Nuevos casos de espionaje: atacan a abogados del Centro Prodh

Dispositivos del director y de la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, fueron infectados con el programa Pegasus, el software espía que solo es vendido a gobiernos para perseguir delitos, pero que en México ha sido utilizado contra defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos.

El Centro Prodh, fundado hace 25 años, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos. En su fase de litigio ha participado en los casos Ayotzinapa, Guardería ABC, Mujeres de Atenco, Pasta de Conchos, Tlatlaya, Alberta y Teresa, entre muchos otros.

Los directivos del centro fueron blanco de al menos cinco infecciones alrededor de junio, julio y septiembre de 2022, según un dictamen emitido por Citizen Lab que se publica este día.

Los teléfonos de las víctimas de espionaje recibieron una alerta de Apple en diciembre de 2022, notificando que habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.

Santiago Aguirre fue atacado con Pegasus en el año 2016, por lo que fue sujeto de espionaje ya en dos sexenios, durante la administración de Enrique Peña Nieto (PRI) y ahora de Andrés Manuel López Obrador (Morena).

Estos casos se suman a una larga lista de personajes de la esfera pública que han sido blanco del sistema de espionaje en México; no se conoce la cifra exacta de víctimas, pero las revelaciones de #PegasusProject apuntan que solo en un periodo entre 2016 y 2017 más de 50 mil números fueron ingresados al sistema de NSO Group, sin que el Estado mexicano haya cesado el uso del programa.

El último seguimiento ilegal apunta directamente al Ejército Mexicano. Las comunicaciones del activista Raymundo Ramos fueron seguidas por el Centro Militar de Inteligencia, que es el usuario final del programa de espionaje que vende NSO Group mediante intermediarios en México, aunque legalmente la Sedena no tiene facultades legales para realizar estas operaciones, coinciden expertos en la materia. 

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La evidencia recolectada por Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social Tic, el propio Centro Prodh y medios como Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político apunta que es precisamente el Ejército mexicano el que utiliza esta herramienta, incluso sin haber solicitado ni una sola orden judicial.

Los elementos disponibles hacen al Centro Prodh llamar a cuentas al Ejército. En un pronunciamiento que se publica hoy apuntan que este tipo de espionaje, “en contextos de exigencia de verdad y justicia, así como de denuncia de la militarización, da cuenta de una institución en creciente empoderamiento y sin controles adecuados, resistente a rendir cuentas y que funciona bajo lógicas poco democráticas, sin subordinación al orden civil, lo que confirma las consecuencias para los derechos humanos y para la democracia de la profundización de la militarización que actualmente vivimos”.

Seguimiento ilegal a los defensores de derechos

Una revisión realizada por el Centro Prodh indica que alrededor de las fechas de infección sus representantes estuvieron involucrados en la defensa y vocería de casos de alto impacto en materia de derechos humanos.

Entre los casos estaba el acompañamiento de la denuncia por el homicidio de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, en Cerocahui (20 de junio).

En una de las fechas aproximadas de infección, los abogados del Centro Prodh habían participado en el evento que se realizó en el Campo Militar número 1 sobre el Mecanismo de Esclarecimiento de casos de la Guerra Sucia, el 22 de junio.

 Centro Prodh: infecciones Pegasus y derechos humanos

El centro Prodh considera “especialmente grave” la repetición de actividades de espionaje contra su organización, pues “evidencia el interés de quien lo comete de interferir en el legítimo trabajo de defensa de derechos humanos, acompañamiento a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y exigencia de verdad y justicia”.

Afirman que la impunidad en casos de espionaje ha permitido la reiteración de casos, pues la Fiscalía General de la República “ha fallado en que los responsables del espionaje rindan cuentas por la adquisición y uso de Pegasus, mostrando la falta de voluntad y capacidad técnica para deslindar responsabilidad en uno de los casos con mayor cobertura internacional”.

Espionaje sin control

Aristegui Noticias ha documentado la compra y el uso de este tipo de programas desde 2014, cuando se dio a conocer un contrato del Ejército por 5 mil millones de pesos para la compra de Pegasus.

En 2016 y 2017 comenzó a surgir evidencia de que el gobierno ha utilizado el malware para seguir las comunicaciones de periodistas, activistas y políticos. 

Las revelaciones de #PegasusProject en 2021 le dieron una dimensión masiva al espionaje; entre los 50 mil números ingresados al sistema de NSO Group se apreciaron todos los contactos cercanos del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, de gobernadores, periodistas de medios nacionales y reporteros locales, como Cecilio Pineda, quien fue asesinado días después de las actividades de seguimiento.

Políticos de todas las banderas, personajes de la sociedad civil y miles ciudadanas y ciudadanos han sido blanco del sistema de espionaje sin ningún tipo de sanción. 

Las últimas revelaciones del caso #EjércitoEspía fueron abordadas por el presidente López Obrador ante la insistencia de la prensa, pero sin ofrecer respuestas a las denuncias de ilegalidades y abusos.

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