Ofrecen disculpa pública a exregidoras de Oaxaca por violencia política en razón de género

Por Diana Manzo.

Oaxaca, Oax.- Como un hecho histórico a nivel nacional, en el municipio de San Jacinto Amilpas en los valles centrales de Oaxaca, las exregidoras Gisela Lilia Pérez García y Mónica Belén Morales Bernal recibieron una disculpa pública de la autoridad local que encabeza Gabriela Díaz, tras una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se acreditó que ambas concejales vivieron violencia política en razón de género.

Las exfuncionarias sufrieron violencia política en razón de género por la entonces presidenta municipal, Yolanda Adelaida Santos Montaño, quien incurrió en diversos actos contra ellas y les impidió ejercer el cargo de elección popular.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó que la violencia política en razón de género constituye una amenaza para los derechos de las mujeres que participan en la esfera política, por lo tal, era necesario y urgente una disculpa pública.

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A pesar de los requerimientos y procedimientos en el Tribunal Local, Sala regional y de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, la ex munícipe Yolanda Adelaida Santos Montaño evadió los señalamientos e hizo caso omiso, lo cual revictimizó a ambas concejales.

“No se puede permitir la Violencia y menos la que se hace de mujer a mujer”, expresó la presidenta municipal, quien reconoció que es urgente acabar con la violencia política, pues limita a las mujeres en su derecho de desempeñar un cargo de elección popular.

Ofrecemos esta disculpa pública con todo respeto a las ciudadanas Gisela Lilia Pérez García y Mónica Belén Morales Bernal como un compromiso social e institucional, este acto jamás lo cometimos ni lo vamos a cometer, pero que no podemos dejar de atender o cumplir, respetando con ello, no solo a las leyes sino a las instancias federales.

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también señala que por la violencia política en razón de género ejercida contra las ex concejales, se decretó a la exmunícipe la “perdida del modo de vivir honesto”, por lo que es la primera persona del país en recibir este ordenamiento, que además la imposibilita para ejercer un cargo público en los próximos seis años.