México ante la estupidez del (medio) siglo | Artículo

Antonio Salgado Borge

Se necesita contar con un entendimiento muy corto o con una perversidad muy larga para defender, durante cincuenta años, algo que no tiene sentido en principio, que no funciona en la práctica y que desgracia cotidianamente las vidas de millones de personas.

Pero esto es lo que ha ocurrido con una de las políticas que más ha transformado para mal al mundo y, de manera muy especial, a nuestro país: la mal llamada “guerra contra las drogas”.

Esta semana se cumplen cinco décadas desde que Richard Nixon planteó la idea radical de que era necesario enfrentar al problema de las drogas como una guerra. Ya sea por falta de entendimiento o por exceso de perversidad, esta idea resultó una estupidez mayúscula. Tres puntos fundaméntales nos ayudan a ver por qué es este el caso.

1) El costo es demasiado alto. Es evidente que no todas las batallas valen la pena. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar con tal de ganar la “guerra contra las drogas”?

Es un hecho bien documentado que el control de rutas y puntos estratégicos para el tráfico ilegal genera violencia descarnada en los países de tránsito. Esta violencia se manifiesta brutalmente en forma de asesinatos, atentados, levantones; pero también en el deterioro de nuestro tejido social.

No me detendré en este punto, pues considero que a estas alturas es sobradamente conocido en México. Lo que importa para efectos de este análisis es que el costo en términos de vidas y daños sociales de la guerra resulta muy superior al del consumo que esa guerra quiere evitar.

Lo que me interesa subrayar aquí es un costo menos discutido: el combate bélico al consumo y tráfico de drogas tiene como resultado la privatización de ganancias multimillonarias, que podrían ser públicas mediante impuestos.

Para ser claro, los cárteles sí pagan “impuestos”, pero lo hacen en forma de sobornos, cuota o utilidades que se van directamente a la bolsa de las autoridades encargadas de combatirles.

A su vez, este esquema genera un incentivo perverso. Y es que es fácil ver que, por ejemplo, para un gobernador “x” o un legislador “y” puede resultar mucho más lucrativo mantener el actual estado de cosas que pugnar por un cobro de impuestos regulado.

En consecuencia, un costo adicional de la guerra, visible en las elecciones que recién han concluido, es la degradación de nuestros gobiernos.

En contraparte, cientos de miles de millones de pesos podrían ingresar a las arcas públicas por concepto de impuestos si las drogas estuviesen reguladas. Es fácil ver los beneficios sociales que esto generaría, pues de no haber “guerra” estos impuestos podrían ir destinados a sectores como la salud, la educación o la energía.

2) La guerra contra las drogas no funciona en la práctica. Si vamos a invertir tanto tiempo, recursos y vidas para lograr un fin, al menos debemos saber qué buscamos conseguir. ¿Por qué tendríamos que combatir el tráfico y consumo de algunas sustancias? En teoría, para evitar su consumo.

El problema es que, tal como el caso del México que nos legó Felipe Calderón ejemplifica con claridad, el consumo de drogas puede incrementarse en paralelo a las estrategias bélicas supuestamente radicales.

Y es que, cuando se revisa con detenimiento el fenómeno de consumo, es claro que la idea de que una “guerra” es la mejor forma de reducir el consumo de drogas no tiene pies ni cabeza.

Por ejemplo, el mercado de drogas “de diseñador” hace prácticamente imposible que la regulación, y por ende la “guerra”, se mantenga al día. Algunas empresas modifican componentes de las drogas que comercializan lo suficiente como para que estas evadan el marco legal.

Esto ha generado la venta de “sustitutos” de drogas como la mariguana que son mucho más peligrosos que la droga original, pero que pueden venderse libremente en las calles. También se puede comprar legalmente los componentes de alguna droga por separado y ensamblarla en casa.

A ello hay que sumar que en Estados Unidos quizás la principal crisis en materia de consumo de drogas ocurre en el sector legal. En este país se ha producido una epidemia de consumo de opioides que son vendidos con receta médica. Mientras tanto, en México las personas en sectores más vulnerables recurren a sustancias legales, pero tremendamente nocivas, como el thinner.

Lo anterior deja en claro que, por mucho que alguien pueda oponerse al consumo de drogas, la “guerra contra las drogas” no ha podido ni podrá abonar al objetivo que supuestamente la ha detonado.

3) La guerra contra las drogas ni siquiera tiene sentido en principio. ¿Por qué algunas drogas deben ser legales, pero otras no? En teoría porque se debe evitar el consumo de sustancias peligrosas.

Aunque las drogas han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, fue apenas en 1912 cuando, por vez primera, se generó un esfuerzo multinacional por prohibir el tráfico de sustancias narcóticas: la Comisión Internacional del Opio. Muchas de nuestras intuiciones actuales se derivan de aquel acuerdo.

Pero estas intuiciones son incorrectas en un buen número de casos. Consideremos como ejemplos paradigmáticos de droga legal al alcohol y de droga ilegal al LSD y a los hongos alucinógenos -ambos psicotrópicos-

Es tentador responder que el alcohol es menos peligroso que las otras sustancias. Sin embargo, de acuerdo con un influyente estudio publicado por la revista The Lancet, el LSD y los hongos son menos peligrosos que el alcohol tanto en términos de la salud del individuo que los consume como en términos del daño y costo que este individuo representa para la sociedad. Lo mismo ocurre con otras comparaciones entre sustancias legales e ilegales -aunque, claro está, no con todas-.

Nuestros criterios para prohibir unas sustancias y permitir otras están basados en generalizaciones, prejuicios puritanos y creencias ignorantes. Por ejemplo, en “las drogas” caben sustancias que no son equiparables, como los hongos y la heroína. Además, suele considerarse más nociva aquella sustancia que más placer produzca a su usuario.

SI realmente queremos prohibir drogas con base en su peligrosidad, entonces tendríamos que despedirnos de algunas sustancias que hoy son consumidas abiertamente y dar la bienvenida a otras que son perseguidas y satanizadas.

A lo anterior tenemos que sumar que actualmente se permite la venta de un buen número de sustancias que no son drogas pero que son sumamente dañinas para sus consumidores y para la sociedad en que viven. Por ejemplo, el consumo frecuente de algunos refrescos, frituras o pastelitos puede lesionar severamente la salud de una persona y, en consecuencia, implicar un alto costo para la su familia o para la sociedad por servicios de salud.

Esto es, al menos tal como está planteada actualmente, la idea de que hay que mantener la guerra contra las drogas porque es necesario combatir sustancias peligrosas es un claro sinsentido.

Es momento de hacer un corte de caja. Hemos visto que la guerra contra las drogas no tiene oportunidad de ser ganada en la práctica y no tiene sentido en principio. Esto tendría que ser suficiente para suspenderla de inmediato. Sin embargo, cincuenta años después, seguimos a grandes rasgos atorados en la misma dinámica.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mandado señales que tímidamente anuncian que entiende que este el caso. Y lo ha hecho, me parece, reconociendo el segundo de nuestros tres puntos mencionados arriba: la guerra contra las drogas no funciona en la práctica

Por ejemplo, el gobierno actual ha hecho lo correcto al quitar el foco de la atención del tránsito de sustancias y de la confrontación armada que inició, imperdonablemente, Felipe Calderón.

También parece entender el componente humano y social de este desastre. Incluso, según sus críticos, ha sido demasiado incluyente con algunos cárteles -si este fuese el caso, estaríamos ante una lógica similar a la que constituyó al PRI: pacificar incorporando a estos grupos al reparto del pastel político-.

Sin embargo, cuando se consideran los tres puntos mencionados arriba, es claro que estos pasos son informales e insuficientes. El gobierno no ha querido o no ha podido abordar de frente el primero y el tercero de nuestros puntos.

Para ser claro, el gobierno de AMLO no parece aceptar que seguir jugando a la guerra tiene un costo altísimo por todo lo que se deja de ingresar a las arcas públicas, por la concentración de este dinero en pocas manos y por el deterioro de los gobiernos. Tampoco ha dado pasos para reconocer que la idea misma detrás de todo el concepto de la guerra es un sinsentido.

Esto sería posible a través de una amnistía y de una regulación comprehensiva formales, como las que se nos prometieron durante la campaña electoral de 2018.

Desconozco si estas omisiones se deben a falta de entendimiento o exceso de perversidad. Lo cierto es que mientras no se aborden con la seriedad que merecen seguiremos, de una forma u otra, arrastrados por la dinámica de una estúpida guerra.

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