En México falta un pacto político de seguridad y justicia, dice Luis Astorga

El 11 de febrero de 2012, al referirse al tema de la seguridad, el entonces Presidente de México, Felipe Calderón, mencionó que había gente que le reprochaba a su gobierno que combatiera a los criminales. Entonces preguntó: “¿Qué querían que hiciera? ¿Qué los invitara a pasar? ¿Qué los saludara? ¿Qué les ofreciera un cafecito?”. El problema no era el qué, sino el cómo y el papel de los militares, expone Luis Astorga en su nuevo libro, ¿Qué querían que hiciera? (Grijalbo).

En entrevista, el investigador asegura, que se sobrevaloró el papel de las fuerzas armadas y que a México le faltó hacer un pacto de seguridad y justicia, durante la transición democrática.

Define como lamentable el balance de la política de Felipe Calderón contra el combate al narcotráfico.

Es lamentable en función de los indicadores que más preocupan a la sociedad: la cantidad de homicidios, el desplazamiento y las desapariciones forzadas, y las denuncias por violaciones a los derechos humanos. El impacto de estas medidas fue negativo. En otros terrenos señalo las acciones que se llevaron a cabo y sus intenciones, una de ellas fue el Acuerdo de Seguridad y Justicia de 2008, cuando apenas comenzaban las manifestaciones sobre la preocupación de distintos sectores.

¿De aquel acuerdo qué se mantuvo?

En ese momento parecía un acuerdo entre la clase política y la sociedad civil que podría fructificar en la elaboración de una política de seguridad de Estado. Los partidos, las iglesias, los medios y organizaciones civiles lo firmaron. Fue un chispazo de esperanza por lograr un consenso. Creo que si no prosperó fue por falta de voluntad de los involucrados. Hay que entender que el poder Ejecutivo Federal no tiene la misma fortaleza que en la época del Partido de Estado. Un presidente no puede hacer lo mismo que entonces. Además, con la alternancia si bien llega un partido distinto en las posiciones de poder en municipios y congresos locales el presidente no tiene mayoría y por tanto es complicado negociar un montón de cosas, entre ellas la política de seguridad.

¿Era natural la entrada de las fuerzas federales para combatir al narcotráfico?

¿Cómo hacerle para que sin necesidad de llamar a las fuerzas federales, los gobernadores y presidentes municipales frenaran a la delincuencia organizada? No es sencillo, por eso pidieron su incursión. Las autoridades locales reconocieron que sus policías no estaban a la altura de las circunstancias. El gobierno podía haberse negado a enviar a los militares o podía haber dado a conocer el contubernio entre las autoridades con los grupos criminales y lo más probable es que al desarticular esos nexos se detonarán problemas mayores en términos de violencia. A pesar de eso los gobernadores quisieron a las fuerzas federales y en primer lugar al ejército.

En su momento se señaló que era anticonstitucional.

Cierto pero no es anticonstitucional. En el sexenio de Zedillo la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció seis tesis de jurisprudencia donde dictaminaba que la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública no es anticonstitucional. Los militares reconocieron y demandaron durante el sexenio pasado mayor certeza jurídica, el general Cienfuegos lo acaba de reiterar. Necesitan saber por cuánto tiempo y en qué circunstancias el ejército puede intervenir porque el costo que están pagando por esa decisión de la clase política es muy alto. Es decir no es en automático que la violencia se haya disparado, hubo un proceso de aprendizaje para criminales, gobiernos locales y federal.

En el libro señala que se sobrevaloró la presencia de las fuerzas armadas pero que también falta un marco legal en este sentido. 

Sí, ésta es una discusión que se ha dado en países donde las fuerzas armadas tienen un papel central en la lucha antidrogas. El primer gran operativo en ese sentido, se da en México durante los setenta con la Operación Cóndor, después se reproducen operativos similares en América del Sur. En los ochenta, con la iniciativa de seguridad nacional de Reagan recibe un impulso mayor porque en la visión de Estados Unidos las fuerzas policiales de los países productores eran insuficientes para contrarrestar el poder  de los criminales. No es un fenómeno de México, es una visión de seguridad hemisférica ejercida por el gobierno norteamericano.

Escribe que en los regímenes democráticos es más difícil tener un control total sobre el tráfico de drogas, mientras que en países autoritarios esto es más sencillo. En ese sentido, ¿es lógico lo que está pasando en México?

Había experiencias previas en Colombia y en Italia, de las que se podría haber aprendido. Cuando se tienen instituciones frágiles que aspiran a que se consolide la democracia y a organizaciones criminales fuertes, la transición democrática no opera con la misma lógica del régimen de Estado. Objetivamente era imposible que pudiera tener la misma capacidad y mucho menos cuando su partido no contaba con la mayoría de las posiciones de poder en las entidades.

Entonces estamos ante una falla de origen…

Por supuesto, y la falla de origen es que se hicieron pactos para la transición política en materia electoral pero no se pactó en términos políticos para un sistema de procuración de justicia y una política de seguridad de Estado. Cualquier país que pasó de una dictadura a un régimen democrático con éxito, primero se ocupó de un pacto político para lograr acuerdos en áreas de seguridad y justicia. En México no lo hubo y creo que obedece a una falta de visión política.

¿Cuál es la expectativa hacia adelante, seguir el dinero del crimen organizado, la despenalización de la droga?

En términos abstractos la gente que habla de legalizar las drogas piensa en marihuana, cocaína o metanfetaminas. Se ha avanzado con la marihuana en algunas entidades de Estados Unidos y Uruguay, porque es la que menos problemas de salud causa. El año entrante se discutirá en la ONU lo que sucede en la política de drogas. Quien plantea el retiro de las fuerzas armadas, ¿cuándo? ¿mañana? Vamos a ver qué dicen los gobiernos locales, si están dispuestos a asumir la responsabilidad con sus policías actuales. Es decir, el retiro de las fuerzas armadas es una petición loable pero no es posible en el corto ni en el mediano plazo. Estamos ante una responsabilidad compartida del Ejecutivo Federal y de todos los niveles de gobierno. La seguridad depende de todos los componentes del Estado mexicano.

¿Entonces qué política aplicar?

Justamente lo que daba cierta esperanza en 2008. Los actores que fueron convocados para el Acuerdo de Seguridad y Justicia deberían ser convocados de nuevos pero con compromisos claros y repercusiones legales para quien no cumpla. Se tienen que poner las reglas, no basta reunirse para tomarse la foto.

¿Cuáles de esos objetivos son los centrales?

Se necesitan pactos donde gente de ningún partido político meta las manos al fuego por gente vinculada a los criminales, por eso en Colombia ha sido posible meter en prisión a tantos políticos.