Guanajuato cancela disculpa pública a víctimas de represión policiaca

El gobierno de León, Guanajuato, canceló este lunes la disculpa pública a mujeres víctimas de represión policiaca en 2020, a pocas horas de realizarse el acto, y decidió posponerla.

Las implicadas denunciaron a través de redes sociales que no fueron informadas sobre la cancelación, sino que que se enteraron a través de terceros.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional, que acompaña a las sobrevivientes, calificó los hechos como inaceptables y reiteró su apoyo a las mujeres.

En contraste, el Secretario de Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, quien dio a conocer la noticia por medio de su cuenta de X (antes Twitter), afirmó que se decidió posponer el acto para “llegar al consenso” sobre la reparación integral por los hechos ocurridos durante la manifestación del 22 de agosto de 2020.

“Estamos comprometidos con el trato igualitario y digno a todas las personas, especialmente a las víctimas, por ello decidimos posponer las disculpas públicas, con el ánimo de llegar al consenso para la reparación integral”, escribió.

Ante esto, la usuaria @nahelytt, que se identificó como una de las víctimas, contestó que no fue informada y reprobó los hechos.

“Que situación tan revictimizante, que falta de respeto a nosotras y a nuestro tiempo y dolor. No les importamos, solo sus protocolos”, lamentó.

A esto se sumó, la internauta @sofi_a_mar, quien también dijo ser víctima, que calificó la cancelación como “revictimización”.

Una disculpa pública es un pronunciamiento público que las autoridades dan como parte de la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas de violaciones a derechos humanos y/o sus familiares, comunidades, entre otros, explica Amnistía Internacional.

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“El contenido y la forma en que se da, debe acordarse con las víctimas y sus representantes para no revictimizar y porque es uno de los derechos de las víctimas”, subraya la organización.

De acuerdo con el reporte “México: La Era de las Mujeres”, realizado por Amnistía Internacional, durante la manifestación del 22 de agosto de 2020 en León, donde se exigió justicia en el caso de Evelyn, una mujer que denunció ser víctima de violencia sexual por parte de policías, se detuvo ilegal y arbitrariamente a por lo menos 9 personas, en su mayoría mujeres.

Las imputadas no cometieron delitos o infracción administrativa alguna, mientras que las autoridades no se identificaron frente a ellas, no les indicaron los motivos de la aprehensión, e hicieron uso innecesario y excesivo de la fuerza para su detención, señala el reporte.

Además, algunas mujeres fueron detenidas sin que siquiera hubieran participado en la manifestación.

En varios de los casos, la organización documentó uso excesivo de la fuerza, golpes, insultos y amenazas durante los arrestos y el traslado al Cepol Norte.

La mayoría de las víctimas eran mujeres y varias eran menores de entre 12 y 17 años.

Ante estos hechos, tres manifestantes presentaron una denuncia penal, mientras que 12 más, incluidas dos menores de edad, interpusieron una queja colectiva ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato por violación de sus derechos humanos.

Estas últimas también acudieron ante diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.