2024: Maximato militarizado o democracia constitucional | Artículo
El proceso de sucesión presidencial ha comenzado; políticamente ya estamos en 2024.
El proceso de sucesión presidencial ha comenzado; políticamente ya estamos en 2024. Lo que está en juego es la prolongación de una autocracia militarizada o un viraje hacia la consolidación de una democracia constitucional, largamente esperada.
Cada día se manifiesta con mayor claridad y crudeza la estratagema fraguada por Andrés Manuel López Obrador para asegurar la continuidad de su poder personal y de la ilusoria cuarta transformación, más allá de su mandato.
Para lograr el anhelado maximato requiere que su candidata(o) venza en las urnas, además de recuperar la mayoría calificada en el Congreso. Morena perdió dicha mayoría calificada en las elecciones intermedias de 2021 frente a la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD), más los votos de Movimiento Ciudadano.
El voto uniforme de los partidos opositores, impidió la aprobación de las reformas constitucionales en materia eléctrica y electoral, tan deseadas por el mandatario.
El dictamen sobre la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta 2028 sí fue aprobado en la Cámara de Diputados, con el voto favorable del PRI. El gobierno logró doblar al líder tricolor, Alejandro Moreno. Se confirmó la veleidad de “Alito”, así como la vulnerabilidad de la alianza opositora. Ojo.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia invalidó las reformas legales para que la Guardia Nacional fuera transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional. No obstante, en los hechos, el mandatario revirtió los efectos de la decisión judicial. El general retirado Daniel Córdova Campos seguirá siendo el comandante de la Guardia Nacional.
Al presidente tabasqueño le enfurece el funcionamiento de un elemento esencial de la democracia liberal: los equilibrios y contrapesos. Al ya no ser dueño de “todo el poder”, emergió con rabia el autócrata que lleva dentro, es decir, el verdadero López Obrador.
La ira presidencial aumentó al ver frustrado su propósito de destruir al INE para hacerlo depender de la secretaría de Gobernación, como lo estaba en la época de la “caída del sistema” operada por Manuel Bartlett.
El mandatario se convirtió en un energúmeno antidemócrata cuando la Suprema Corte anuló la primera parte del llamado Plan B, por invalidez del proceso legislativo.
Las agresiones proferidas y provocadas por López Obrador contra la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, muestran la vileza moral y política de un presidente ofuscado, indigno de la investidura que ostenta, y dispuesto a violar todos los principios de convivencia civilizada que sustentan a un régimen democrático. Solo le importa satisfacer su desbordada e insaciable ambición de poder.
Ante ese panorama desolador, cualquier viso de esperanza parecería estar cancelado. No todavía. La creciente radicalización autoritaria del demagogo ha motivado el despertar de dos factores fundamentales que apuntan hacia la dirección contraria.
Somos testigos y protagonistas del surgimiento de una ciudadanía participativa y crítica decidida a evitar la destrucción de las instituciones democráticas del país. Las manifestaciones en defensa del INE a nivel nacional son ejemplo de compromiso y civilidad democrática, que debe ampliarse y expresarse en las urnas.
Paralelamente, admiramos con optimismo el amanecer de una Suprema Corte de Justicia determinada a recuperar su dignidad como garante de la Constitución, al tiempo de reafirmar la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo.
El renacimiento de esas dos fuerzas crecientes e incontenibles pueden y deben vencer el propósito presidencial de imponer un maximato militarizado. El reto es colosal, pero imperioso y factible.
Escribí en mi artículo anterior que el sexenio actual es fallido y está podrido. El legado de López Obrador y de su cuarta transformación es un cúmulo de fracasos en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura y combate a la corrupción, entre otras.
Además, el régimen político del obradorato no es sólo regresivo sino retrógrado. Ha militarizado al país como no se hacía desde hace siete décadas. Sigilosamente, el presidente civil está cediendo el poder a un Ejército proclive al espionaje, la opacidad, la corrupción y la impunidad. Lo contrario de lo que, siendo generales, hicieron Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. (El triángulo de la narcorrupción, Aristegui Noticias, 08 Jun, 2022).
Las características definitorias del sistema político mexicano durante la dictadura perfecta siguen vigentes en la “cuarta transformación”: Autoritarismo, clientelismo, patrimonialismo, corrupción e impunidad selectiva. Corregidas y aumentadas.
La procuración de justicia depende del Presidente y el imperio de la ley no es lo suyo. López Obrador quiere volver a implantar en México el régimen de partido hegemónico de Estado. Aberrante e inadmisible.
Una muestra de la vigencia de los peores vicios de la época dorada del presidencialismo autoritario ocurrió el viernes 28 de abril. Abyectos, los senadores de Morena acataron órdenes terminantes del, ya desde ahora, jefe máximo.
Se negaron a nombrar al menos a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para permitir su funcionamiento. El mandato del caudillo palaciego fue inequívoco: ¡Desaparezcan al INAI!
Con total desprecio por la división de poderes y las normas que rigen el proceso legislativo, los legisladores morenistas aprobaron al vapor, sin lectura de los dictámenes, sin intervenciones, discusión, ni participación de los senadores de la oposición un paquete de leyes sobre temas de suma importancia.
Entre ellas destacan la desaparición del INSABI y de la Financiera Rural, la absurda sustitución del Conacyt por un engendro que se propone imponer una “ciencia de Estado” (como lo ha dicho el eminente biólogo Antonio Lazcano); la reforma a la Ley Minera, y la creación de una línea aérea del Estado que, por supuesto, estará a cargo del Ejército.
Es previsible que esta versión cerril de lo que Tocqueville llamó “la tiranía de la mayoría” tenga vida corta. La Suprema Corte de Justicia seguramente invalidará todas esas leyes, por la misma causa por la que fue rechazada la primera parte del Plan B y lo será la segunda. En este caso la violación del proceso legislativo fue aun más grave y burda.
El proceso de sucesión presidencial impuesto por el macuspano es una calca del tapadismo y el dedazo, con mayor simulación y trampas que podrían causar una ruptura dentro de Morena si se empeña en imponer a su corcholata favorita.
Además, el Plan C se propone cooptar, capturar, controlar o asfixiar al INE (la consejera presidenta pertenece a una familia de alcurnia morenista), a la Suprema Corte, al INAI y al Tribunal Electoral.
¿Quieres que en 2024 se instaure un maximato militar? Ya sabes por quién votar.¿Quieres que continúe el espionaje, la corrupción y la impunidad militar? Ya saber por quién votar. ¿Quieres retroceder a los tiempos del partido de Estado “casi único”? Ya sabes por quién votar. ¿Quieres que el INE vuelva a manos de la Secretaría de Gobernación como en tiempos de la “caída del sistema”? Ya sabes por quién votar. ¿Quieres que la Suprema Corte de Justicia esté a las órdenes del Jefe Máximo? Ya sabes por quién votar. ¿Quieres que desaparezcan todas las instituciones y organismos autónomos que representen un equilibro y contrapeso a la arbitrariedad del Presidente? Ya sabes por quién votar.
¿Quieres que México recupere el camino hacia la anhelada consolidación de una auténtica democracia constitucional? Espero que tengas por quién votar. Las oposiciones todavía no presentan proyecto ni candidato(a). Es probable que en la contienda presidencial participen más de dos candidatos, lo cual cambiaría totalmente la ecuación.
A pesar de todo, la popularidad del mandatario sigue siendo alta; el manejo de las finanzas públicas ha sido sensato y la paridad del peso bajó a niveles históricos. La política social tiene la intención de ganar votos pero también beneficia a amplios sectores de la población, como lo reconocen algunos precandidatos de la oposición.
En consecuencia, es primordial desarrollar una estrategia para asegurar la mayoría en el Congreso o al menos para evitar que Morena obtenga la mayoría calificada.