Peña y López, la dupla impune | Artículo por Héctor Tajonar

Por Héctor Tajonar.

El pacto establecido en 2018 entre los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador estuvo basado en un trueque pragmático e inocultable: tú no obstaculizas mi victoria electoral y yo no te meto a la cárcel cuando sea presidente.

Ambos mandatarios mantuvieron su palabra. El priísta cumplió con creces. Para facilitar el triunfo del morenista acosó judicialmente al candidato de la coalición Por México al Frente (PAN,PRD,MC) y nombró como abanderado del tricolor a un candidato poco competitivo.

En reciprocidad, López Obrador hizo malabares para garantizar la impunidad de Peña, prototipo de la corrupción política, a pesar de que el eje de la oferta de campaña del morenista fue precisamente combatir la corrupción del pasado y abatirla durante su mandato. Ocurrió lo contrario.

El acuerdo clandestino se mantuvo como un secreto a voces durante el sexenio pasado. Hoy ha recobrado su importancia política y mediática debido a un presunto soborno de 25 millones de dólares “invertidos” por dos empresarios israelíes en Peña Nieto para que su gobierno les diera millonarios contratos, entre ellos la compra del software espía Pegasus, también utilizado por López Obrador.

El arreglo inconfesable entre los dos gobernantes podría ser constitutivo de delitos graves. Tanto infracciones electorales, al haber vulnerado la equidad y limpieza de la contienda en 2018; cuanto faltas penales, tales como complicidad en la corrupción a gran escala y obstrucción de la justicia para impedir que el mexiquense fuera investigado, juzgado y, en su caso, sancionado por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El pacto con Peña se ha mantenido oculto debido a que constituye una prueba irrefutable del fracaso ético del macuspano y de su fantasiosa “cuarta transformación”.
Desnuda al verdadero López Obrador como un presidente que mintió, robó y traicionó a México.

En la crítica situación por la que atraviesa el país, recuperar el tema es importante por sus repercusiones jurídicas, políticas, así como para enfrentar las amenazas del gobierno de Donald Trump.

La confabulación con su antecesor nos conduce a otro contubernio de AMLO: el pacto prohibido con el Cártel de Sinaloa; sumado a la cálida permisividad de los abrazos brindados al resto del crimen organizado.

Los dos pactos de López Obrador, con Peña Nieto y con el Cártel de Sinaloa, representan los más grandes agravios contra la dignidad nacional en la historia reciente de México y, sin duda, constituyen una imperdonable traición a la patria. Como tales, no pueden permanecer impunes.

Amnistía a corruptos

La estrategia del supremo demagogo para evitar que su antecesor fuera juzgado por la corrupción que caracterizó al gobierno peñista demuestra la eficacia manipuladora de López Obrador, quien hizo de la propaganda política el instrumento primordial de su narrativa para ejercer un poder presidencial autoritario con claras tendencias dictatoriales.

Dicha estratagema fue planeada minuciosamente durante mucho tiempo. Recordemos que en agosto de 2016, siendo precandidato presidencial, López Obrador ofreció una “amnistía anticipada” a quienes hubieran cometido delitos de corrupción. En una ponencia titulada “Cambio y porvenir de México. Una visión hacia 2018”, expuso: “Nada ha dañado más a México que la corrupción política… En forma categórica expreso que cuando triunfe nuestro movimiento no habrá impunidad.”

La contundencia de ese pronunciamiento fue sucedido por su intento de justificar la “amnistía anticipada”, mediante una divagación delirante: “A pesar del gran daño que le han causado al país y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie. Declaramos esta amnistía anticipada porque lo que se necesita es justicia, no venganza. No odiamos a nadie”.

La corrupción del lenguaje es la principal herramienta de la demagogia obradoriana, ejemplo insuperable de la llamada posverdad. La justicia es la aplicación de la ley; aplicarla no es venganza ni odio, tampoco rencor, represalias o persecución. Evadir la ley tiene un nombre: impunidad.

El desvarío para justificar la amnistía a corruptos prefigura los despreciables pactos de López Obrador con su predecesor y con el Cártel de Sinaloa.

La impunidad transexenal

Con el propósito de justificar la irresoluble contradicción entre su oferta de abatir la corrupción y al mismo tiempo cumplir con el pacto para garantizar la impunidad de Peña Nieto, el jefe máximo de la 4T ideó una estrategia doble: Una operada por la Fiscalía General de la República (FGR) y otra procesada en la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

En 2020, Emilio Lozoya, ex director de Pemex y encargado de asuntos internacionales durante la campaña presidencial de Peña Nieto, fue acusado por la FGR de recibir al menos 10 millones de dólares de la empresa constructora Odebrecht a cambio de contratos de Pemex; así como de la compra irregular de la empresa Agronitrogenados.

Desde su inicio, el proceso estuvo plagado de irregularidades. El acusado está ahora en prisión domiciliaria sin que se le haya dictado sentencia y sin que haya sido citado a declarar al ex presidente Peña Nieto, a quien Lozoya inculpa como responsable de los delitos que a él le imputan. Todo indica que el juicio es una farsa ordenada por López Obrador para ejercer su impunidad selectiva en beneficio de su predecesor.

La segunda artimaña concebida por el macuspano fue convocar a una consulta popular sobre la pertinencia de juzgar a los expresidentes por presuntos actos de corrupción y otros delitos. La razón para justificar su decisión fue tan aberrante como la consulta misma: “No quiero que el conservadurismo hipócrita y corrupto señale que yo estoy vengándome. No es mi fuerte la venganza.” Tras una vergonzosa sesión de la Suprema Corte presidida por Arturo Zaldívar, se resolvió la constitucionalidad de esa consulta popular (Cortesanía, cantinflismo y regresión, Aristegui Noticias, 5/X/2020).

El desinterés de la ciudadanía por dicha consulta fue evidente, solo acudió a las urnas un 7% del electorado; de ellos, el 90% votó a favor de que sí se juzgara la presunta corrupción de los exmandatarios. Sin embargo, el resultado no fue vinculante. López Obrador se salió con la suya, la farsa sirvió para justificar la impunidad de Peña Nieto.

Una de las características inamovibles del sistema político mexicano, de ayer y hoy, es la regla de oro de la sucesión presidencial durante la hegemonía del PRI: olvidar la corrupción pasada, para permitir la corrupción presente. Garantizar la impunidad en materia de corrupción del presidente saliente, a fin dar rienda suelta a la corrupción del mandatario entrante.

Eso es lo que rescató López Obrador, que se había comprometido a terminar con la impunidad transexenal, pero después prefirió contar con total libertad para ejercer la corrupción sin límites. ¿Por qué Peña sí y yo no? Así surge su codicia de poder y riqueza, acompañada de la narrativa de superioridad moral: “Nosotros somos distintos”, “para mí la política es un imperativo ético”, “emprenderé la transformación de la vida pública de México”.

Ello revela que López Obrador y Peña Nieto comparten el mismo ADN político, proveniente del añejo presidencialismo priista. A lo largo de casi un siglo, dicho ADN se ha ido enriqueciendo y depurando. Sus elementos esenciales son invariables: corrupción, autoritarismo, demagogia y cinismo. Una mezcla contagiosa, inmune y, al parecer, inmortal.

Imbuida del mismo ADN político, la dupla impune tiene varias características comunes, así como diferencias. Ambos son expertos en el histrionismo y la simulación, aunque difieren en su calidad actoral. Al ser un invento de Televisa, la actuación de Peña Nieto requiere de teleprompter, es acartonada y falsa.

En contraste, López Obrador es un actor consumado, seguidor de la creación del personaje propuesta por Stanislavski; así como de Grotowski, que recomendaba imbuirse en el personaje hasta identificarse con él. AMLO se identifica con un personaje, creado por él mismo: un prócer de la patria, impoluto e infalible. He ahí su megalomanía.

La mercadotecnia política es básica para el dueto inmune. La idiosincracia del tabasqueño, se deriva del nacionalismo revolucionario cardenista; mientras que el mexiquense es hijo del grupo Atlacomulco y la visión de que “un político pobre es un pobre político”. A la frivolidad del encopetado, corresponde la perversidad del cuatroteísta.

El espectro ideológico del PRI es tan amplio como el de Morena. En los sistemas de partido hegemónico las luchas intestinas entre facciones y camarillas definen el juego político a costa de la democracia, claro.

Además de Peña, AMLO dotó de impunidad plenaria a Manuel Bartlett e Ignacio Ovalle, entre otros ilustres priístas.

Hermandad en la corrupción

El inventario del dueto de virtuosos en materia del chanchullo es amplio y disonante. De Peña son inolvidables la Casa Blanca y otros enjuagues con el Grupo HIGA, Odebrecht, la Estafa Maestra, OHL y la Operación Safiro, mecanismo de desvío de recursos públicos y lavado de dinero coordinada por Peña Nieto, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones y César Duarte para inyectar los fondos a campañas electorales del PRI, entre 2015 y 2016. El monto de recursos malversados se calcula en 550 millones de pesos. El caso fue sepultado en la Suprema Corte el 11 de octubre de 2023 (El País, 24/X/2023).

El hartazgo social contra el priismo peñista es un factor decisivo para explicar el triunfo electoral de López Obrador en 2018; sumado, claro, a la ayudadita que le brindó el propio Peña como parte del pacto con su adversario gemelo.

Hay casos en los que están implicados los dos integrantes del dúo intocable. La revista israelí The Marker publicó un reportaje que disecciona la relación de los empresarios israelíes Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah con el entonces presidente Peña Nieto para obtener contratos millonarios, entre ellos la compra de Pegasus, instrumento de espionaje también usado por López Obrador.

La FGR ha ofrecido abrir una carpeta de investigación sobre este caso. ¿Prosperará? Es poco probable porque si fuera citado Peña a declarar, López Obrador se vería implicado y eso es algo que tanto el fiscal Gertz como la presidenta Sheinbaum evitarán a toda costa.

Existe otro nombre que vincula al dúo fatídico. Se trata de José Miguel Bejos, empresario muy cercano y compañero de golf del ex presidente Peña Nieto, quien pasó a ser el mayor contratista en el sexenio de López Obrador. En 2024 sus contratos superaron los 104 mil millones de pesos, por encima incluso de Carlos Slim (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad/MCCI).

Muchos pensábamos que el grado de corrupción alcanzado durante el peñanietismo era difícil de superar. ¡López Obrador lo logró! Así lo indica el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, correspondiente al año 2024. Este es un breve recuento de los casos de corrupción, hasta ahora impunes, registrados durante el gobierno del fundador y dueño vitalicio de la inefable cuarta transformación:

Segalmex, que duplicó el desfalco de la Estafa Maestra (15 mil millones de pesos contra 7 mil millones de pesos); el enorme escándalo y negocio multimillonario del huachicol, que AMLO aseguró haber aniquilado; el huachicol fiscal; los sobre costos incalculables del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Tren Transítsmico, así como del Aeropuerto Felipe Ángeles; los cuatro mantenidos en la opacidad porque son considerados “asuntos de seguridad nacional” por las Fuerzas Armadas, responsables y beneficiarias de todos ellos.

La militarización impuesta por López Obrador es un barril sin fondo de corrupción a gran escala causada por la opacidad de las actividades empresariales asignadas a las Fuerzas Armadas que, por supuesto, gozan de impunidad perpetua.

La putrefacción política invadió las entrañas de Palacio Nacional durante el sexenio pasado. Hijos, hermanos, así como otros parientes y allegados, como “Nico” Molliendo, están involucrados en escándalos de presuntos casos de corrupción que se mantienen inmunes e impunes. Asimismo, el conflicto judicial entre el Asesor Jurídico de la Presidencia y el Fiscal General de la República permanecerá como una mancha indeleble de corrupción monumental, protagonizada por el círculo más cercano al expresidente López Obrador.

A ello hay que agregar la narcorrupción que involucra al crimen organizado, a las Fuerzas Armadas y a los tres niveles del Poder Ejecutivo, así como a sectores del empresariado. Hasta ahora, ese océano de podredumbre ha quedado impune, debido a que algunos de los que tendrían que denunciarlo y sancionarlo están nadando en sus aguas. El contubernio exige silencio.

El caso del general Cienfuegos sigue abierto el Departamento de Justicia estadounidense. El combate a la narcopolítica, considerada como terrorismo, es prioritaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump posee abundante información acerca del vínculo evidente y abominable del crimen organizado con los gobiernos de México durante décadas. Dicho conocimiento será enriquecido por las revelaciones de Ovidio Guzmán y hermanos, Ismael “El Mayo” Zambada, así como de Rafael Caro Quintero y la veintena de líderes del narcotráfico que fueron entregados a las autoridades estadounidenses.

El tsunami por venir es consecuencia de la monumental corrupción mantenida en ominosa impunidad por los gobiernos mexicanos de ayer y hoy. Petrificada ante el sol negro de la narcopolítica, la actual administración pretende taparlo con un dedo.