Propone CEPAL impuesto al patrimonio ante altos costos de la pandemia

La aplicación de un impuesto al patrimonio ayudaría a impulsar la reactivación económica de las economías de la región y mitigar los efectos negativos de la pandemia, señaló la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena.

Luego de indicar que la crisis de la pandemia deja como secuela incrementos sustanciales de la deuda pública y los intereses asociados en los países de la región, citó el ejemplo de Estados Unidos, donde se propone un gravamen anual de 2% a personas con patrimonios netos de 50 millones a 1 mil millones de dólares, y de 3% a patrimonios mayores a 1 mil millones, y de 3 países de América Latina en los que ya se aplicaban un impuesto al patrimonio antes de la pandemia, en términos brutos en el caso de Argentina, y neto en el de Colombia y Uruguay.

El impuesto al patrimonio es parte de los impuestos a la propiedad y, por lo general, se aplica sobre el patrimonio neto que posee una persona, es decir, el valor de todos los bienes y derechos que posee y una vez descontadas las deudas.

Expuso que los planes de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria costaron en promedio 4.6% del PIB a los países de la región, por lo que países como Argentina, donde la deuda pública bruta del gobierno central equivale a 104.5% del PIB, aplica un impuesto extraordinario al patrimonio con el objetivo de financiar los costos de la pandemia a personas con activos superiores en alrededor de 2 millones de dólares, en tanto que Bolivia aplica un impuesto recurrente a las grandes fortunas para gravar a personas naturales con patrimonios superiores a alrededor de 4.4 millones de dólares.

Incluso en Chile, cuya deuda es de las más bajas como porcentaje del PIB en la región, hay un proyecto para implantar un impuesto por una vez a patrimonios superiores a 22 millones para financiar los costos de la pandemia, señaló Bárcena en la presentación En su informe sobre el Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2021.

“La expansión del gasto público para atender la crisis y la caída en la recaudación tributaria conllevó aumentos significativos en los déficits fiscales y en los niveles de endeudamiento en la región, alcanzando un nivel promedio de la deuda pública bruta de los gobiernos centrales de 56.3% del PIB. A su vez, la región es una de las más endeudadas del mundo y presenta el mayor servicio de la deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (59%)”.

Todavía en este 2021, los planes de emergencia para atender la crisis sanitaria costará en promedio 1.2% del PIB a los países latinoamericanos y caribeños, añadió Bárcena.

Por el lado de los ingresos fiscales, se requerirán cambios a la estructura tributaria para aumentar la carga impositiva, la progresividad y tener un mayor impacto en mejorar la distribución del ingreso, subraya el informe.

“La estructura tributaria en América Latina es muy regresiva”, subrayó la secretaria ejecutiva de la CEPAL.

Entre las opciones que propone la CEPAL para fortalecer los ingresos públicos y la capacidad redistributiva de la política tributaria está la eliminación de la evasión tributaria, que en 2018 se tradujo en incumplimientos tributarios por 325 mil millones de dólares, el equivalente a 6.1% del PIB regional.

También considera que los países de América Latina y el Caribe deben reducir, a través de acuerdos multilaterales, la evasión de corporaciones multinacionales y de personas físicas realizan mediante paraísos fiscales y traslado de beneficio, sumarse a convenios internacionales para establecer una tasa mínima global para el impuesto a la renta corporativa, implantar un impuesto “solidaridad” o a la riqueza, por ganancias sustanciales durante pandemia, para financiar la emergencia.

Así como evaluar gastos tributarios (3.7% del PIB) y reorientarlos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, aplicar impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados con problemas de salud pública y revisar y actualizar regalías de industrias extractivas.