El régimen de Andrés y Claudia | Artículo de Héctor Tajonar

Por: Héctor Tajonar

El nuevo régimen político impuesto por López Obrador se consolida con el apoyo de la presidenta Sheinbaum. Él concibe, ordena y vigila; ella acata y opera.

La diarquía integrada por la presidenta constitucional y el exmandatario se define, sobre todo, por su complicidad para acabar con la institucionalidad democrática del país. La elección judicial ha confirmado la fuerza del maximato obradorista aunado, por supuesto, a la impunidad transexenal.

El jefe máximo, asistido por la mandataria en funciones, logró su propósito de estrangular a la incipiente democracia mexicana. Aseguró la supermayoría en el Poder Legislativo mediante la trampa y la extorsión gangsteril, y acaba de obtener el dominio del Poder Judicial a través de un escandaloso fraude electoral avalado por el INE.

La separación de poderes y todos los contrapesos institucionales han sido cancelados, al igual que el Estado de derecho. La democracia mexicana está a punto de ser aniquilada. La estrategia del mandamás cuatroteísta ha triunfado.

Adicionalmente, el dueño de “La Chingada” ha conservado el mando sobre la Fiscalía General de la República así como de las Fuerzas Armadas.

La fraudulenta y aberrante elección judicial desdeñada por el 90% de la ciudadanía fue  validada por el INE con una votación de 6 contra 5, a pesar de las irregularidades graves y generalizadas señaladas por los consejeros electorales.

El voto definitorio para la validación de la elección judicial fue el de la consejera Carla Humphrey, quien hizo un diagnóstico crítico y certero sobre las irregularidades del proceso electoral:  “Casillas con altísima participación ciudadana, el fenómeno oprobioso de las boletas sin señales de dobleces, la desaparición de los listados nominales de casilla, la misma caligrafía en diversas boletas con idéntica secuencia numérica, el robo de paquetes electorales enteros de los mismos domicilios de las presidencias de las mesas directivas de casilla y los acordeones a las puertas de las casillas o en redes sociales”. No obstante, votó a favor de la declaración de validez de la elección de la Suprema Corte. ¿Porqué cambió de opinión a última hora, acaso fue intimidada por alguien?

 La autoridad electoral estaba obligada a investigar quién ordenó, elaboró, pagó, imprimió y distribuyó los acordeones; sea con recursos públicos o privados.  Resulta ominoso que el INE se haya negado a investigar el origen de los acordeones que sin duda representaron el factor determinante en el resultado de la elección.

“En el 90.39 por ciento de las casillas obtuvieron la mayoría de votos entre tres y cinco candidaturas de dicho acordeón. En nueve de cada 10 casillas, la ciudadanía votó de forma idéntica en una boleta en la que había 38 candidaturas y 174 mil 420 combinaciones para votar”, (Ernesto Núñez Albarrán, Animal Político, 17/VI/2025).

Sólo esa escandalosa evidencia sería suficiente para anular la elección, debido a que revela que el voto de la mayoría que acudió a las urnas fue inducido, no libre. La decisión de anular la elección le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero la declaración de validez de la farsa electoral está garantizada por un tribunal que también recibe órdenes del demagogo supremo.

Las ministras y ministros de la Suprema Corte, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), así como las magistraturas de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya cuentan con su constancia de mayoría.

¿Cómo clasificar el adefesio engendrado por el cambio de régimen creado por la autodenominada cuarta transformación?

México ha transitado del autoritarismo presidencial a una autocracia constitucional militarizada. Una autocracia sui generis en la que el autócrata opera tras bambalinas a través de una interpósita presidenta. La dictadura perfecta se ha morenizado, adoptándola al populismo del siglo XXI.

La cima de la regresión autoritaria de la 4T será la destrucción del INE como institución electoral autónoma, así como la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se perfila como una Ley Censura.

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A ello se suma la Ley de la Guardia Nacional que consolida la militarización de la seguridad pública, además de fortalecer el poder político y económico de las Fuerzas Armadas; así como su función como instrumento de opacidad del gobierno y la narcopolítica. El espionaje militar también representa un grave riesgo.

Todo ha sido minuciosamente planeado. El tlatoani macuspano pepenó a su sucesora y con ella impuso su proyecto de gobierno transexenal (Plan C). La aberración continúa ante una ciudadanía pasmada y una oposición inexistente.

No puedo desearle parabienes al matrimonio de conveniencia que ha causado un daño irreparable al desarrollo político y civilizatorio de la nación.