Organizaciones llaman a la FGR a impugnar absolución de Abarca en caso Ayotzinapa
De acuerdo con el documento firmado por Tlachinollan, Fundar, Serapaz y Centro Prodh, los familiares de los estudiantes desaparecidos no han sido notificados sobre el fallo en el caso de José Luis Abarca ni tampoco sobre la detención del coronel José Rodríguez Pérez.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Serapaz y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República a interponer la apelación correspondiente ante la absolución de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por el caso Ayotzinapa.
En un comunicado emitido este jueves, las organizaciones señalaron que esta sentencia deriva de una causa que en su momento se inició con la acusación que en 2014 presentó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la cual presentó irregularidades, incluyendo tortura.
“La acusación era incorrecta pues incluso encuadraba los hechos como “secuestro” y contenía múltiples errores fácticos. En ese sentido, más que la judicatura, el resultado de absolución es atribuible a la mala actuación de la entonces Procuraduría General de la República”, sentenciaron.
La absolución de Abarca se dio luego de que el juez señalara que hay falta de elementos de prueba para acreditar su responsabilidad en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre del 2014.
El exalcalde enfrenta tres procesos penales más: uno por el delito de delincuencia organizada y sus presuntos nexos con el grupo delictivo Guerreros Unidos; otro por lavado de dinero y delincuencia organizada; y el tercero por el delito de homicidio doloso agravado en contra de los líderes sociales, Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.
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Respecto a la detención del General Brigadier José Rodríguez Pérez, quien al momento de la desaparición de los jóvenes era Coronel del 27 Batallón de Infantería, el comunicado señala que las familias no han sido notificadas al respecto, por lo que se los extremos de la acusación, incluyendo los delitos que se le imputan y si estos se ajustan a los hechos contenidos en el informe presentado por Alejandro Encinas el pasado mes de agosto.
“Dado que la prueba sobre la colusión de elementos del 27 Batallón de Infantería con la delincuencia organizada es abundante, si este proceso avanza con prueba sólida puede ser muy relevante para que rindan cuentas quienes por acción u omisión tienen responsabilidades”, señalaron.
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De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), seis estudiantes normalistas que estaban privados de su libertad en una bodega de Pueblo Viejo, comunidad de Iguala, el día 30 de septiembre del 2014, habrían sido entregados por el crimen organizado al entonces coronel José Rodríguez Pérez, quien habría dado la orden de ejecutarlos y desaparecer sus cuerpos para borrar cualquier evidencia de su asesinato.
