Black Wallstreet Capital demanda a gobierno de la CDMX por presunto robo de 70 millones de pesos

El empresario Juan Carlos Minero Alonso y sus representantes legales presentaron el pasado 15 de marzo una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el presunto robo de tres millones de dólares y 15 millones de pesos, equivalente a 70 millones 920 mil pesos al tipo de cambio de hace un año, durante el cateo realizado por elementos de la policía capitalina y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) en la sede de la empresa financiera Black Wallstreet Capital (BWC).

La demanda por responsabilidad patrimonial del Estado fue presentada ante la Secretaria General de la Contraloría de la Ciudad de México que encabeza Juan José Serrano.

La querella busca obligar al gobierno capitalino a que pague el dinero sustraído de la sede de BWC durante el operativo realizado contra la financiera el 15 de marzo del 2023, hecho que derivó en la detención de cinco personas, incluyendo al empresario Juan Carlos Minero, y su posterior liberación, tras evidenciarse que durante el operativo se sembraron armas en lugares en los que no estaban y presunta droga que resultó no serlo.

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Además, la demanda por responsabilidad patrimonial del Estado busca el pago de los daños ocasionados a la propiedad ubicada en la colonia Anzures y resarcir el daño moral sufrido por Juan Carlos Minero y su empresa.

Se trata del robo de más de 3 millones de dólares y 15 millones de pesos en efectivo que la financiera tenía en sus instalaciones y la fiscalía no reportó y lo sustrajo. Al momento de reportar el dinero asegurado, el Ministerio Público sólo entregó 168 mil dólares y no los 3 millones de dólares y 15 millones de pesos que Minero declaró como la cantidad asegurada desde un principio.

“En ese operativo las autoridades aseguran que incautaron 168 mil dólares, armas cortas y largas, así como presunta cocaína. Sin embargo, los peritos de la Fiscalía General de la República concluyeron que la sustancia no era droga, y las armas estaban legalmente registrada”, recordó un comunicado de Juan Carlos Minero.

De acuerdo con el juez que absolvió a los cinco detenidos el 15 de marzo del 2023, la mala actuación de la Fiscalía provocó un efecto corruptor en todo lo actuado, invalidando las acusaciones por lavado de dinero en contra de los cinco detenidos en las oficinas de Black Wallstreet Capital.

“Si ese cateo es la base de toda la acusación, no solo de los delitos federales, también es la base de la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo surge de una diligencia de cateo, se observa viciada, sí, se observa que va más allá de lo permitido, sí, y desde luego ¿qué pasa? Compartir el efecto corruptor que tiene la autoridad federal, si de origen todo ello está viciado, es evidentemente que toda la información que se obtiene, a la postre estará viciada”, concluyó.

La responsabilidad patrimonial de la SSC y la Fiscalía

Por lo anterior, Minero y sus representantes legales demandan a las autoridades capitalinas que se repare el daño que sufrieron tras el operativo del año pasado, destacando que toda actuación de las instituciones públicas, debe estar apegada a la legalidad.

“La responsabilidad del Estado se considera patrimonial, tanto en el ámbito exterior, como interior, cuando por su actividad llega a afectar los patrimonios y personas de los gobernados, quienes tienen un derecho público subjetivo a su favor, para exigir que sean reparados los daños causados por las actividades públicas, sea apegado a la legalidad o se actualice por un acto ilegal”, reiteró la defensa de Minero.

La defensa del dueño de BWC agregó que la demanda por responsabilidad patrimonial del Estado “es un medio auxiliar de la jurisdicción administrativa, siempre que los tribunales administrativos estén expresamente facultados para determinar que la ejecución de un acto administrativo causó daños y perjuicios en el patrimonio pecuniario y moral de un particular”.

Por lo anterior, solicitan que se condene al gobierno de la Ciudad de México y que se “pague este dinero sustraído ilegalmente, pues quien lo sustrajo son servidores públicos adscritos a la fiscalía capitalina y a la secretaría de seguridad ciudadana de la Ciudad de México”.

Cabe señalar que este proceso legal no alude a las investigaciones periodísticas que revelaron los vínculos que tiene la financiera Black Wallstreet Capital con individuos que se encuentran bajo investigación por formar parte de una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero que conecta a cuatro países (México, Colombia, España y Holanda) y dos continentes, revelada en noviembre de 2023 por Narcofiles, una investigación conjunta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab, Aristegui Noticias, Narcodiario y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).