Rechazan propuesta de posponer prohibición del uso de glifosato

La campaña “Sin Maíz no hay país”, impulsada por más de 300 organizaciones, rechazó posponer la entrada en vigor de la ley que prohíbe el uso a nivel nacional del glifosato.

De acuerdo con un comunicado de la  Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, un decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, establece en su artículo cuarto el 31 de marzo de este año como fecha de prohibición definitiva del glifosato.

Agregó que esta medida  tiene como objetivo la protección de la riqueza biocultural y los derechos a la salud, a un ambiente sano y a una alimentación adecuada.

Sin embargo, los senadores de Morena, Nancy Sánchez Arredondo y Rafael Espino de la Peña presentaron el pasado 12 de marzo un punto de acuerdo para exhortar a titulares de las instancias gubernamentales competentes y al presidente Andrés Manuel López Obrador, a considerar la ampliación del período de transición de la prohibición definitiva del uso de glifosato en el país.

Asimismo recordó que en 2022, como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y presidenta de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, respectivamente, Rafael Espino y Nancy Sánchez, se opusieron a la iniciativa de reforma de la Ley General de Salud que prohibiría el uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en el país y fomentaría la producción y uso de Bioinsumos, como una alternativa agroecológica para fortalecer la prohibición del glifosato.

La campaña insistió en la peligrosidad comprobada del glifosato, clasificado como agente probablemente carcinógeno para los seres humanos (Grupo 2A) por la International Agency for Research on Cancer (IARC); y como plaguicida altamente peligroso (PAP), por la Pesticide Action Network International (PAN) y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), entre otras; clasificación retomada en la respuesta de México a Estados Unidos, en el Panel de solución de controversias del T-MEC.

“El glifosato ha ocasionado daños graves a la biodiversidad, el ambiente y la salud humana; de acuerdo con información del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), se ha comprobado su alta residualidad y se encuentra presente en la tierra, en pozos de agua destinada al consumo humano, en sangre y leche materna de personas, en granos de maíz”.

“Sin Maíz no hay país” aclaró que el decreto no se refiere a sustituir el glifosato por otro producto específico, sino a cambiar el modelo agroindustrial de producción de alimentos, para lo que el Conahcyt ha difundido alternativas y experiencias exitosas de producción agroecológica implementadas junto con la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a través de sus programas Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, ha demostrando que la producción sin glifosato es viable.

Añadió que con la implementación de la agroecología, en más de cinco millones de hectáreas y con la participación de casi dos millones de agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala, han visto aumentos en los rendimientos y mejoras en las ganancias, así como una importante reducción del uso de agroquímicos tóxicos.

En contraste, Nancy Sánchez y Rafael Espino sostienen que “hoy en día no se cuenta con alternativas y prácticas sostenibles que permitan mantener la producción agrícola del país”. Nada más alejado de la realidad, apunta “Sin Maíz no hay país”.

Esta falacia es sostenida también por Víctor Villalobos, quien no ha cumplido con su obligación como Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de apoyar lo establecido en el mismo artículo 4to. del Decreto; en cambio, ha sido omiso con la política del Ejecutivo Federal de prohibir el glifosato y el maíz genéticamente manipulado en México, al respaldar y replicar los argumentos del agronegocio y afirmar de manera irresponsable que “no existe evidencia científica que confirme las múltiples afectaciones por el uso de glifosato en la producción de alimentos”.

“Sus declaraciones invisibilizan y condenan a ser repetidas las graves experiencias de las comunidades mayas que han sufrido la muerte masiva de abejas y la contaminación de la miel que producen de manera agroecológica; o las afectaciones en la salud de habitantes de El Mentidero, Jalisco; o los casos de intoxicación registrados por la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, entre otros muchos casos de evidencia de daño sustentadas con investigaciones científicas”, señala la campaña.

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Por lo tanto, exigió que informe sobre las acciones que como secretario de Agricultura ha implementado en favor del decreto, o presente información fidedigna, actualizada y libre de conflictos de interés que respalden su postura.

Rechazó enérgicamente la propuesta de ampliar el período de transición de la prohibición definitiva del uso de glifosato en México. Modificar una vez más su fecha de entrada en vigor, obstaculiza aún más las acciones urgentes para atender la grave problemática de salud humana y ambiental que cobra tantas vidas año con año, y que nos acercarían a la soberanía alimentaria y sostenibilidad tan anheladas.

También reconoció la firmeza demostrada por las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera y Lilia Margarita Valdez Martínez en su compromiso con la protección y fomento de la producción agroalimentaria soberana, sustentable y libre de plaguicidas altamente peligrosos. En ese sentido, destacó la coherencia en sus acciones al anunciar la presentación de un punto de acuerdo en la Cámara Alta, el cual propone apoyar el decreto y respaldar la prohibición permanente de otorgar autorizaciones y permisos para la importación, producción, distribución y utilización de glifosato.

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Llamaron a sumarse todas y todos a lo que establece el decreto, ya que de su cabal cumplimiento depende que se haga efectivo y requiere del firme compromiso de secretarios de estado como parte del Ejecutivo, quienes están en la obligación de ejecutar las decisiones y mandatos de los decretos que emite el Estado para beneficio de toda la población.

“Funcionarias y funcionarios públicos que en lugar de apoyar, obstaculizan, caen en omisión”.