Acuerdo histórico sobe comunidades indígenas

Durante la primera semana de septiembre tuvo lugar en Honolulu, Hawai, el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La UICN es una importante organización dedicada a la conservación formada por más de doscientos organismos gubernamentales, más de mil organizaciones no gubernamentales y cerca de 16,000 especialistas de todo el mundo.

Entre los temas discutidos y los acuerdos alcanzados en este Congreso, destaca el reconocimiento del papel fundamental que juegan las comunidades indígenas como custodios esenciales en el cuidado y manejo de la naturaleza y en la conservación de la biodiversidad del planeta, y el hecho de que se les confirió un lugar específico para los procesos de toma de decisiones y en todos los aspectos del quehacer de la UICN.

Otra decisión importante fue el exhorto a impedir que en las áreas protegidas se lleven a cabo actividades industriales y la construcción de infraestructura dañina para el medio ambiente, y se enfatizó la necesidad prioritaria de respetar los derechos de los pueblos indígenas, y de obtener su consentimiento libre, previo e informado con respecto a cualquier actividad que se realice en los territorios indígenas y de comunidades locales.

Estas decisiones responden a la exhaustiva participación de organizaciones, alianzas y redes indígenas, como la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que desde hace años han demandado ante organismos de la ONU, de gobiernos y de la Sociedad Civil, el respeto a sus derechos, a sus territorios y a su libre determinación, y la exigencia de que para cualquier intervención en su territorio se cuente con el Consentimiento Libre, Previo e Informado conforme se establece en el Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, el Acuerdo de París, el Convenio para la Diversidad Biológica y otros instrumentos globales. Para tales fines han demandado espacios para la participación real y efectiva en las instancias de toma de decisiones que atañen a su territorio.

La violación histórica a los derechos de los pueblos indígenas derivada de la imposición de instrumentos tales como parques nacionales y áreas de conservación, fue puesta de relieve en un informe presentado ante la Asamblea General de la ONU el mes pasado por Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. En este informe, la Relatora de la ONU señala que en diversas partes del mundo las zonas protegidas han sido asociadas a violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas, quienes incluso han sido obligados a abandonar sus territorios y que con frecuencia sufrieron el acoso y  la violencia relacionados con medidas de conservación.

Este informe señala que tradicionalmente, las actividades de conservación se han centrado en la designación de funcionarios y oficinas de gobierno que establecen las reglas y controlan todo lo que ocurre en el territorio, privando a las comunidades y pueblos de autonomía y de acceso a los recursos necesarios para subsistencia, y rompiendo los vínculos culturales, tradicionales y espirituales con las tierras ancestrales. Diversos relatores sobre derechos de los pueblos indígenas han recibido numerosas denuncias de violación de derechos de los pueblos indígenas durante la aplicación de medidas de conservación, y han expresado grave preocupación por la repercusión que han tenido las zonas protegidas en los pueblos indígenas y comunidades locales, en particular en México.  Este sistema de áreas protegidas ha generado confrontación y conflicto. Sin embargo, y a partir de la movilización de los movimientos de pueblos indígenas, se ha avanzado en el reconocimiento de sus derechos.

Desde hace algunos años, algunos de los grupos conservacionistas han hecho un esfuerzo para cambiar el paradigma de la conservación, para transitar desde esquemas de prohibicionismo, imposición, expulsión y coptación, hacia esquemas en los que se busca reconocer el territorio indígena y respetar sus derechos. Ahora se empieza a reconocer que las comunidades indígenas no sólo tienen derecho al territorio, sino que juegan un papel fundamental e indispensable en la conservación de la biodiversidad y la naturaleza.

Sin embargo, según la relatora de la ONU para los derechos indígenas, ‘estos esfuerzos aun no son suficientes, pues proyectos apoyados por grandes organizaciones de protección del medio ambiente continúan desplazando a poblaciones locales de sus hábitats ancestrales’.

En el caso de México, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y otras leyes y reglamentos que rigen sobre los territorios indígenas, comunales y ejidales, aún imponen severos obstáculos para que las comunidades manejen plenamente su territorio y lo conserven como han hecho ancestralmente. No obstante, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, junto con las representaciones mexicanas de importantes grupos conservacionistas globales, como TNC y WWF, así como organizaciones mexicanas tradicionalmente conservacionistas, están transitando hacia esquemas que reconocen el manejo forestal comunitario como un instrumento de conservación activa, que a la vez genera bienestar, ingreso para las familias y que al final es la única forma viable de conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

La decisión de la asamblea de la UICN llega en un buen momento, tan solo unos meses antes de la vigésimo tercera cumbre de la Convención de Diversidad Biológica (COP 13 de la CDB), que tendrá lugar en Cancún durante la primera quincena de diciembre del 2016, y constituye una excelente oportunidad para que la delegación mexicana, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas, ejidos y comunidades locales, muestren al mundo que la mejor manera de conservar la biodiversidad en los bosques, selvas y humedales, es apoyando a las comunidades y a sus empresas forestales comunitarias, reconociendo sus derechos al territorio y fomentando el manejo activo y sustentable de sus recursos naturales.

Nota de última hora: este martes 13 de septiembre se aprobó en comisiones del Senado en México el dictamen sobre la ratificación del Acuerdo de París, que establece el manejo activo del bosque por parte de las comunidades como un instrumento fundamental para el combate al cambio climático.