursos o sí se va quedar con la imputación inicial por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades en contra de Ismael Ramos Flores, determinación que impediría a la Federación recuperar los fondos en caso de que se hayan utilizado con fines ilícitos y al margen de la norma.
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