La Constitución, el Informe y el cambio político en la Ciudad de México | Artículo
El Gobierno de la CdMx, que muchos presumieron que sería de izquierda o al menos progresista, ha sido rebasado por la derecha en el impulso a derechos sociales y a políticas de bienestar
Rogelio Muñiz Toledo
“Conseguimos que la Constitución quedara de tal modo redactada que se reconocieron las grandes líneas de política y convivencia que tendrán que desarrollarse”: Bernardo Bátiz Vázquez*
El pasado 17 de septiembre se cumplieron dos años de que entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México. A poco más de tres meses de que venza el plazo para que la totalidad del orden jurídico local quede armonizado con el texto constitucional y a pesar de que desde hace meses las autoridades debieron implementar todos los sistemas y programas establecidos en ella, el déficit en la promulgación de sus leyes reglamentarias y en su implementación, es aún muy grande.
El injustificado retraso en el cumplimiento del mandato de la Asamblea Constituyente sobre la implementación de los sistemas y programas que establece la Constitución se explica, en primer lugar, por el desdén mostrado por la Jefa de Gobierno al texto constitucional y, en segundo lugar, porque Claudia Sheinbaum no ha sabido cómo superar el reto que representó para el ejercicio de gobierno la entrada en vigor de la Constitución.
No lo ha superado porque no supo transformar el reto que implica la implementación del proyecto de ciudad contenido en la Constitución, en la oportunidad de encabezar un gobierno progresista que encauzara el cambio de régimen y desarrollara las “grandes líneas de política” para la Ciudad de México.
No podrá superarlo mientras siga viendo a la Constitución como un obstáculo para su administración y no como la “carta de navegación” para el ejercicio del poder público y para el proceso de cambio político de la capital de la República, como la caracterizó la diputada Dolores Padierna en la sesión solemne de la Asamblea Constituyente para la firma y expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Para superar el reto sería necesario que Claudia Sheinbaum comprendiera el carácter transformador de la Constitución y abandonara el empeño de conducir su administración al margen del mandato de cambio contenido en ella; impulsara su reglamentación e implementación en lugar de apoyar reformas para aplazar el cambio de régimen; y asumiera que, como lo señaló el presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, al rendir el informe sobre el desarrollo de los trabajos de esta, la aprobación de la Constitución abrió “un nuevo camino, una nueva forma de ver y entender a una sociedad diversa, plural y participativa y una nueva forma de ver el futuro y de concebir las esperanzas de nuestra querida Ciudad”.
Durante los casi dos años de la administración de Claudia Sheinbaum no solo se han dejado de desarrollar las “grandes líneas de política” que establece la Constitución para la Ciudad de México sino que, como lo he documentado in extenso en este espacio, deliberadamente se ha retrasado el cambio político en la Ciudad de México y se ha dado marcha atrás en derechos sociales cuyo ejercicio se había garantizado desde hace muchos años en la Ciudad.
En su relación con los poderes federales, la administración de Claudia Sheinbaum no ha hecho valer plenamente la autonomía de la Ciudad de México. No ha demandado para la Ciudad la asignación del fondo de capitalidad que de conformidad con el artículo 122 constitucional le corresponde en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos; ha dado un tibio e ineficaz impulso a la aprobación en el Congreso de la Unión de las leyes de capitalidad y de desarrollo metropolitano para el Valle de México, que debían haber entrado en vigor el mismo día que la Constitución de la Ciudad de México; e incluso ha subordinado el ejercicio de derechos sociales reconocidos en la Constitución local, a las directrices del gobierno federal.
Resulta revelador que en ninguno de sus dos informes de labores se haga referencia al cambio de régimen, a la implementación de la política social, ni a la puesta en marcha de los sistemas de bienestar social y desarrollo económico distributivo y de cuidados que ordena la Constitución como eje del proyecto de justicia social basado en la dignidad humana, una más justa distribución del ingreso, la erradicación de la pobreza y la igualdad sustantiva.
La supresión de los programas de transferencias monetarias a las personas mayores o con discapacidad y a los estudiantes de educación media superior, que desde hace muchos años garantizaban el ejercicio de derechos sociales en la Ciudad de México, y que fueron reconocidos en la Constitución local en 2017, así como las graves omisiones en que ha incurrido al no implementar los mecanismos para hacer efectivos el derecho al cuidado y al mínimo vital, para asegurar una vida digna a todas las personas, son solo algunos ejemplos del contumaz incumplimiento de la obligación de la actual administración de la Ciudad de México de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales.
En la coyuntura actual, la eliminación de esos programas sociales y la ausencia de los mecanismos para hacer efectivos los derechos al cuidado y al mínimo vital han impedido a las y los habitantes de la Ciudad de México acceder a apoyos sociales que les hubieran permitido enfrentar en mejores condiciones la crisis económica derivada de la pandemia, lo que agravará aún más la disminución de los niveles de bienestar de la población.
Ante el desinterés de la actual administración de la Ciudad de México por las políticas progresistas que deben implementarse para hacer efectivo el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución local, ha sido la derecha parlamentaria la que ha abanderado y salido en defensa de los derechos sociales cuya efectividad han impedido las políticas regresivas de Claudia Sheinbaum.
La actual administración de la Ciudad de México, que muchos presumieron que sería de izquierda o al menos progresista, ha sido rebasada por la derecha en el impulso a los derechos sociales y a las políticas de bienestar. La reivindicación de los derechos sociales reconocidos en la Constitución local, cuyo ejercicio no se ha garantizado por la administración de Claudia Sheinbaum, seguramente será el eje de la plataforma electoral de las oposiciones en el 2021.
Para lograr el cambio de régimen en la Ciudad de México y para garantizar la efectividad de sus vanguardistas derechos, no basta con estar a cargo de la administración pública, es necesario asumir plenamente el ejercicio del poder ejecutivo con respeto a los principio rectores que establece la Constitución. Para desarrollar el proyecto de cambio que establece la Constitución para la Ciudad de México, no basta con administrar las dependencias y entidades de la administración pública, es necesario gobernar haciendo uso del arte de la política.
* Fue coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México
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