Batres se lanza contra alcaldía Benito Juárez y acusa ‘cartel inmobiliario’ y del agua

El jefe de Gobierno, Martí Batres, dijo que la alcaldía Benito Juárez ‘brilló por su ausencia’ en atender a la población afectada por agua contaminada y acusó que la autoridad local está enfocada en negocios irregulares, como el llamado ‘cártel inmobiliario’.

Según su visión, la alcaldía ahora quiere convertirse en ‘cártel del agua’, en consonancia con lo que dijo la candidata morenista en el debate chilango, Clara Brugada.

En conferencia de prensa, Batres señaló que las obras irregulares vinculadas al ‘cártel inmobiliario’  quitan medio millón de litros de agua al mes a las y los habitantes de la demarcación; y ahora buscan privatizar un servicio que es un derecho.

Batres sostuvo que los integrantes del “cártel inmobiliario”, responsables de la construcción de obras irregulares con pisos de más en la alcaldía Benito Juárez, ahora buscan conformar el “cártel del agua” con la privatización de este recurso.

En conferencia de prensa, estimó que los inmuebles donde se construyeron pisos de más, le quitan 500 mil litros de agua al mes a los habitantes de la demarcación.

“El vínculo entre el “cártel inmobiliario” y el tema del agua tiene varios nexos. Por ejemplo, en el caso del impacto que ha tenido el cártel inmobiliario, le ha quitado ya no digamos a los habitantes de la ciudad, a los propios habitantes de Benito Juárez, el cártel inmobiliario les está quitando medio millón de litros de agua al mes, porque es el impacto de todas las construcciones ilegales que han hecho a lo largo de todos estos años. ¿Y qué quisieran? Bueno, pues convertir el agua en un gran negocio, por eso todo su discurso (…) En el tema del agua encontramos que el cártel inmobiliario ansía convertirse en el cártel del agua, pero se va a quedar con las ganas”.

En conferencia se destacó que la fiscalía capitalina comprobó la existencia de una red de corrupción en materia de bienes raíces en la alcaldía de Benito Juárez, conocida como “cártel inmobiliario”.

Se acusa que, al tolerar la construcción de pisos excedentes, derivó en ganancias millonarias para desarrolladores inmobiliarios quienes, a su vez, pudieron devolver los favores mediante la sesión de departamentos o la venta de los mismos a precios de remate a través de transacciones a prestanombres y familiares de servidoras y servidores públicos de esta demarcación.

El fiscal, Ulises Lara, afirmó que han obtenido más de una docena de órdenes de aprehensión contra servidores públicos y particulares, y cuatro personas han aceptado su culpabilidad y reparación del daño.