En el olvido, investigación sobre inundaciones en Acapulco (Documento)

En septiembre de 2013, el huracán Manuel dejó al menos 123 muertos, 59 mil evacuados y poblaciones inundadas o deslavadas en el estado de Guerrero. Entonces, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó investigar si hubo responsabilidad humana en las afectaciones que, en particular, sufrió el puerto de Acapulco.

Pero tres años después, la investigación en realidad se quedó en proyecto, nunca se hizo pública y tampoco se señalaron a las personas o las empresas que contribuyeron a las inundaciones del puerto.

Peña Nieto, en su momento, fue enfático en la necesidad de investigar las causas del desastre en Acapulco y encargó la tarea a Jorge Carlos Ramírez Marín, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“El Gobierno de la República hará las propias investigaciones de aquellas afectaciones o de aquellos permisos otorgados sobre zonas federales que fueron otorgados indebidamente y que están en el ámbito del fuero federal”, dijo entonces Peña Nieto.

Sin embargo, no hubo la misma energía para que la investigación se diera a conocer.

Aristegui Noticias obtuvo copia del informe titulado “Análisis de zonas afectadas a causa de los ciclones tropicales ‘Manuel e Ingrid’ en Acapulco, Guerrero”. Apenas veinte fotocopias entregadas vía transparencia.

En un inicio, el ex titular de la Sedatu dijo en entrevista con la periodista Carmen Aristegui que el informe ordenado por Peña Nieto debía estar listo a más tardar el 20 de octubre de 2013. Pero eso nunca ocurrió. La investigación se realizó entre octubre de 2013 y enero de 2014. Nunca se hizo pública y Peña Nieto no la volvió a mencionar.

“¿Qué está pasando? Pues se está desarrollando una investigación. ¿Qué hay de diferente en ésta a otras veces? Pues que esta vez él que pidió la investigación le puso un plazo y dijo que el 20 de octubre -a más tardar- tenemos que tener listas las conclusiones de tres aspectos muy importantes”, dijo el entonces secretario.

A su decir, la investigación se dividiría entre partes: “El primero, qué causa la inundación o qué agrava la inundación, cuál es el daño de esta inundación y cuáles son las responsabilidades de esto. Segundo, quiénes son los que propiciaron o dieron lugar a estas causas. Y tercero, pues la investigación completa de las autoridades que estuvieran involucradas no sólo particulares, sino fundamentalmente las autoridades que estuvieran involucradas, de todos los niveles y que dieran lugar a esta situación”.

Ramírez Marín dejó la Sedatu en febrero de 2015 y actualmente es diputado federal. Fue sustituido en la Secretaría por el ex titular de PGR, Jesús Murillo Karam, y actualmente la encargada es Rosario Robles.

Se calcula que 10 mil casas tuvieron que ser reconstruidas en todo Guerrero.

LAS REVELACIONES

El informe de la Sedatu da cuenta que “la infraestructura hidráulica existente (plantas de tratamiento, drenajes y descargas, bombeo y cárcamos, canales, entre otros) principalmente en la zona conocida como ‘Llano Largo’, fue insuficiente para manejar los escurrimiento” provocados por el huracán Manuel.

De igual modo, la investigación identificó cuatro descargas de aguas residuales que no estaban autorizadas. Estas se ubicaban en los complejos habitacionales Marquesita I y II, y los fraccionamientos Los Tulipanes y Real de Hacienda.

El mismo documento establece que se identificaron una grupo de puentes vehiculares que pudieron obstruir los cauces de agua.

Entre los puentes detectados, están:

• Puente del Viaducto Diamante sobre el Río La Sabana.

• Puente La Marquesita en el Canal Meandrico.

• Puente Tudzimgo en el Río La Sabana.

• Puente de la carretera escénica sobre el Río Papagayo.

• Puente sobre el bulevar de Las Nacionas, acceso a Puerto Márques.

• Puente Punta Diamante en el fraccionamiento Real Diamante, en la Laguna Negra.

• Puente Barra Vieja, en la Laguna de Tres Palos.

Sin embargo, a lo largo de todo el documento, no se enlistan nombres de funcionarios que pudieron otorgar permisos iregulares o empresas que hayan realizado construcciones fuera de permiso.

El documento se quedó en proyecto. Hasta la fecha, no ha sido presentado de manera pública.