Policías ejercieron tortura sexual en Atenco para reprimir, no como hecho aislado: peritaje

Los policías y otros funcionarios públicos que agredieron sexualmente a mujeres durante el operativo realizado en San Salvador Atenco en mayo de 2006 no lo hicieron como un hecho vandálico o aislado sino que buscaban reprimir y utilizaron todos los métodos a su alcance, incluida la violencia sexual, concluyó la perita Julissa Mantilla.

La experta peruana en violencia sexual realizó un peritaje que presentó el jueves 16 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en audiencia pública analiza el caso de tortura sexual ejercida por policías mexicanos contra mujeres que fueron detenidas entre el 3 y 4 de mayo durante un operativo realizado en San Salvador Atenco, Estado de México.

Julissa Mantilla recibió preguntas de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las denunciantes, así como de los propios jueces de la Corte Interamericana y de funcionarios del Estado mexicano, quienes se dedicaron a preguntarle si conocía acciones que ha realizado el gobierno federal en temas de género como los Centros de Justicia para la Mujer, pero sin referirse más de tres ocasiones al caso Atenco.

Rosalinda Salinas, de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Miriam Heredia, de Asuntos Internacionales de la PGR, y Uriel Salas, de la Cancillería, hicieron a la experta internacional preguntas como “¿Sabía usted que el protocolo que guía el actuar ministerial, policial y pericial contempla dentro de sus directrices la observación general 19 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer (Cedaw) así como la concepción de violencia contenida en la Convención de Belem do Pará? ¿Qué opinión le merece?”.

Miriam Heredia continuó con ese tipo de preguntas y cuestionó a la experta si sabía qué capacitaciones da el Estado mexicano para la implementación del protocolo de actuación ministerial, policial y pericial, a lo que Julissa Mantilla respondió: “No, mi peritaje tiene que ver con la debida diligencia en la investigación en general en este caso, pero si usted me quiere compartir el conocimiento sería interesante”.

Silvia Serrano, experta legal de la representación de la CIDH, preguntó a la especialista si consideraba que el haber iniciado la investigación de los hechos de violencia sexual ejercida por policías varios días después de la denuncia afectó la debida diligencia.

Mantilla respondió que aunque parezcan pocos días, cuatro o cinco días de retraso en la investigación de delitos sexuales sí afectan la debida diligencia, además de que los exámenes realizados a las víctimas en la cárcel donde estuvieron detenidas, así como los realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no fueron adecuados.

El juez argentino Eugenio Zaffaroni consultó a la experta por las características “tumultuarias” y “grupales” de los hechos denunciados, a lo que ella respondió que “los funcionarios que participan no lo hacen como un hecho vandálico o aislado. Lo que estaban buscando era reprimir y utilizaron todos los métodos. La violación sexual se usa también para reprimir, para sancionar, para atacar”.

“La gravedad es no haber previsto esa circunstancia. Es imposible pensar que en una operación de fuerza donde va a haber mujeres implicadas no va a haber violencia sexual”, continuó.

Posteriormente en un intercambio con la jueza Elizabeth Odio Benito ambas coincidieron en que, si bien México y otros países han firmado tratados y convenciones que los obligan a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ésto no ocurre.

“México ha hecho muchos progresos pero lo de erradicar no lo veo por ningún lado“, dijo la juzgadora costarricense.

Julisa Mantilla acotó que no es un problema de normatividad, “los estándares están listos, el problema es que no se hace una transformación de la circunstancia que facilita la violencia”.

“Claro, porque no hay voluntad política del patriarcado“, concluyó la jueza.