Violando lo sagrado: La privatización de las aguas de los pueblos indígenas (Artículo)

Por Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns

A 500 años de la llegada de los soldados extractivistas a nuestras costas, armados con cañones y cruces, presenciamos ahora una nueva etapa de invasión. Hoy los extraños trepan hasta las cumbres más remotas, con concesiones mineras o petroleras en mano. Miden la topografía. Hacen encuestas, compran funcionarios, dividen los pueblos. Penetran el subsuelo, mandan a matar. Y todos ansían agua. ¿Qué hacer?

Frente a la lógica mercantil de los invasores, las culturas originarias todavía reconocen el agua como sagrada dadora de vida. Organizan faenas para reforestar los cerros. Llevan flores, veladoras, oraciones y cantos a los ojos de los manantiales. Forman collares de sistemas comunitarios de agua a lo largo de los arroyos y ríos para mantenerlos limpios y vivos. Y han puesto sus vidas—según el informe de CEMDA de noviembre pasado, 82 de los 125 defensores del agua y el ambiente asesinados en la última década han sido indígenas.

Según el Artículo 2 constitucional y los instrumentos internacionales firmados por México, los pueblos indígenas tienen el derecho a administrar y cuidar, según sus propias culturas y formas de gobierno, las aguas en los territorios que habitan u ocupan. Sin embargo, hasta la fecha el Estado mexicano no ha generado un mecanismo para reconocer estos territorios, dejando sin efecto estos derechos.

Todos nos beneficiamos del profundo compromiso de los pueblos con las aguas en sus territorios. De acuerdo con E. Boege, el 25% de nuestras aguas provienen del 14% de los territorios habitados por pueblos indígenas. Al reforestar y vigilar contra los taladores, las mineras y otros destructores, ayudan a mantener el caudal ecológico y a prevenir la contaminación y las inundaciones. Son los guardianes de las aguas de la Nación.

La Conagua no solo ha rehusado reconocer los derechos de los pueblos sobre sus aguas, sino que ha utilizado las vedas de manera discriminatoria para negárselos. Mientras que otorgó 500 mil concesiones en casi todo el país a pesar de las vedas, a los Cucapah, en Baja California; al pueblo originario de Mixquic, en el Valle de México, a las comunidades del sur de Puebla y de los Valles Centrales de Oaxaca, entre muchísimos más, la Conagua utilizó el pretexto de las vedas para no permitir el registro de sus derechos a las fuentes tradicionales.

Frente a fuertes cuestionamientos de su sistema de concesiones violatorio de derechos humanos y colectivos, la vieja guardia de la Conagua ha ingeniado un decreto presidencial que pretende sea firmado el 22 marzo, Día Mundial del Agua, el cual facultaría a la Conagua para otorgar “títulos de asignación colectiva”, equivalentes a 150 litros por día por persona indígena, para así “darles seguridad jurídica” para sus necesidades básicas.

De lograr esto, la vieja guardia estará palmeándose las espaldas detrás del escenario por haber abierto el camino para el concesionamiento masivo de aguas en zonas vedadas, justo a tiempo para la puesta en marcha de “Conagua en Línea,” la nueva encarnación del proyecto “Conagua Digital” tan rotundamente rechazado por legisladores y por la población en general en octubre del año pasado.

Hasta que logremos una Ley General de Aguas que sienta las bases para el buen gobierno del agua, se requiere de un programa de emergencia para hacer respetar los derechos de los pueblos a sus aguas frente a las crecientes amenazas externas.

En primer lugar, se requiere cumplir con la palabra de Andrés Manuel López Obrador y reestablecer las vedas levantadas por los decretos de Enrique Peña Nieto. Complementariamente, se requiere emitir reglamentos actualizados para todas las vedas del país, para que nos protejan efectivamente contra la sobreexplotación, a la vez que incorporen los mandatos de las reformas a los artículos 1, 2 y 4 constitucionales en materia de derechos humanos y colectivos.

Urge contar con un mecanismo para reconocer los territorios dentro de los cuales los pueblos ejercerán sus derechos a administrar y cuidar sus aguas, así como una manera de registrar y hacer respetar los reglamentos de sus asambleas al respeto.

Para hacer efectivo de manera inmediata el compromiso presidencial contra la fracturación hidráulica, se necesita que la Conagua cancele sus Lineamientos emitidos en agosto 2017 autorizando el uso de aguas nacionales para este fin. Dichos Lineamientos representan un riesgo inmediato a la integridad de las aguas y territorios indígenas de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Y por supuesto, se requiere cancelar “Conagua en Línea” o cualquier otro intento de facilitar el acceso a nuestras aguas nacionales antes de contar con una Ley General de Aguas que cumpla con las garantías constitucionales.

Los pueblos indígenas no sólo han sobrevivido cinco siglos de embate, sino están avanzando en la construcción del buen manejo y buen gobierno hídrico en las principales zonas proveedoras de agua del país. No necesitan dádivas, sino el compromiso nacional de defender conjuntamente con ellos, sus guardianes, los territorios desde donde nacen nuestras aguas.