Alejandro Robledo, ex subsecretario de Seguridad de AMLO, nuevo actor en la confrontación Gertz-Scherer
El nombre de Alejandro Robledo salió a relucir en la audiencia que se celebró la semana pasada en el Reclusorio Sur, debido a que se acreditó como abogado defensor de uno de los cuatro imputados formales de este caso.
Por JUAN OMAR FIERRO
Fugaz subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) entre agosto del 2019 y julio del 2020, el abogado Alejandro Robledo Carretero ahora se enfrenta a la Fiscalía General de la República (FGR) en uno de los casos más emblemáticos de esa institución: el de los abogados que la propia Fiscalía ha acusado de crear una red de tráfico de influencias bajo el mando del ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Robledo Carretero fungió como Subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz entre el 16 de agosto del 2019 y el 31 de junio del 2020, fecha en la que fue separado del cargo por la desaparición de dicha subsecretaría, por lo que se reincorporo a la práctica privada del derecho en el mismo despacho que trabajan otros litigantes cercanos a Scherer Ibarra: Consultores Legales AGPRyC, Sociedad Civil.
Como integrante de este despacho, Alejandro Robledo ahora se enfrenta al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, un alto funcionario con el que antes estaba obligado a colaborar como Subsecretario de Seguridad.
El nombre de Robledo salió a relucir en la audiencia inicial que se celebró la semana pasada en el Reclusorio Sur, debido a que se acreditó como abogado defensor de uno de los cuatro imputados formales de este caso: César Omar González Hernández, Juan Antonio Araujo Rivapalacio e Isaac Perez Rodríguez, así como contra el asesor financiero David Gómez Arnau
A raíz de una denuncia presentada por el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, la FGR señaló a Julio Scherer como integrante de una organización delictiva que mediante el tráfico de influencias y la extorsión obtuvo un beneficio ilícito por 37 millones de pesos, a cambio de falsas promesas para que Collado pudiera abandonar la cárcel mediante un criterio de oportunidad o un acuerdo reparatorio.
De acuerdo con la teoría del caso, los abogados estaban bajo investigación por los delitos de extorsión, tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación delictuosa, actos ilícitos que habrían cometido bajo la dirección del ex consejero jurídico de la Presidencia.
Los alegatos de la FGR contra Robledo
A pesar de que es central en la narrativa de la Fiscalía, Scherer no fue imputado de manera formal por algún delito. Tras 23 horas de debate, el Juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, desechó la acusación contra los cuatro imputados del caso y además declaró improcedentes una serie de señalamientos de la FGR contra Alejandro Robledo.
Dichos señalamientos se dieron en el arranque de la audiencia de imputación celebrada los días 18 y 19 de mayo. Poco después de las 10 de la mañana, Alejandro Robledo Carretero se acreditó como abogado de uno de los cuatro imputados, César Omar González Hernández, junto a un equipo jurídico en el que también participaron los litigantes Daniel Carrancá de la Mora y Javier Román Hernández Ortega.
La presencia del ex subsecretario de Seguridad no pasó desapercibida para la FGR. En su primer turno, una vez que concluyeron las presentaciones de los 16 abogados defensores, cuatro por cada uno de los imputados, el fiscal especializado en litigación de la FGR, Manuel Granados Quiroz, solicitó la palabra para presentar un incidente con el que pretendía revocar el nombramiento de Robledo como defensor de González, argumentando su cercanía con Scherer.
Granados también impugnó la designación de Carrancá de la Mora en la defensa de César Omar González, la participación de Diego Madrazo Labardini en la defensa del también abogado Juan Antonio Araujo Rivapalacio y la acreditación del litigante Agustín Acosta Azcón en la representación jurídica del asesor financiero David Gómez Arnau.
En voz de Granados Quiroz, la Fiscalía invocó el artículo 119 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que no se puede nombrar como abogado defensor de una persona imputada, a quien pudiera ser su coimputado, cómplice o encubridor por la comisión de los mismos delitos.
El Fiscal Granados afirmó durante su intervención que Julio Scherer había designado directamente a Alejandro Robledo como Subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando en ese momento de Alfonso Durazo.
Agregó que la cercanía de Robledo y Scherer era de tal magnitud que ambos habían dejado el cargo “de forma paralela”. 
Por lo anterior, hizo un llamado tanto a Robledo como a los otros litigantes señalados por estar vinculados con Scherer a abandonar la audiencia para “no contaminar el proceso penal de sus defendidos” y para evitar que incurrieran en un nuevo delito. “Si se saben involucrados con sus clientes en algún tipo de delito, les hago una amable petición de que se excusen para que no incurran en una conducta que puede ser ilícita”, concluyó.
El ex servidor público respondió que no existía ningún dato de prueba para sostener que Scherer lo había designado para ocupar el cargo que ostentaba en la SSPC y que contrario a lo dicho por la Fiscalía, era fácil probar que su nombramiento fue realizado directamente por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Calificó la advertencia del fiscal Manuel Granados como una amenaza y aclaró que su salida del servicio público, registrada en agosto del 2020, fue anterior a la renuncia de Julio Scherer al cargo de Consejero Jurídico de la Presidencia, ocurrida el 31 de agosto del 2021. “Yo salí de la Subsecretaría por causas que no le voy a revelar al Ministerio Público”, ironizó.
El Juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, declaró que la petición de la FGR “era notoriamente improcedente” por falta de datos de prueba y por referirse “a hechos futuros y de consumación incierta”, puesto que Robledo y los otros abogados aludidos en el arranque de la audiencia no estaban en calidad de investigados en la carpeta de investigación 130/2022 que se radicó en el Reclusorio Sur.
Robledo, historial sin sobresaltos
La cercanía de Alejandro Robledo con Julio Scherer no era ajena para la Fiscalía: en algunas de las filtraciones sobre el proceso penal que se abrió contra los abogados vinculados al ex Consejero Jurídico de la Presidencia, el propio Robledo figuraba como uno de los litigantes que iba a ser imputado por extorsión y tráfico de influencias.
Públicamente, existen pocas conexiones entre Julio Scherer y Alejandro Robledo, pero la FGR no dudo en señalar los nexos entre ambos ante un juez federal.
Una búsqueda realizada por Aristegui Noticias sobre la labor profesional de Robledo Carretero arrojó muy pocos datos sobre sus antecedentes profesionales.
En páginas de internet del mundo jurídico, se señala que Robledo se desempeñó como asesor de un subprocurador de Procesos Penales y director general de Consignaciones de la antigua Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, actualmente Fiscalía de la Ciudad de México.
Sin embargo, a partir de 2005 y hasta 2019 se dedicó exclusivamente al litigio privado en el Bufete Jurídico Islas y Robledo, del que era socio fundador.
En su declaración patrimonial, el ex servidor público no reveló el posible conflicto de interés que se podría desprender de su pertenencia a ese despacho, a pesar de que salida de la sociedad se concretó hasta el 15 de septiembre del 2019, es decir, un mes después de que tomara posesión del cargo de Subsecretario de Seguridad.
En ninguna de las tres declaraciones patrimoniales que presentó como funcionario, Alejandro Robledo reportó ser dueño de un inmueble y además rechazó tener ingresos adicionales a lo que percibió como servidor público, los cuales cifró en un millón 272 mil pesos entre 2019 y 2020.
No obstante, la advertencia de la FGR contra Robledo por su presunta cercanía con Julio Scherer quedó asentada en la audiencia oral de la semana pasada.
Además, el fiscal especializado en litigación de la FGR, Manuel Granados, advirtió que el proceso penal contra los abogados del caso Scherer no se ha acabado y todavía no existe una sentencia definitiva que favorezca a alguna de las partes.


