Tras caso García Luna, México necesita reconciliación por años de violencia: Mesa de Análisis

El caso de Genaro García Luna, quien fue hallado culpable por 4 cargos de narcotráfico y 1 por mentir a la autoridad, muestra que México debe enfrentar un proceso de reconciliación tras los años de la llamada “guerra contra las drogas”, que dejó miles de muertos y desaparecidos en el país, así como reconocer y combatir que el crimen organizado entrega dinero a campañas electorales y partidos políticos . Sin embargo, no existe voluntad política, pues un proceso así implica que los actores políticos pierdan el poder sobre los mecanismos de justicia

Así lo plantearon la periodista Anabel Hernández, el exconsejero electoral Alfredo Figueroa, el exprocurador Gabriel Reyes Orona y el activista Jacobo Dayán durante la Mesa de Análisis de este miércoles con Carmen Aristegui.

Aristegui señaló que García Luna no debe verse como un caso aislado sino que representa un sistema corrupto.

“Por eso hace  sentido hablar de cómo se debe procesar algo que le ha costado al país miles de personas asesinadas, miles de personas desaparecidas. Ese es el tema. O sea, García Luna es un hombre, un apellido, una figura, que no es un solitario que forma parte de una cosa sistémica y de eso estamos hablando. Si nos quedamos en la anécdota de un funcionario corrupto que quedó en la cárcel en Estados Unidos, estamos perdidos”, reflexionó Carmen Aristegui.

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Para Alfredo Figueroa, es necesario dar paso a un proceso de “memoria histórica”, en vez de que la sociedad se quede en un “festejo público” en contra del expresidente Felipe Calderón y su administración.

“Tendríamos que replantearnos, repensar, el dar lugar incluso a una discusión de memoria histórica y de un proceso de transición en esa lógica. Pero para eso se requiere la voluntad política del pueblo auténticamente representado en la gente y eso no lo tuvimos, no lo tenemos. Porque lo que tenemos es este festejo público de a ver qué dice Calderón”, consideró.

Sin embargo, a su juicio la respuesta publicada por el ex mandatario en su cuenta de Twitter, es insuficiente.

“Por supuesto que Calderón tendría que dar una respuesta mejor que la que ha dado en su comunicado, por supuesto. Es un actor político que debe dar cuenta de todas estas cosas y hacerse cargo, hacerse responsable. (…) Con claridad ,de frente, creo que es el momento de actuar, hablar de frente, y decir qué es lo que pasó: ¿Cuántas presiones recibe un Presidente de la República Mexicana para actuar en favor de un cartel y en contra de otro? ¿De quién es es esa política?”, cuestionó.

Figueroa consideró que el juicio de García Luna arrojó luces sobre la relación entre el crimen organizado y el gobierno mexicano, pero desgraciadamente esto no se ha visto reflejado en que instituciones en México y Estados Unidos estén trabajando en esa dirección.

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Por su parte, Jacobo Dayan, especialista en procesos de paz, habló sobre la falta de voluntad política que existe para implementar mecanismos extraordinarios de justicia, tal como la agenda de justicia transicional que se hizo en colectivo con ONGs, expertos nacionales e internacionales, víctimas y actores académicos en 2018.

Dayán mencionó que esta agenda, presentada a la senadora Olga Sánchez Cordero y al actual subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, fue rechazada y únicamente se han tomado medidas “extraordinarias” al caso Ayotzinapa.

A pesar de los repetidos esfuerzos, como la caminata de Cuernavaca a la Ciudad de México en enero de 2020, para impulsar la agenda de justicia transicional, esta continúa congelada en el Gobierno.

“Seguir pensando que la violencia y la impunidad extraordinaria se va a poder resolver con las instituciones ordinarias es abonar a la simulación”, dijo.

El investigador argumentó que la agenda no solo fue entregada a Sánchez Cordero y Encinas, sino también a la oposición en el Senado; pero, tampoco ha habido respuesta por parte de ellos.

“A toda la clase política le genera urticaria hablar de mecanismos extraordinarios de justicia y dejar de tener el control político”, dijo, pues eso supone perder “la forma en la que se ha hecho política en México”.

Por último, Jacobo Dayán agregó que el poder político pretende “mantenerse en el control aunque el autobús del país vaya al abismo”.

A juicio de Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal, el juicio contra García Luna fue hecho “quirúrgicamente” por los fiscales de Estados Unidos para mantener en la sombra el papel de las agencias de Estados Unidos.

“Los fiscales construyeron un caso quirúrgicamente diseñado para solamente hacer el contorno sobre García Luna y dejar en la sombra a los funcionarios de los Estados Unidos, de todas estas agencias que le daban caudales enormes, hasta el punto de las cuales nadie le exigió cuentas a García Luna de que durante más de una década se hicieron y se deshicieron operativos y se llevaron a cabo o dejaron de llevarse a cabo estrategias”, consideró Reyes Orona.

A su juicio, la narrativa del delincuente solitario es completamente inadmisible y, como ejemplo, señaló que el aeropuerto de la Ciudad de México era una terminal en la cual se hacía trasiego de drogas por órdenes de García Luna, pero hasta el momento no se ha investigado al director o los directores de  Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Por su parte, la periodista Anabel Hernández señaló que el veredicto de culpable en contra de Genaro García Luna habla de la colusión y complicidad entre crimen organizado y el gobierno mexicano, en el que nadie queda exento.

Incluso recordó que cuando el presidente López Obrador gobernaba la Ciudad de México, la capital era técnicamente un “bodega de cocaína” del Cártel de Sinaloa, el mismo que presuntamente protegía García Luna.