Aprueba el Senado una ley forestal de avanzada (Artículo)

Por @RaulBenet

Después de un año y medio de debates y análisis, en el que participaron organizaciones civiles y académicos, conjuntamente con la Comisión Nacional Forestal, además de una participación destacada de varios senadores de diversos partidos, y particularmente el liderazgo en todo el proceso de la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, senadora Silvia Garza, este martes el pleno del Senado aprobó la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

Si bien debió haber un proceso de consulta más amplio, es de celebrar que en la nueva ley se hayan incluido finalmente puntos tan importantes como un Programa de manejo forestal comunitario como un instrumento de política, así como una obligación de fomento por parte del estado mexicano.

Este tema, que había sido demandado por las organizaciones sociales y de la sociedad civil, es muy importante porque la mayor parte de los bosques y selvas mexicanas pertenecen a comunidades indígenas, ejidos y comunidades agrarias, y la mejor estrategia para promover la conservación de los bosques y el bienestar de sus comunidades es a través de un manejo sustentable de sus recursos por parte de las comunidades.

Por el mismo motivo es muy importante que se hayan establecido en la nueva ley las provisiones para el desarrollo de todo un sistema de salvaguardas sociales y ambientales basado en los principios de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, que en la ley anterior estaba restringido sólo a servicios ambientales.

Este sistema, que aún hay que detallar en el reglamento, permitirá establecer las bases para instrumentar el derecho a la Consulta Indígena, que hasta la fecha ha carecido de un marco legal y un protocolo efectivo que garantice su legitimidad y representatividad.

Durante estos meses, diversas organizaciones comunitarias y de productores, así como de la sociedad civil y académicos habían planteado la necesidad de mantener un órgano de participación social fuerte y con atribuciones de vigilancia y supervisión, y esta demanda de las organizaciones fue finalmente atendida por los legisladores, restituyendo al Consejo Nacional Forestal y a los Consejos Estatales sus funciones de vigilancia y supervisión de la política forestal y estableciendo la obligatoriedad por parte del gobierno de consultar a dicho órgano para todos los asuntos de política forestal.

El Consejo Nacional Forestal se recupera así como un consejo de participación social de avanzada, con atribuciones obligatorias, vinculantes, y se establece un precedente para que otros sectores cuenten con órganos de participación que permitan la vigilancia y la supervisión de las políticas por parte de la sociedad civil. Algo similar ocurre con el Comité Mixto del Fondo Forestal, al que se logró restituir de las funciones que se habían perdido en la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados. En una siguiente oportunidad habría que dotar a este Comité Mixto de mayor transparencia y representatividad como el órgano de gobernanza del Fondo Forestal Mexicano.

Un asunto crucial que había sido señalado por organizaciones de la sociedad civil como un serio riesgo de corrupción, opacidad y conflictos de interés, era la transferencia de atribuciones de los actos de autoridad de la Semarnat a la Conafor. En la minuta que había sido aprobada, la Semarnat perdía la autoridad de emitir y revocar permisos de aprovechamiento forestal, y se le transfería dicha autoridad a la Conafor.

Señalamos en su momento que se perderían los necesarios pesos y contrapesos entre las funciones de autorización y de fomento, y por otro lado señalamos que con este nuevo recorte a la institución ambiental se reforzaba la política de desmantelamiento de la Semarnat como cabeza del sector forestal, como antes ocurrió con la pesca.

Es conocido que la Semarnat no ha jugado un gran papel en el fomento al manejo forestal, y eso debe ser corregido, pero no quitándole sus funciones y otorgándoselas a una Conafor, que dudosamente tendría la capacidad de mejorar esa situación y manejar de manera eficiente dichas autorizaciones, y con el grave riesgo de consolidar prácticas obscuras y ampliar espacios a la corrupción y el conflicto de interés.

La ley aprobada recupera las funciones de la Semarnat y desecha la intención de transferirlas a la Conafor. Es necesario y urgente fortalecer las capacidades de la Semarnat para mejorar su gestión en las autorizaciones y actos de autoridad, pero el haberlas transferido a la Conafor habría sido un error de graves consecuencias.

Muchos otros temas propuestos en el seno del Consejo Nacional Forestal por las organizaciones y académicos, incluyendo al Colegio de Ingenieros Forestales, a la Red Mocaf, a Reforestamos México, al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, al CCMSS, fueron incluidos en la nueva ley. Se logró un gran énfasis en los derechos de las comunidades indígenas y en los derechos comunitarios y ejidales, un abordaje profundo de la participación de mujeres y jóvenes en las actividades forestales y en el acceso a los beneficios derivados de éstas, una mejor regulación, más ágil y eficiente, un enfoque ecosistémico integrado, un mayor fomento y apertura a la asistencia forestal, y varios temas de avanzada, tales como un enfoque de manejo integrado de los agentes disruptivos, como el fuego y las plagas.

En el proceso destaca la apertura tanto de la Comisión Nacional Forestal y su dirección jurídica, y de la propia Semarnat, como de los legisladores y los equipos técnicos de las comisiones para alcanzar esta nueva ley, y es necesario destacar también el papel que jugó la senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, quien tuvo un liderazgo muy importante a lo largo de todo el proceso, y particularmente la brillante defensa que hizo durante la sesión de aprobación de la ley en el Senado.

Gracias a ella, así como a los senadores Alejandro Encinas y Froylán Esquinca, entre otros, se logró obtener un cien por ciento de votos a favor del manejo forestal comunitario y de las demás propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. También es de reconocer la apertura de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y de su equipo técnico, que tuvieron la sensibilidad y la sensatez de escuchar a las organizaciones e integrar sus demandas.

Es importante que este tipo de leyes sean consultadas ampliamente, y es particularmente loable que esta ley finalmente siente bases para establecer un marco de leyes reglamentarias que permitan la implementación del Convenio 169 de la OIT en materia de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas y equiparables.

Si bien hizo falta una consulta más amplia, el proceso de esta ley muestra la importancia, utilidad y viabilidad de la participación de la sociedad, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en la creación de un marco jurídico más legítimo, sólido y útil para enfrentar los retos y problemas que enfrenta nuestra nación, en particular en el ámbito rural.

Como toda ley, seguramente se abrirán debates, se generarán situaciones imprevistas y sin duda surgirán problemas, por lo que habrá que revisarla y actualizarla, pero considero que constituye un avance importante. El nuevo reto es trabajar en el reglamento de la ley, que permita aterrizarla de manera efectiva.

No todo es miel sobre hojuelas. Ahora mismo se está tratando de aprobar en la Cámara de Diputados una nueva ley relacionada con hidrocarburos y medio ambiente, la llamada Ley ASEA, hecha a la medida de las empresas beneficiarias de la reforma energética interesadas en la obtención de gas a partir de la fractura hidráulica, el dañino fracking.

El órgano consultivo colegiado que contempla esa ley cierra las puertas a la sociedad mientras las abre al sector energético privado y a las empresarios beneficiados por las reformas estructurales de Peña Nieto.

El país se beneficiaría muchísimo si todos los legisladores tomaran en cuenta los aprendizajes en el proceso de la ley forestal y escucharan a la sociedad en lugar de imponer leyes regresivas y generar continuamente conflictos ambientales y sociales que además enturbian y restan legitimidad a los procesos legislativos.