Magistrado desaforado en Nayarit denuncia ‘persecución política’ del gobernador y fiscal estatal

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El magistrado numerario del Poder Judicial de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, desaforado este jueves, calificó los procesos legales en su contra como una “persecución personal” y una operación de “mordaza” promovida por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y su antiguo jefe, el fiscal general, Petronilo Díaz Ponce Medrano.

A través de sus redes sociales, afirmó que la “campaña” en su contra es apoyada por altos funcionarios locales y federales, como Gabriel Camarena Morales, Coordinador Jurídico del gobierno estatal, y el actual Subfiscal de la Fiscalía local, Daniel Cortés Araujo.

Benítez Pérez, quien enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de tráfico de influencias, violación equiparada y obstrucción de investigaciones por desaparición forzada, destacó que el origen de este proceso radica en su desacuerdo con las políticas implementadas por el gobierno estatal.

Foto: Archivo. Redes sociales

Según el magistrado, la ruptura con el mandatario estatal, después de más de 30 años de confianza, fue provocada por su negativa a permitir que la Fiscalía General del Estado de Nayarit, de la que fue subsfical hasta el 21 de septiembre de 2023, fuera utilizada como una herramienta con fines políticos.

“El motivo de la ruptura de una relación de mucha confianza por más de 30 años, fue la manera de llevar el mega operativo Fibba, el tema del Fondo Soberano, la negativa mía de utilizar la Fiscalía para estrategias políticas de garrote y zanahoria, para lograr finalmente lo que ahora tiene, el control total de todos los poderes en Nayarit, sin contrapesos, todo apunta de carpetas de investigación.”

En cuanto a los presuntos delitos que se le imputan, el magistrado aseguró que son infundados y que están basados en hechos manipulados.

En relación a la destrucción de prendas o evidencias, vinculadas a investigaciones sobre fosas clandestinas, Benítez Pérez indicó que el proceso fue parte de un error administrativo sin intenciones maliciosas.

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Mencionó que en 2017, la Fiscalía de Nayarit contrató una empresa para manejar los residuos infecto-biológicos, incluidas prendas de evidencias relacionadas con fosas comunes .

Agregó que, aunque hubo un error en el manejo de estas evidencias, “a la fecha no se ha acreditado alguna afectación probatoria o que hubiera sido dolosa la conducta.”

Señaló que por estas cuestiones, entre 2018 y 2019, hubo un señalamiento que pudo ser resuelto y que involucraba a una coordinadora de ministerios públicos, identificada como NN, misma que fue llevada a la FGR en Ciudad de México para responder  a un interrogatorio sobre el tema.

Sin embargo, según el magistrado, la servidora pública permaneció incomunicada durante horas y declaró, supuestamente bajo amenaza, que había sufrido una conducta inapropiada por parte de Benítez hace seis años.

Según el magistrado, estos casos reflejan un clima de intimidación en la Fiscalía de Nayarit, donde los ministerios públicos temen ser sometidos a procesos similares.

Benítez Pérez dijo que fue acusado de tráfico de influencias a raíz de que entre 2018 y 2019, “una persona de nombre Sixto Uribe tenía y tiene una disputa por un terreno con la señora Cecilia Guzmán de Llanos y sus hijos”.

Foto: Archivo

Dijo que, un día en la oficina del fiscal, recibieron a la mujer y dos de sus hijos “ellos pedían que se avanzará en el asunto que era de daños en el terreno donde querían poner la Univam, Petronilo ordenó que conforme a derecho, tanto a mi como a la entonces Coordinadora de Ministerios Públicos, la licenciada NN, servidora pública de más de 20 años de experiencia en Fiscalía”.

Rodrigo Benítez Pérez afirmó que estas acusaciones surgieron de una denuncia promovida por Sixto Uribe, con el apoyo de Manuel Peraza y la Comisión de la Verdad, a través del abogado Juan Fonseca.

Según el magistrado, esta denuncia involucró a una ministerio público subalterna, quien renunció a la Fiscalía y recibió un puesto en Bienestar, y que luego alegó, de manera falsa, que Benítez y una coordinadora de ministerios públicos habían influido para favorecer a Cecilia Llanos en un caso.

Benítez aseguró que el hecho fue investigado y esclarecido en 2019, determinando que las acusaciones carecían de fundamento, algo que, sostuvo, era conocido por el fiscal general de ese entonces, Petronilo Díaz Ponce.

Foto: Archivo. Gobierno de Nayarit. Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero

En cuanto al señalamiento por presunta violación sexual equiparada, el magistrado desaforado expuso que, desde que asumió su cargo en el Poder Judicial en 2023, ha sido objeto de constantes presiones por parte de funcionarios de la Fiscalía para que los testigos declararan en su contra.

“Desde que asumí el cargo de Magistrado en 2023, no hay día que MPs o Abogados no me informen que fueron citados por el Subfiscal, Fiscal o algún MP para sugerirles o darles incentivos para que hagan algún señalamiento en mi contra”.

Además, relató cómo la FGR ha intervenido en investigaciones que no son de su competencia, como delitos sexuales y tráfico de influencias.

“Casualmente, ella declara allá que tuvo relaciones sexuales conmigo en mi oficina seis años atrás, y que ella no quería”, dijo.

Foto: Archivo. Congreso de Nayarit

Víctima, ligada a defraufador

El magistrado también reveló que la misma víctima ha tenido una relación cercana con un ex trabajador de la Fiscalía, conocido como “Pechugas”, quien tiene antecedentes delictivos relacionados con fraudes en el pasado.

Según Benítez Pérez, “Pechugas” ha estado involucrado en una trama de venganza contra él y ha convencido a la víctima de sostener acusaciones falsas.

“Pechugas ha dicho a varias personas que convenció a NN a sostener el hecho falso, ha dicho ‘le estamos armando un cuatro’ con el apoyo de Daniel Cortés todo dirigido”, denunció.

Por último, el magistrado expresó su preocupación por el control absoluto que el Gobernador tiene sobre los órganos del Estado, lo que, según él, ha afectado gravemente la independencia del Poder Judicial.

Foto: Archivo. Gobierno de Nayarit. Gabriel Camarena

Benítez Pérez advirtió que, con la reciente Reforma Judicial y la falta de un Poder Judicial Federal independiente, las posibilidades de un debido proceso son mínimas.

“Lo que preocupa es toda la trama, porque el Gobernador tiene todo el control de los órganos del Estado, y que ahora con la Reforma Judicial sin un Poder Judicial Federal independiente no hay muchas esperanzas de tener un debido proceso“, concluyó.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Benítez Pérez y no se sabe de alguna orden de captura emitida aún en su contra.