Rechazados: El costo humano de las nuevas políticas migratorias | Artículo por Eunice Rendón

Por Eunice Rendón

Esta semana se presentó el informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre el contexto migratorio actual y el impacto de las políticas de Estados Unidos en la región. Desde enero de 2025, las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump —como el cierre de vías para solicitar refugio, la suspensión abrupta del sistema de citas CBP One, el refuerzo militar en la frontera y la imposición de políticas restrictivas y persecutorias— han generado un efecto dominó en toda América Latina.

Países de Centro y Sudamérica han replicado o endurecido prácticas como detenciones arbitrarias, dispersión forzada de campamentos, trabas burocráticas al refugio y devoluciones sin garantías mínimas.

El impacto más visible está en México, que se ha convertido en un territorio de estancamiento migratorio. Solo entre enero y mayo de 2025, más de 82 mil personas se encontraban en situación irregular y, para junio, se acumulaban 36 mil solicitudes de refugio, con picos de hasta mil en un solo día.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) opera con recursos recortados, personal insuficiente y procesos cada vez más lentos, lo que deja a miles de migrantes atrapados en un limbo legal y social.

A ello se suma la ausencia de políticas públicas en los países de origen que garanticen retornos seguros, la carencia de documentos de identidad y la falta de opciones legales para permanecer en México, empujando a muchos a quedarse en condiciones precarias o a volver por rutas controladas por el crimen organizado.

Aunque los flujos migratorios entre el Darién y México se han reducido, persisten factores como la violencia, la exclusión y la falta de oportunidades económicas que siguen impulsando la movilidad humana. Ante ello, muchas personas han comenzado a buscar destinos alternativos, aun si eso implica atravesar territorios hostiles o exponerse a redes criminales.

En este panorama, MSF ha demostrado ser una de las organizaciones internacionales más útiles y necesarias. A diferencia de muchas agencias, no depende de fondos del gobierno estadounidense y ha logrado mantener su independencia financiera y operativa, lo que le permite actuar con neutralidad y llegar a zonas clave.

Entre enero de 2024 y mayo de 2025, brindó casi 17 mil consultas individuales de salud mental, muchas derivadas de eventos violentos como tortura, secuestro, extorsión, robo y explotación sexual, y atendió a cerca de 3 mil víctimas de violencia sexual.

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El endurecimiento de las políticas migratorias en 2025 provocó un repunte de casos severos de depresión, crisis de ansiedad y estrés postraumático, lo que confirma la urgencia de contar con capacidades especializadas y sostenidas.

 Durante la presentación del informe, personal de MSF compartió testimonios de personas migrantes varadas, dispersas o escondidas por miedo a la estigmatización y la persecución. El recorte de ayuda internacional y el cierre de programas humanitarios han reducido el acceso a albergues, atención médica y asistencia legal, dejando a muchas de ellas en colonias periféricas controladas por grupos criminales, con escasos servicios básicos y alto riesgo de violencia.

La externalización de los controles migratorios estadounidenses hacia México ha convertido al país en una zona de contención donde miles permanecen sin opciones viables de avanzar o regresar.

La militarización, la criminalización de la migración y las barreras al refugio no solo violan el derecho internacional, sino que exponen a las personas migrantes a contextos de alto riesgo, agravando su vulnerabilidad física y psicológica. Detrás de cada decisión política hay realidades humanas: familias separadas, niños no acompañados, sobrevivientes de tortura o violencia sexual.

Los gobiernos de la región tienen la obligación legal y moral de dejar de castigar a quienes buscan seguridad, ofreciendo rutas seguras, legales y humanas que prioricen la protección y la dignidad sobre la disuasión y el control.

Para lograrlo, es necesario construir alianzas con la sociedad civil y organismos internacionales que cuenten con experiencia y capacidad en la materia. MSF puede ser un socio clave para el Estado mexicano en la atención a personas migrantes, aportando su capacidad para fortalecer protocolos de atención, identificar casos vulnerables y responder rápidamente en crisis humanitarias.

Integrar su experiencia al trabajo de las instituciones nacionales sería un paso estratégico para mejorar la protección y asistencia en un contexto de creciente presión migratoria.