La Huerta: disputa por área verde mantiene a dos mujeres encarceladas

Por: Brandon J. Celaya Torres

Felisa García y María del Carmen Rico llevan más de 50 días privadas de su libertad al interior del penal de Barrientos, acusadas de extorsión por Inmobiliaria Bienes Raíces del Bajío.

Familiares de las mujeres aseguran que las detenidas son víctimas de fabricación de delitos por parte de la desarrolladora, pues por años han ejercido su autoridad como dirigentes del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de San José Río Hondo para oponerse a que la inmobiliaria cierre el acceso al área conocida como La Huerta, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La Huerta conecta peatonalmente a las colonias San José Río Hondo y Buenavista. Vecinos de ambas localidades utilizan el paso de esta zona para acceder a la clínica 65 del IMSS, así como a escuelas primarias y secundarias.

Sin embargo, Inmobiliaria Bienes Raíces del Bajío asegura que desde 2001 aquel espacio les pertenece, por lo que tienen como objetivo construir una barda perimetral que evite el paso a los vecinos. El representante legal de la empresa señaló en entrevista que quienes pasan por La Huerta “invaden su propiedad privada”, además de que tiran basura y contaminan la naturaleza del lugar.

El abogado de la desarrolladora negó que La Huerta sea un área verde como le llaman vecinos de la zona. Más bien se refirió a esta área como un terreno demasiado irregular para construir, afectado por el desagüe de aguas negras que lo cruza, y una “cueva de lobos” donde se puede cometer cualquier delito.

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Por lo anterior, razonó, al bardear y quitar el paso peatonal están trabajando para evitar afectaciones al patrimonio de la empresa. Agregó que Inmobiliaria Bienes Raíces del Bajío no tiene intenciones de construir alguna otra obra además de la barda perimetral y aclaró que su empresa no tiene nada que ver con el fraccionamiento Lomas del Río, el cual colinda con La Huerta.

Foto: Aristegui Noticias

Frente a esto, la delegación vecinal de San José Río Hondo señala que restringir el acceso a La Huerta significa varias afectaciones: 1) Cortar el acceso peatonal directo a la clínica del IMSS y a las escuelas, por lo que tendrían que dar una vuelta a pie de más de 30 minutos para llegar a estos destinos, obligando a adultos mayores, niño y niñas a pasar por una zona donde los robos y el crimen son comunes y las banquetas son insuficientes o de plano no hay. 2) Eliminar un área verde de convivencia vecinal que ha funcionado para diversas actividades. 3) Acabar con un paso peatonal con “casi 100 años de uso e historia”.

El representante legal de la empresa negó que dichas afectaciones existan y señaló que máximo las personas deberían desviarse cinco o diez minutos para ir a sus destinos. Un cálculo de Google Maps muestra que el rodeo toma 34 minutos desde el punto más alejado de la colonia, antes del inicio de Lomas del Río, y donde habitan docenas de personas.

Por otro lado, la presidenta municipal de Naucalpan de Juárez, Angélica Moya Marín, dijo en exclusiva que en el expediente de Inmobiliaria Bienes Raíces del Bajío, residido en la Dirección General de Desarrollo Urbano, hay elementos para considerar que en su momento la empresa tomó en cuenta la servidumbre de paso a través del predio de La Huerta y el respeto a la misma.

Lo anterior fue negado por el representante legal de la empresa.

Imagen: Aristegui Noticias

La oposición al cierre de La Huerta ha durado años, pero el 7 de febrero de 2023 llegó a un punto álgido que hoy mantiene a Felisa García y María del Carmen Rico privadas de su libertad.

La detención

El 5 de julio de 2023, Felisa García y María del Carmen Rico fueron detenidas y trasladadas al reclusorio Juan Fernández Albarrán, mejor conocido como Barrientos, ubicado en el municipio mexiquense Tlalnepantla de Baz.

De manera irregular– denuncian el hijo, la hija y el yerno de Felisa– ambas mujeres fueron detenidas en vehículos particulares y por hombres que sin identificarse se las llevaron directamente al penal.

Según el relato de los familiares, Felisa fue trasladada en una camioneta blanca, mientras que María del Carmen fue subida en un vehículo particular negro, fotografiado por vecinos de San José Río Hondo.

“A mi mamá no le presentaron una orden de detención, ni le dijeron nada. Solo cuando se la subieron le dijeron que a ellos les habían pagado por llevársela”, dijo en entrevista Isabel González, hija de Felisa.

Medios locales reportaron en tiempo real lo sucedido aquel 5 de julio como una agresión armada de “pseudopolicías” en contra de los vecinos de San José Río Hondo, durante la cual hubo detonaciones de arma de fuego.

Un vecino de la colonia dijo durante una transmisión en sitio de Canal 6 que llegó un grupo de choque de la constructora junto a policías que no se identificaron como estatales, municipales o ministeriales.

“Se llevaron a una persona. Cuando la gente no quiso que se la llevaran, detonaron las armas al aire”, narra el hombre sin identificar. “Nos replegamos, pero se llevaron a dos personas, dos señoras”.

El día que la detuvieron “mi suegra se encontraba vendiendo sus cajas de Fuller [productos de belleza y cuidado personal]. Ella venía caminando por Buenavista cuando se la llevaron”, contó Marcos Márquez, yerno de Felisa, a Aristegui Noticias.

Foto: Cortesía

Inmobiliaria Bienes Raíces del Bajío acusa a Felisa y María del Carmen de haber extorsionado con un arma de fuego a una arquitecta que presta sus servicios en la empresa. Según la denuncia, el 7 de febrero de este año ambas mujeres y un tercer hombre habrían pedido un pago de dos millones de pesos para poder construir en la zona, además de una cuota mensual de 100 mil pesos.

Según declararon la arquitecta, su chofer y un albañil ante la autoridad judicial, aquel martes los tres se encontraban colocando una barda perimetral al interior de La Huerta.

Actualmente, esta obra, que más bien es una malla ciclónica, se encuentra bajo procedimiento administrativo, que resultó en su suspensión pues la inmobiliaria no mostró el permiso para su construcción, confirmó la presidenta municipal Angélica Moya a este portal informativo.

Alrededor de las 11:30 horas, denunciaron los empleados, habrían llegado María del Carmen, Felisa y un hombre identificado como Miguel Ángel. Las mujeres se presentaron inicialmente como delegadas vecinales de San José Río Hondo, pero después, al presuntamente intentar extorsionar a los trabajadores, habrían dicho pertenecer al cártel La Familia Michoacana.

“No hace sentido que ellas hayan llegado, dieran su nombre y apellido y se identificaran como delegadas y después los quisieran extorsionar como si fueran narcos”, argumenta Isabel García.

Foto: Aristegui Noticias

“Tanto Maricarmen como Felisa son gente trabajadora. Su vida no corresponde a la de unas supuestas delincuentes y los vecinos las conocen. Pero el juez del proceso dijo que el solo hecho de supuestamente haberse identificado como parte de un grupo delictivo es suficiente para imponer la agravante al delito de extorsión por el que las acusan”, explica la abogada de ambas, Patricia Canales.

El yerno e hija de Felisa comentaron a este medio que son gente de escasos recursos y un recorrido por la colonia donde viven confirma sus dichos.

Por otro lado, el relato de la denunciante dice que cuando la habrían extorsionado, un sujeto identificado como Miguel cargaba un revólver negro y por supuesta orden de Felisa, disparó en tres ocasiones contra ella y los dos trabajadores que la acompañaban.

La narración de la arquitecta agrega que Maricarmen le habría dicho a Miguel “cómo eres pendejo, no le diste a nadie”. Posteriormente, la acusada presuntamente tomó el arma del hombre y disparó tres veces más contra los empleados, sin atinarle a nadie.

Foto: Aristegui Noticias

La primera inspección ministerial al lugar de los hechos, realizada el 10 de febrero, no arrojó indicios ni evidencias de los disparos: no se reportó el hallazgo de impactos de bala, ni de casquillos. El agente ministerial se limitó a describir el área y a consignar la licencia de construcción expedida el 30 de noviembre de 2022 por el ayuntamiento de Naucalpan de Juárez a Inmobiliaria Bienes del Bajío.

El representante legal de la empresa dijo a Aristegui Noticias que uno de los disparos impactó en una máquina de construcción, apodada “garra de chango” por su forma. Sin embargo, en los dictámenes periciales consultados no obra constancia de esta maquinaria afectada y este detalle no lo expuso el abogado en su declaración ante la autoridad judicial.

Aunque el representante negó a este medio que la inmobiliaria tuviera algo que ver con el fraccionamiento Lomas del Río, al que considera “vecino” al predio en disputa, el abogado dijo en su declaración oficial que el terreno es propiedad de su representada y “perteneciente al fraccionamiento Lomas Del Río”.

Casi tres meses después de esta inspección, el 3 de abril se realizó un nuevo dictamen en materia de criminalística al sitio. La evaluación del perito señala que el lugar “no se encontró resguardado ni preservado, ya que la denunciante del sexo femenino […] se encontraba y es quien da la autorización y brinda acceso al lugar para realizar la diligencia de inspección”.

Foto: Aristegui Noticias

En el lugar, el perito encuentra un tambo de vialidad color naranja con un orificio producido por arma de fuego. También observa que contiguo al contenedor de la planta de aguas residuales, ubicada en el lugar del presunto ilícito, se halla otro agujero de bala.

“¿Cómo es posible que tres meses después encuentren todo eso? El bote bien pudieron haberlo sembrado”, expresa la abogada Canales.

Una posterior entrevista ante autoridades judiciales de la denunciante señala que, el 10 de abril, se  habrían colocado carteles con amenazas en una malla ciclónica- en el mismo lugar donde supuestamente sucedió la extorsión inicial- para intimidar a la arquitecta y presionar para la entrega del dinero supuestamente exigido por las hoy detenidas.

“Pero hasta ahora, a ninguna [de las detenidas] le han hecho pruebas de caligrafía para ver si su letra coincide con la de las mantas. Tampoco han hecho pruebas de huellas dactilares para ver si hay en los letreros. Todo eso también pudo haber sido montado. Durante todo ese día, personas pasaron por el lugar donde supuestamente pusieron las amenazas y nadie vio nada. Solo, casualmente, los de la inmobiliaria quienes hasta lo fotografiaron”, dice la representante legal de las mujeres.

Foto: Aristegui Noticias

La arquitecta objeto de estas presuntas amenazas denunció las mismas el 10 de abril. Ese día se realizó una inspección ministerial y un dictamen en materia de criminalística en el lugar. Tanto el policía de investigación como el perito oficial reportaron que las cartulinas con amenazas se encontraban allí.

Sin embargo, el perito una vez más consigna que, al momento de su intervención, el área no estaba resguardada ni preservada y que la propia denunciante es quien dio acceso al lugar.

Cuatro días después, la denunciante declaró nuevamente para acusar que el 10 de abril también recibió mensajes de extorsión a su celular, vía WhatsApp, firmados por “Felisa, la wera”. Asimismo, acusa que el 14 de abril recibió un mensaje de voz del mismo teléfono en el que se escucha a un hombre exigirle entregarles dinero.

“Las autoridades tampoco han hecho investigaciones para saber de dónde vienen los mensajes, ni si pertenecen a Felisa o María del Carmen”, apunta la abogada defensora.

Actualmente, al llamar al número de donde provinieron las presuntas amenazas, la línea envía directamente a buzón y en WhatsApp no aparece como dado de alta en la aplicación.

La otra versión

Isabel García cuenta una versión muy distinta de lo ocurrido aquel 7 de febrero:

“Yo me encontraba desayunando en mi domicilio cuando sonó el celular de mi mamá. La llamó la vecina Gloria y le dijo que fuera de inmediato porque estaba cerrada La Huerta y me dice mi mamá ‘vamos’.

“Íbamos pasando el puente [que conecta San José Río Hondo con La Huerta], cuando unas personas que no conocemos nos dijeron que no podíamos pasar, a lo que les contestamos que por qué no. Ellos nos dijeron que les habían dicho que no dejarán pasar a nadie. No les hicimos caso y seguimos caminando. En la subida, había una máquina y mi mamá les dijo que mostraran sus permisos ellos respondieron que no contaban con ellos”.

Según el relato de la hija de Felisa, los vecinos comenzaron a reunirse en dos zonas específicas: al interior de La Huerta, donde estarían ellas; y en la entrada al área verde, donde había maquinaria de construcción.

En redes sociales todavía pueden encontrarse publicaciones en grupos vecinales de San José Río Hondo y Buenavista en las que habitantes de ambas colonias piden ayuda para evitar el cierre de La Huerta.

Luego de pedirle sus permisos a los constructores, los vecinos llamaron a un comandante policiaco de la zona, quien solicitó a los trabajadores de la inmobiliaria retirarse, según lo expuesto por Isabel.

Tras evitar el cierre de La Huerta, los colonos se reunieron para decidir los siguientes pasos en su lucha e ir juntos al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez para dialogar con las autoridades del gobierno local.

Al diálogo con las autoridades municipales acudieron Felisa, María del Carmen y sus hijos, así como el actual delegado de San José Río Hondo, Roberto Alcántara Brito, afirmaron familiares de la acusada y el propio delegado.

“¿Si acabaran de extorsionar a alguien para construir, por qué se presentaron al Ayuntamiento para protestar contra la construcción?” cuestiona la familia de Felisa.

Cártel… ¿pero inmobiliario?

La representación legal de Felisa García y María del Carmen asegura que los permisos de construcción obtenidos por la desarrolladora asemejan a los del llamado “Cártel Inmobiliario” que supuestamente opera en Naucalpan y que habría permitido construcciones aparentemente irregulares.

Algunos ejemplos de este presunto esquema de corrupción inmobiliaria naucalpense, según vecinos que se oponen a su construcción y han protestado públicamente, serían:

– La megaobra de poco más de 12 metros de profundidad en Circuito Comercial y Periférico, a escasos metros de Plaza Satélite

– El desarrollo Aliah que implica la construcción de 5 torres para construir 462 departamentos y mil 400 cajones de estacionamiento en Lomas Verdes, en el lugar donde antes había una pista de hielo.

– Una gasolinera de dos pisos de la marca Pemex, construida sobre Paseo de Lomas Verdes, justo enfrente de la secundaria del colegio Alexander Von Humboldt.

Foto: Archivo Cuartoscuro

En entrevista para Aristegui Noticias, la abogada Patricia Canales aseguró que el encarcelamiento de Felisa y María del Carmen es un “mensaje intimidatorio del cártel de las inmobiliarias para amedrentar a los naucalpenses, porque son las personas que se oponen al boom de desarrollos que nos está dejando sin agua, sin vialidad y sin seguridad”.

A decir de la abogada, el poder del “Cártel Inmobiliario” se concretó oficialmente con la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano el pasado 16 de agosto, lo que sucedió en medio de protestas vecinales, en una sesión extraordinaria vespertina de Cabildo y después de un rechazo inicial por parte de los funcionarios locales.

Consultada para este reportaje, la presidenta municipal de Naucalpan, Angélica Moya, negó que exista un aparato de corrupción para favorecer a las inmobiliarias. Agregó que su gobierno siempre ha estado a favor de los vecinos naucalpenses y que, contrario a los reclamos de la abogada, esta postura se refleja en el recién aprobado Plan de Desarrollo Urbano.

Asimismo, el representante legal de Inmobiliaria Bienes Raíces del Bajío negó la existencia del llamado “Cártel Inmobiliario” y aseguró que la empresa- “pequeña y originaria de Guanajuato”- opera conforme a la ley el derecho.

Foto: Archivo Cuartoscuro

Vivimos aquí desde antes que todos llegaran

Isabel García, hija de Felisa, cuenta que ella vive desde hace más de dos décadas en San José Río Hondo, cuando el puente metálico que hoy une a esa colonia con La Huerta apenas era un pedazo de madera inestable colocado sobre el río.

“De chiquita yo caminaba por aquí, por La Huerta, para poder ir a la escuela y ahora lo hago con mis hijos

“Todavía me acuerdo cuando no estaba el fraccionamiento [Lomas del Río]. No teníamos problemas de agua, no que ahora hemos pasado meses sin que nos llegue y hemos tenido que pagar hasta pipas”

Foto: Aristegui Noticias

“Por eso nos oponemos a que invadan todavía más. Los dueños de las inmobiliarias creen que pueden llegar y adueñarse de lo que quieran sin importar a quién afectan.

Si cierran y destruyen La Huerta, se termina una de las pocas áreas verdes públicas que quedan en Naucalpan. Además, quedaríamos desconectados de las escuelas y la clínica del IMSS. Tendríamos que dar una vuelta de treinta minutos por la carretera, donde ni hay banquetas y hay mucha inseguridad”

Foto: Aristegui Noticias

Pronunciamientos gubernamentales

El 28 de agosto de 2023, la alcaldesa panista de Naucalpan, Angélica Moya, dijo en un video difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que estaba al tanto del arresto de Felisa García y María del Carmen Rico.

“Como presidenta municipal, insto a las autoridades competentes a reevaluar esta decisión, pues las personas detenidas no se convierten en delincuentes por defender el bien común”, exhorta en el clip.

Entrevistada para esta pieza periodística, la mandataria local consideró que Felisa García y María del Carmen Rico han actuado “de buena fe y en apoyo a la comunidad” en su oposición al cierre de La Huerta. Confirmó, además, que, antes de ser detenidas, ambas mujeres acudieron en diversas ocasiones al Ayuntamiento para externar sus preocupaciones por el posible cierre de La Huerta.

Agregó que al no ser jurisdicción del municipio el proceso legal, lo más que pueden hacer es revisar la determinación de la autoridad estatal para ver si es conforme a derecho. Asimismo, dijo que su gobierno está abierto al diálogo con los vecinos y la desarrolladora.

Por otro lado, en declaraciones recogidas por el medio local La Calle, el legislador local del PRI, David Parra Sánchez, dice:

“Yo conozco a las detenidas y me consta que son personas probas, de calidad humana y de una forma de vida honesta”.

A su vez, Isaac Montoya Márquez, diputado de Morena en el Congreso estatal, señaló que Felisa García y María del Carmen Rico deben ser liberadas inmediatamente y con dignidad.

Asimismo, de acuerdo con el portal Cuestión de Polémica, el morenista expresó que las autoridades estatales y la fiscalía mexiquense deben reparar el daño a ambas defensoras del área verde, así como castigar a todos los responsables en la presunta fabricación de evidencias- cuyo fin habría sido “proteger al Cártel Inmobiliario”.

Castigar la pobreza

El arresto de Felisa ha causado estragos financieros en su familia.

Los familiares señalan que deben pagar “cuotas” y “mordidas” que ascienden a cientos de pesos cada que visitan a Felisa en Barrientos. Agregan que los guardias siempre les ponen “peros” y pretextos para poder llevarle productos básicos como comida o de higiene, por lo que tienen que dar dinero aún si llevan todo en orden.

Foto: Aristegui Noticias

Para una familia de escasos recursos, el trayecto hasta el penal y las “mordidas” significan un golpe directo a su frágil economía.

La abogada de las mujeres compartió que la medida cautelar impuesta a ambas detenidas es pagar 500 mil pesos como fianza; algo imposible dadas las condiciones económicas de las familias.

Durante la realización de este reportaje, y después de una movilización para protestar por la detención de ambas mujeres ocurrida el 8 de septiembre de 2023, Isabel García confirmó a este medio que la fianza disminuyó.

Consultado sobre el caso de Maricarmen y Felisa, el delegado de San José Río Hondo, Roberto Alcántara Brito, expresó: “La justicia aquí no favorece al pobre, al contrario, lo castiga”.