El último grito de los hidrosaurios: Elena Burns

Por Elena Burns

Estamos en un momento crítico para el futuro del agua en la Cuenca de México. ¿Será que los intereses de siempre, los “hidrosaurios”, nos lleven al colapso? ¿O prevalecerá a tiempo una colaboración gubernamental-ciudadana en torno al buen gobierno del agua? La moneda está en el aire.

La era de los “hidrosaurios” se inició en México en 1989, con la fundación de la Conagua, y se consolidó en 1992 con la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), ambas bajo la autoría de Fernando González Villarreal, quien, con su hijo, encabeza hasta la fecha la dinastía hidrosáurica. Instruyen a los funcionarios del partido en turno, en amarres con la gran hidrocracia constructora y concesionaria, presidida por Carlos Slim.

Bajo su dominio, el agua es “bíznes”, con moche, y lo único que importa es captar cuantiosos recursos públicos para obras magnas de cuestionable valor. No les importa el sobreconcesionamiento de las cuencas y acuíferos ni el acaparamiento, ni las fugas ni el huachicoleo, ni el abandono de las estaciones hidrométricas, ni la contaminación, ni la distribución inequitativa en las ciudades. Entre más descontento, mejor: están posicionados para convertir cualquier crisis social en la justificación para otra megaobra mal concebida.

En este momento, habiendo contribuido a la actual crisis hídrica de la Cuenca de México, los funcionarios hidrosaurios buscan arrinconar al Presidente para que se comprometa con un gran proyecto transexenal. Le presionan para que “él decida”, si se traerá el agua de Puebla, Hidalgo, Morelos, Veracruz o Temascaltepec, sin presentarle alternativas más sensatas. Le urgen a aprobar, antes de las elecciones, otro gran proyecto, como lo fue el Sistema Cutzamala (cuyo bombeo cuesta 3 mil millones de pesos, mmdp, al año) o como el Emisor Oriente (que costó 50 mmdp, para poder construir un aeropuerto en el principal almacén de agua de lluvia de la cuenca).

Por otro lado, afortunadamente, van emergiendo las bases para el Buen Gobierno del Agua: gente a nivel local que siempre se ha preocupado por el agua como un bien común; ingenieros brillantes quienes conocen al fondo las obras fallidas de la corrupción; abogados convencidos que otro México es posible.

En este momento, este conjunto de personas con otra visión han encontrado cabida en el Gobierno del Estado de México, el cual por fin está en manos de gobernantes que buscan que las comunidades y los territorios que rodean a la CDMX sean respetados, y que las obras hidráulicas metropolitanas garanticen la seguridad hídrica.

Proponen empezar con lo obvio: poner fin inmediato al huachicoleo del agua, cancelar las concesiones irregulares de los “millonarios del agua”, dejar de entregar agua potable para el riego de campos de golf. Lanzan campañas ciudadanas-gubernamentales frente al derroche y la colusión entre valvulistas y piperos. Proponen recuperar el 40% del agua que se pierde en fugas, y eliminar el asbesto a la vez, al insertar tubería inflable a las líneas primarias sin romper el pavimento.

Sobre todo, proponen reorganizar el agua en el territorio a través de una serie de reservorios, “parques del agua”, en donde el sol, el viento y los humedales servirán para regenerar las aguas pluviales y tratadas, para su posterior potabilización. En vez de traer agua de fuera, proponen invertir en el ordenamiento hídrico en torno a las grandes zonas lacustres: Guadalupe-Zumpango; Tláhuac-Xico; Texcoco; Xochimilco-San Gregorio, Río de los Remedios.

Cualquier de los trasvases bajo consideración costaría entre 20 y 50 mmdp, tardaría 4 a 10 años en realizarse, requerirán negociaciones con cientos de núcleos agrarios y gobiernos locales y tendrían costos de operación exorbitantes. Mientras tanto, el proyecto Lago Zumpango junto con el reemplazo de mil km de líneas primarias y el refuerzo al Sistema Cutzamala con las aguas tratadas de las macroplantas de Toluca proveerían 8 m3/s adicionales el año entrante, a un costo de 14.8 Mmdp (de los cuales ya se cuentan con 7 Mmdp, con 6 Mmdp más en Fideicomiso 1928). Este caudal representa el 53% de lo que proveía Cutzamala.

Los proyectos de regeneración no solo suministrarán “agua para siempre” a bajo costo, sino que servirán para lograr el saneamiento, prevenir inundaciones, frenar la expansión urbana no sustentable, restaurar ecosistemas y proveer oportunidades para el recreo. Al evitar la generación de gases de efecto invernadero, serían elegibles a ser financiados con bonos de carbono.

En este momento la batalla es desigual, dado que los intereses y las inercias institucionales están al servicio de los hidrosaurios y sus amos. La Conagua está invirtiendo frenéticamente en la elaboración de pre-proyectos de cada uno de los trasvases arriba mencionados, mientras que la Comisión del Agua del Estado de México está con las manos atadas porque sus recursos, requeridos para sus propuestas, están secuestrados en el Fideicomiso 1928.

En la ausencia de una discusión pública, y faltando un análisis costo-beneficio por parte de la Unidad de Inversiones de la SHCP, no hay garantía que la decisión que se tome para la Cuenca de México sea suficientemente fundamentada.

Pase lo que pase ahora, pronto o tarde es previsible que gane el Buen Gobierno del Agua sobre los hidrosaurios, porque el costo, la conflictividad y la poca eficacia de sus “soluciones-parche” les están restando legitimidad. La ciudadanía ya está exigiendo abrogar la LAN a favor de una Ley General de Aguas que ordene y eficiente los usos del agua, y que elimine la discrecionalidad en las decisiones sobre obras. Que griten y pataleen los hidrosaurios: Solo la vía de la sustentabilidad tiene la capacidad de perdurar.

Elena Burns es asesora en temas de agua.