Defensores de derechos humanos repudian el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), recordó que el sacerdote tenía una orden de aprehensión vigente al momento de su asesinato, como parte de un proceso de ‘criminalización’ en su contra.

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Organizaciones de defensa de los derechos humanos en México condenaron el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el domingo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El religioso había recibido amenazas por su labor como impulsor de los procesos de conciliación y paz en Chiapas, particularmente en Pantelhó.
Pérez fue asesinado a balazos cuando abordó su vehículo tras salir de oficiar una misa en el barrio de Cuxtitali. Las primeras investigaciones apuntan a la autoría material de dos hombres en una motocicleta, que dispararon en contra de su camioneta en nueve ocasiones. Uno de los disparos lo alcanzó en la cabeza y le provocó la muerte, de acuerdo con el reporte forense.
‘El Estado mexicano lo criminalizó’: Centro Frayba
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de Chiapas (Frayba), expresó su “contundente condena por este crimen de lesa humanidad” y responsabilizó al Estado mexicano “por no prevenir, garantizar y proteger la integridad y vida del párroco Marcelo Pérez, así como por su tolerancia y aquiescencia hacia los grupos de la delincuencia que operan en Chiapas”.
En un comunicado, el centro llamó al Estado mexicano a que atienda las fuentes de amenazas y agresiones que recibió el sacerdote, al tiempo que criticó que no se tomaran medidas efectivas para garantizar su vida, seguridad e integridad.
Recordó que desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano la implementación de medidas cautelares en su favor, debido a las amenazas recibidas por parte del crimen organizado.
“Lejos de su protección el Estado mexicano lo criminalizó, fomentó el señalamiento en su contra y lo persiguió judicialmente mediante una orden de aprehensión”, señala.
“La ejecución del defensor Marcelo Pérez se da en un contexto de grave escalada de violencia contra la ciudadanía en todas las regiones de Chiapas, como parte de la estrategia de toma violenta del territorio nacional, necesaria en la actual etapa de reconfiguración del Estado mexicano”, apunta el centro.
“Quienes ejercen el poder desde hace décadas celebran hoy la muerte del Padre Marcelo”, menciona, al tiempo que considera que la “ejecución” del religioso “es una muestra más de la crisis de seguridad, graves violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad” que el propio Frayba ha denunciado por más de 35 años.
“Reiteramos la responsabilidad de los gobiernos estatal y federal por la ejecución extrajudicial del Pbro. Marcelo Pérez Pérez. El Estado mexicano por décadas ha apostado por la impunidad permitiendo la operación de entidades macro criminales como parte de la ‘gobernanza’ en un supuesto Estado democrático”, apunta, por lo que exige “verdad y justicia frente a este crimen mediante una investigación diligente de los autores materiales e intelectuales, tomando en cuenta su trabajo como defensor de derechos humanos y constructor de paz”.
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Tenía una orden de aprehensión vigente: Centro Prodh
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), recordó que Chiapas ha sido, “por más de diez años, el estado de la República con mayor población en situación de pobreza extrema multidimensional y por ingresos; al mismo tiempo, es uno de los estados con mayor porcentaje de población indígena”.
En ese sentido, las comunidades indígenas “enfrentan una alta vulnerabilidad, agravada por una ola de violencia que ha dejado una estela de pérdida de vidas y comunidades desplazadas. Además, la presencia de proyectos extractivistas es una amenaza añadida y continua a los territorios de pueblos originarios y al futuro mismo de las comunidades”.
Señala que este es el contexto en que, por más de 17 años, el padre Marcelo” trabajó en favor de la paz y los derechos colectivos de comunidades tsotsiles, tseltales, zoques y mestizas” y encabezó iniciativas pacíficas para “rechazar el alcoholismo, la violencia, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y el contubernio entre grupos políticos y el crimen”.
“Con valentía, el padre Marcelo señaló a las personas y grupos que, ejerciendo dichas violencias, rompen el tejido comunitario y vulneran el goce de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Chiapas. Además de la denuncia, su persistente labor consiguió la protección de grupos y personas amenazadas y la reconciliación entre grupos en un territorio azotado por conflictos de distinto signo”, menciona en un comunicado.
Además, enfatiza su contribución para pacificar el conflicto en el municipio de Pantelhó, tras la escalada violenta que supuso el asesinato del exdirector de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, en julio de 2021, y otros ataques armados.
“En esta situación, la labor de mediación del padre Marcelo -acompañando por más sacerdotes y religiosas- logró establecer un diálogo entre las personas desplazadas, el grupo de autodefensas, pobladores y autoridades. Este ejercicio tuvo como fruto la instalación de autoridades de acuerdo con el sistema normativo de las comunidades y el regreso de las familias desplazadas, así como la desactivación de las actividades armadas del grupo de autodefensas”, menciona el Prodh.
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“Este acuerdo no podría explicarse sin la fuerza que tiene entre las comunidades la figura y la palabra del padre Marcelo, sustentadas en su cotidiana defensa de las comunidades y su férrea creencia en la paz”, destaca.
Derivado de esta labor, en 2021 la Fiscalía chiapaneca le abrió una carpeta de investigación y solicitó una orden de aprehensión en su contra, que fue concedida por el Poder Judicial y que permanecía vigente al momento de su asesinato.
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Red TDT destaca ineficacia de mecanismos de protección
La Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), que integra a 87 organizaciones de derechos humanos en 23 estados de la república, se unió al “clamor de justicia y verdad ante el asesinato del Padre Marcelo Pérez”.
“Su compromiso inquebrantable con las poblaciones en riesgo y su firme lucha contra las injusticias en Chiapas lo convirtieron en un pilar fundamental de la comunidad en la lucha por la paz”, apunta en un comunicado, en el que destaca la “profunda rabia e indignación” con la que condena el crimen.
“Este crimen no sólo arrebata la vida de un líder espiritual y defensor de derechos humanos, también es símbolo patente del aumento de la violencia generalizada contra la población y la impunidad que asola el sureste mexicano, este situación la hemos denunciado en otras regiones de México sin que hasta hoy las autoridades responsables garanticen condiciones de protección a la vida e integridad de personas en riesgo en un contexto en donde el crimen organizado es perpetrador de asesinatos contra personas defensoras, periodistas y población en general”, dice el pronunciamiento.
“El asesinato del padre Marcelo cimbra los procesos de construcción de paz, defensa de los bienes comunes y la vida digna en México y América Latina, nuestra exigencia para que se esclarezca la ejecución del padre Marcelo se suma a las demandas urgentes de paz, justicia, restauración del tejido social, protección a la vida y verdad ante los crímenes cometidos frente a la violencia desbordada que hemos documentado en Chiapas”, enfatiza.
La Red TDT recuerda que diversas organizaciones civiles de derechos humanos hicieron llamados previos “denunciando la situación de riesgo que enfrentaba el Padre Marcelo, desde grupos delincuenciales que lo amenazaban hasta la propia Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) que el pasado 21 de junio de 2022 solicitó orden de aprehensión al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas”.
Señaló la “la ineficacia de los mecanismos de protección en México”, ya que el sacerdote contaba con medidas cautelares bajo el No. 506-14 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Resolución 30/2015, “ordenando al Estado Mexicano garantizar la vida, la integridad y seguridad”.
“Este crimen de lesa humanidad devela lo insuficientes que resultan estas acciones ante la creciente violencia en México”, dice, al tiempo que exige a las autoridades una investigación exhaustiva, que derive en la identificación y castigo a los responsables.
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Centro Minerva Bello pide que no haya impunidad
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, condenó “enérgicamente” el crimen y expresó su reconocimiento por la “integridad y compromiso” del religioso para “visibilizar las injusticias del pueblo”.
“Su partida es una enorme pérdida para las causas justas de los pueblos en Chiapas y de la región sur del país; sin embargo sus aportes se quedan con nosotros y seguirán contribuyendo la incansable lucha de igualdad, verdad y justicia ante las situaciones que lastiman nuestra sociedad”, menciona en un comunicado.
“Exhortamos al Estado Mexicano para que mediante sus instituciones, investigue estos hechos lamentables que privaron de la vida al Pbro. Marcelo Pérez Pérez y, este hecho no quede impune; que de forma interinstitucional acompañen con estrategias integrales para conocer la verdad sobre los hechos, con la finalidad de acceder a la justicia, garantizando el respeto a los derechos humanos y a la debida reparación integral del daño de los familiares; así como para la no repetición de estos hechos violentos que atentan con la vida y seguridad de la población”, apunta la organización civil.
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