Apuesta Aguirre Abdó por auditar a INRA mediante procesos judiciales

Juan Aguirre Abdó, director de Grupo Radio Centro, informó que buscará que se auditen los procesos de medición de audiencias por la vía judicial, aprovechando las demandas que presentó INRA, la agencia medidora cuyos ratings están en disputa.

El director de INRA, Luis Mercader, anunció en #AristeguienVivo que demandaría a Francisco Aguirre por descalificar sus procesos de medición de ratings radiofónicos.

Este miércoles, Aguirre Abdó confirmó que ya fueron notificados de una demanda y esperan que les llegue otra en los siguientes días.

Afirmó que el inicio de estos procesos legales es una buena noticia, porque tendrán la oportunidad de definir, por la vía judicial, quién tiene la razón en el debate sobre medición de audiencias y la metodología de trabajo.

“Me parece que es una gran noticia, porque nos da la oportunidad de, en términos judiciales, procedamos para que nuestra defensa consista en que los tribunales ordenen una auditoría, es decir que no dependa de la voluntad del señor Mercader, sino de una auditoría ordenada por tribunales”.

Dijo que no están de acuerdo en un arreglo extrajudicial para finiquitar el juicio, como lo mencionó Luis Mercader en una entrevista citada por el propio Aguirre Abdó, porque dijo que están dispuestos a llegar hasta el fondo del asunto.

En la Mesa de Análisis, Alfredo Figueroa, ex consejero electoral, comentó que este proceso legal es una extraordinaria oportunidad para definir la importancia de las mediciones de audiencia y el reparto de dinero público para propaganda.

Figueroa dijo que es posible que con este proceso se ordene auditar a las empresas medidoras de audiencias y que el resultado final sea que el Estado por fin tenga a la mano cifras confiables para repartir presupuesto.

Gabriel Reyes Orona, exprocurador Fiscal de la Federación, dijo que la querella es una muy buena noticia porque permitirá conocer los mecanismos internos de medición de audiencias.

Dijo que el proceso se puede complementar con una demanda de peculado que ayude a determinar cómo se entregó el dinero público a empresas de comunicación, aunque reconoció que los criterios establecidos por las instituciones de procuración de justicia complican que se sancione a funcionarios en específico.

POLÍTICA DE MEDIOS

Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona y Juan Aguirre coincidieron en que la Política de Comunicación Social que anunció el gobierno de López Obrador es un paso positivo para democratizar las relaciones entre empresas de comunicación y el Estado mexicano.

Reyes Orona dijo que la política de medios es magnífica, pero le falta precisión y límites claros.

Durante la mesa de análisis destacó el objetivo de esta acción de gobierno: dejar de transferir fortunas a medios de comunicación para comprar coberturas favorables.

Alfredo Figueroa sostuvo que aún falta definir con claridad la regulación de publicidad oficial en leyes y reglamentos, pero sostuvo que la política anunciada hoy es un avance y va en el sentido correcto de la democratización de la relación entre medios y poder.