Ordenan indemnizar a indígenas Alberta y Teresa
E Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sentencia reparar el daño a las indígenas otomíes acusadas injustamente por cometer un plagio de 2 policías federales.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional (AI), aplaudieron el fallo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) para reparar el daño a las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González.
Ambas mujeres fueron arrestadas en 2006 de acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en el estado de Querétaro, pero en 2010 fueron puestas en libertad tras un fallo de la Suprema Corte.
En un comunicado conjunto ambas organizaciones señalaron que esta decisión “genera precedentes en materia de reparación del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos”.
“El mensaje que hoy envía el máximo tribunal en materia administrativa del país, es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del estado posee un mecanismo para que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica por las afectaciones que les genera dicha acción por parte del Estado”, indicaron.
Explicaron que de acuerdo a la legislación internacional en materia de derechos humanos, la reparación del daño contempla la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción e implementación de garantías de no repetición.
Además de medidas que ordenan a las autoridades a ofrecer una disculpa pública e investigar y sancionar a los responsables de cometer las violaciones.
El Centro Prodh y Amnistía Internacional señalaron que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no cumple de manera integral con estas obligaciones, por lo que consideraron necesario el establecimiento de un mecanismo adecuado para la reparación integral del daño.
Sin embargo manifestaron que la decisión judicial “marca un hito en torno al papel que deben tener las instancias judiciales para garantizar a las víctimas el derecho a una indemnización por la actividad irregular del estado”.
(Con información de Notimex)
A continuación, el comunicado de Amnistía Internacional y el Centro Miguel Agustín Pro:
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