CNDH emite recomendación por masacre de 2011 en Allende, Coahuila

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR), al gobierno de Coahuila, a la Fiscalía General de ese estado y al presidente municipal de Allende, por la masacre ocurrida ese municipio en 2011 a manos del grupo delictivo “Los Zetas”, con apoyo de la policía local.

El 18 de marzo de aquel año, un grupo de sicarios ingresaron a Allende, en la frontera con Texas, para buscar a un supuesto traidor, bajo la orden de “levantar” a todas las personas de apellido “Garza” para matarlos. También se ordenó a 20 policías locales no salir a patrullar ese día ni responder a llamados de auxilio, de acuerdo con la investigación del Colegio de México (Colmex), “El yugo Zeta”.

Aún se desconoce el número exacto de muertes; según la versión del gobierno del estado hubo 28 víctimas, en el estudio del Colmex se contabilizaron 42 y Ginger Thompson dio cuenta de 60 muertos y desaparecidos. De acuerdo con el estudio, la “venganza Zeta” también ocurrió en el municipio de Piedras Negras, donde al menos 40 personas fueron puestas de rodillas y ejecutadas a balazos.

En un comunicado, la CNDH informó que contó con elementos para acreditar graves violaciones a los derechos humanos derivadas de aquellos hechos, cometidas no solo por integrantes del grupo delictivo, sino también por servidores públicos.

La Comisión determinó que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Allende violó la legalidad, seguridad jurídica y la libertad personal al realizar detenciones arbitrarias de 34 personas, así como la privación ilegal de la libertad de cinco menores de edad.

Apuntó que se quebrantó la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de 38 personas, incluidos tres menores de edad, y de diversos pobladores del municipio, atribuible al grupo delictivo en complicidad con la policía local.

El organismo indicó que hubo violaciones a los derechos humanos derivado de los allanamientos, saqueos y daños a diversas casas ubicadas en Allende, así como el allanamiento al rancho “Los Garza”, también con la autorización y apoyo de elementos de Seguridad Pública municipal.

Asimismo, la CNDH señaló violaciones al derecho a la verdad y a la debida procuración de justicia, derivado de las omisión o imprecisiones en los informes proporcionados por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia (PGR) sobre los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011.

También recalcó el incumplimiento de la función persecutoria de los ilícitos cometidos en agravio de 14 personas, así como la dilación e integración irregular de tres actas circunstanciadas y dos averiguaciones previas, iniciadas por la desaparición forzada de 38 personas.

Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación la PGR para iniciar una investigación en contra de servidores públicos y particulares involucrados.

Al gobernador de Coahuila y al presidente municipal de Allende, la CNDH recomendó colaborar con la PGR en la denuncia interpuesta por el organismo contra servidores públicos por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada.

Pidió reparar de manera integral los daños a las víctimas indirectas, afectadas por la desaparición forzada de sus familiares, la cual contemple una disculpa pública. De igual manera, propiciar las condiciones para que las víctimas de desplazamiento forzado puedan regresar.

También solicitó al gobierno del estado implementar, en no más de seis meses, acciones a través de políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad, y fortalecer mecanismos de participación ciudadana, que permitan escuchar a la población y atender problemáticas relacionadas con el tema de seguridad pública.

En tanto, recomendó a la Fiscalía General de Coahuila que se continúe con la integración de la indagatoria para determinar la identidad de las víctimas de las 219 muestras biológicas susceptibles de análisis que fueron encontradas, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan y en su caso, se ejercite acción penal contra los presuntos responsables.

Además, se dé cumplimiento a las órdenes de aprehensión giradas contra tres sujetos, involucrados en diversos hechos delictivos cometidos al interior del Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, Coahuila y colabore con la presentación y seguimiento de la queja contra los agentes del Ministerio Público que participaron en la integración de tres actas circunstanciadas y dos averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos ocurridos en Allende.

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