México debe abrir ‘maxiproceso’ por García Luna o seguirá la ‘mafiocracia’: Buscaglia

Edgardo Buscaglia señaló que la corrupción enquistada en el Estado mexicano convierte al sistema político del país en una “mafiocracia”.

febrero 22, 2023 2:50 pm Published by

El veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna que se alcanzó ayer en el tribunal del juez Brian Cogan, en Brooklyn, Nueva York, debe ser “un catalizador para comenzar a hacer realidad la justicia” en México a través de “maxiprocesos”.

Así lo señaló Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia, en entrevista para Aristegui en Vivo, en la que destacó la importancia de que el ex secretario de Seguridad Pública Federal haya sido declarado culpable de cuatro cargos por narcotráfico y un cargo adicional por mentir a un agente federal estadounidense.

Sin embargo, el experto en seguridad aclaró que la justicia se hizo en Estados Unidos, pero no en México, donde la protección que brindó Genaro García Luna al Cártel de Sinaloa no sólo le permitió a la organización criminal controlar regiones completas en México y dominar el tráfico global de drogas, sino que provocó y sigue provocando una estela de violencia que aún devasta al país.

“Es necesario desarticular toda esa máquina de muerte que resultó en cientos de miles de muertes, miles de fosas comunes, y decenas de miles de desapariciones forzadas, delitos que no han sido procesados penalmente en México”, sostuvo el académico.

Maxiprocesos, como en Italia o Francia

Buscaglia, asesor internacional en materia de seguridad pública, destacó que en países como Italia, Francia o Canadá, cuando en un tribunal de Estados Unidos se emite un veredicto por delitos trasnacionales de la gravedad como el que se dictó ayer al titular de la SSPF durante el sexenio de Felipe Calderón, se abren “maxiprocesos” en sus propios territorios para investigar las redes de complicidad entre delincuentes, empresarios y políticos de diversos niveles de gobierno.

“García Luna no actuó solo. Se le declaró culpable de pertenecer a una empresa criminal continua que comete delitos a lo largo del tiempo donde, por definición, hay políticos, empresarios, sicarios y gerentes operativos como El ‘Chapo’ Guzmán o El ‘Mayo’ Zambada”, declaró el especialista durante la entrevista.

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Expuso que México tiene “en teoría, el 89 por ciento de todos los instrumentos que señala la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, pero en la práctica solamente se aplica un 10 por ciento”.

La brecha entre “la ley en teoría y la práctica” es causada por un bloqueo sistemático del Estado mexicano a la procuración de justicia que, según el experto, forma parte de un “pacto de impunidad mafiosa”, que bloquea casos como el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, o el del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Procesos judiciales deben contemplar a Fox y Calderón

Los “maxiprocesos” a los que hizo referencia Edgardo Buscaglia deben alcanzar las esferas más altas del poder político de un país, alcanzando, incluso, a ex presidentes que debieron haber tenido conocimiento del actuar de los funcionarios federales responsables de encabezar las estrategias de combate a la delincuencia organizada, como lo fue Vicente Fox Quesada, cuando García Luna dirigía la ahora extinta Agencia Federal de Investigaciones, y un sexenio después, cuando fungió como secretario de Seguridad Pública Federal durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. 

“Como en todo país con mínimo Estado de derecho, si se encuentra que un secretario de Estado era un instrumento de un cártel de la droga como el de Sinaloa, inmediatamente en Italia, en Estados Unidos, o en otras democracias, se investigaría a Calderón”, declaró el académico.

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Buscaglia señaló de manera particular que debe ser investigado el actuar de Felipe Calderón luego de que recibió una carta del ex comisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, en la que denunció tener conocimiento de “actos de corrupción” de Genaro García Luna.

“Si él vió a carta ¿qué hizo al respecto?”, cuestionó durante la entrevista.

Por este motivo, expuso que la investigación al expresidente panista debe ir dos vías: determinar si hubo complicidad, o si padece “un defecto mental” que llevó a actuar con un nivel de incompetencia que no le permitió darse cuenta del nivel de corrupción que alcanzó su secretario de Seguridad Pública.

Esta investigación, como establece la Constitución, debe desahogarse “respetando con plenitud el principio de inocencia”, y si se determina que es inocente “su nombre quedará limpio”, al igual que el de Vicente Fox, aclaró el experto.

Naciones Unidas pueden coadyuvar en investigaciones

Al igual que el Congreso de Guatemala solicitó el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear en 2006 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el gobierno de México podría pedir este tipo de ayuda internacional, expuso Buscaglia.

El objetivo del CICIG era apoyar al Ministerio Público guatemalteco y a la Policía Nacional Civil del país en la investigación de casos judiciales complejos, incluyendo los vínculos entre grupos del crimen organizado y funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo al expresidente Jimmy Morales y su familia, así como a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Congreso y ministros del gobierno.

A pesar de que existe dicho antecedente positivo en materia del combate a la corrupción, Buscaglia no ve factible que el Congreso de México de inicio a una iniciativa de este tipo, al menos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador argumente que es necesario y Morena lo instrumente.

“Pero no veo el presidente López Obrador pretendiendo hacer una cosa así” dijo el experto, y señaló que el clima político en México es diferente, “pues hay un pacto político de impunidad mafiosa en el Congreso mexicano que todavía opera, en el que los tres partidos principales se van a unir para poder bloquear cualquier iniciativa”.

FGR y Poder Judicial bloquean investigaciones

Durante la entrevista, Edgardo Buscaglia destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha identificado 100 millones de dólares asociados a García Luna, por lo que su siguiente paso a instrumentar es “seguir el hilo de ese dinero a través de una causa judicial”.

Sin embargo, acusó a la Fiscalía General de la República de proteger “la impunidad mafiosa del Cártel de Sinaloa con su inacción”.

“No podemos avanzar con los casos que presenta el señor Pablo Gómez a través de la UIF si la Fiscalía no emprende una investigación a la red de políticos y empresarios más importantes de México asociados a García Luna”, declaró.

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El experto en delincuencia organizada también responsabilizó al Poder Judicial de México de obstaculizar el avance de los procesos judiciales, y afirmó que “los jueces recurren a la ley de amparo para bloquear investigaciones”, al tiempo que los fiscales federales “miran para el otro lado a propósito para que no se avance contra las redes patrimoniales que han estado financiando campañas a través del Cártel de Sinaloa”.

En esta lógica de obstaculización de la procuración e impartición de justicia, Buscaglia lamentó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no se haya involucrado en las indagatorias sobre el financiamiento de campañas por parte de narcotraficantes.

Cártel de Sinaloa no pudo haber crecido sin el apoyo del “narcogobierno”

La protección gubernamental que recibió el Cártel de Sinaloa desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando era encabezada por Genaro García Luna pudo haber sido un factor determinante para el acelerado crecimiento nacional y global que experimentó desde 2008, cuando tenía presencia en 54 países, hasta hoy en día, que se encuentra operando en 82, expuso Buscaglia.

Sin embargo, asegura que “hay muchos García Luna en México”, tanto en los gobiernos estatales como municipales, que les permite a esta agrupación delictiva operar con impunidad.

“El Cártel de Sinaloa es la red criminal que más políticos tiene en el bolsillo en todo México Centroamérica y Sudamérica”, señaló.

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No obstante, las redes de complicidad van más allá de políticos y policías, ya que los cárteles de la droga necesitan de una logística empresarial para mantener sus operaciones delictivas trasnacionales.

En este sentido, consideró la red de contubernios que pudo haber tejido Genaro García Luna durante su labor en las corporaciones federales de seguridad pública debió haber abarcado a empresarios mexicanos prominentes, en particular, porque era el encargado de proveerles de guardias personales durante su gestión como titular de la SSPF.

Se hizo justicia en Estados Unidos, no en México

Durante la entrevista, Buscaglia recalcó que, al ser declarado culpable de tráfico de drogas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, se hizo justicia por sus delitos en Estados Unidos, pero no por los que cometió en México.

“Nunca se ha procesado la red criminal de García Luna que permitió que el Cártel de Sinaloa trabajara en México”, sostuvo.

De acuerdo con el experto, el tamaño de la operación actual del Cártel de Sinaloa y su actual capacidad de violencia no pueden entenderse hoy en día sin “la protección política mafiosa emanada desde la Presidencia de la República y desde el Congreso”.

Es por eso que Buscaglia considera que el sistema político mexicano de hoy en día puede ser catalogado como una “mafiocracia”.

Explicó que, como resultado, México contabiliza actualmente más asesinatos que en las guerras civiles de Yemen y Afganistán, así como más desapariciones forzadas que Chile, Argentina, Brasil y Uruguay juntas durante las dictaduras militares.

“El estado mexicano está compuesto por una delincuencia organizada interna que protege a toda esta gente desde adentro y encarcela a quienes intentan irse contra ellos”, expresó.

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