Habrá vigilancia extraordinaria de la nueva votación en General Motors-Silao: STPS

La Secretaría del Trabajo tomará medidas extraordinarias para vigilar que la nueva votación en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, para legitimar o no que el Contrato Colectivo de Trabajo se desarrolle con legalidad.

La votación se llevará en fecha aún por determinar por el sindicato, pero tiene que ser en un plazo menor a 30 días naturales, contados a partir del pasado lunes 10 de mayo, cuando la Secretaría del Trabajo notificó que mandaba reponer la votación del 20 y 21 de abril debido a que constató que se cometieron irregularidades “graves” que ponían en duda la credibilidad de los resultados.

La dependencia se asegurará que el padrón de trabajadores concuerde con el de la primera votación, a fin de evitar despidos injustificados o por ejercer el derecho a la disidencia, que la convocatoria para la votación tiene máxima difusión y que se disponen espacios accesibles y neutrales para realizar la votación, señaló a Aristegui Noticias, Alejandro Encinas Nájera, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo.

“Sí vamos a tomar mayores cartas en el asunto”, expuso.

Encinas expuso que el Mecanismo de Respuesta Rápida activado por la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) al pedir oficialmente al gobierno mexicano la revisión del caso General Motors-Silao, no prevé la presencia de observadores estadounidenses en una etapa de reparación, que es donde se encuentra el asunto.

Encinas dijo a este medio que, derivado de las irregularidades encontradas en la votación del 20-21 de abril: destrucción de boletas e impedimento del paso a observadores acreditados por órdenes del sindicato y de la empresa, la Dirección General de Inspección de la Secretaría del Trabajo investiga los hechos y podría determinar multas administrativas a los responsables, además de que la dependencia presentó denuncia penal ante la Fiscalía de Guanajuato contra quien resulte responsable por esas acciones.

Por ahora, añadió, la dependencia no tiene elementos para asignarle responsabilidad a ninguna persona, al sindicato o a General Motors, pero que la investigación está en curso.

“Lo que sí es que hubo prácticas graves que afectaron la certidumbre de la votación”.

La votación anulada fue organizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Miguel Trujillo López, liderado por Tereso Medina y afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), titular del titular del Contrato Colectivo de la planta de Silao de General Motors, y es también el facultado para organizar la nueva votación.

 

Si hubiera nuevas irregularidades
De volver a presentarse irregularidades, el problema sería muy grave, y empezaría con señalamientos hechos por Estados Unidos, destacó Encinas.

Apuntó que, hasta ahora, la activación del mecanismo de respuesta rápida no es punitiva por parte de Estados Unidos, como demuestra el hecho de que en la comunicación del USTR señala la intención de ayudar a que se implemente bien la reforma laboral en México, y para ello pide la reparación del proceso en un plazo de 45 días, como indica el T-MEC.

“Nosotros lo vamos a resolver antes”, afirma el titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo.

Sin embargo, Estados Unidos tiene que estar de acuerdo en que se cumplió con la reparación y que es proporcional a la falta cometida.

La Secretaría del Trabajo y de Economía ya instalaron mesas de diálogo con la contraparte estadounidense para acordar y evaluar el proceso de reparación, en el que la parte medular es la reposición de la votación.

 

Si se reinstaura adecuadamente, no habrá ninguna consecuencia comercial para General Motors, que tendría garantizados los beneficios arancelarios y comerciales del T-MEC, señala el funcionario.

Pero si los representantes de la parte quejosa, el gobierno de Estados Unidos no está satisfecha con el resultado del plan de reparación, se procedería de común acuerdo a convocar a la instalación de un panel arbitral que determine qué parte tiene la razón, y de su deliberación dependería si hay sanciones comerciales para General Motors o no.

Desde el momento de la instalación del panel sí podría haber inspectores laborales extranjeros en la planta de Silao, pues los panelistas, que son árbitros independientes respecto de ambos gobiernos, tienen la potestad de visitar las plantas.

“Pero ni en Estados Unidos ni en México estamos en el interés de que esto suceda”, apunta Encinas.

Caso Tridomex
Respecto de Tridomex, empresas de autopartes instalada en Matamoros, Tamaulipas, Encinas comenta tampoco ha legitimado su contrato colectivo, pero si situación es distintas porque quien pide el inicio del mecanismo de respuesta rápida por supuesta denegación de derechos a los trabajadores es una central obrera, la AFLCIO, y no un gobierno del bloque comercial, como establece el T-MEC.

En este momento el gobierno de Estados Unidos tiene en fase de revisión de evidencia presentada por la AFLCIO y de determinación si presentará o no el caso al amparo del mecanismo de respuesta rápida, explica.

“Es una etapa bastante previa, y puede no desembocar en la activación del mecanismo”, expone.

Añade que casos como el de General Motors y Tridomex se volverán una gestión cotidiana de la relación México-Estados Unidos, de ahí que la Secretaría del Trabajo hace trabajo preventivo para que se cumpla con los compromisos laborales e inhibir el surgimiento de nuevos mecanismos laborales.

El mecanismo de respuesta rápida es un instrumento que se acordó para usarse cuando se requiera, y es recíproco entre México y Estados Unidos, destaca, por tanto, lo ocurrido con estas dos empresas no debe asumirse como una crisis.

“Este tratado le dio a la cuestión laboral la centralidad que siempre debió haber tenido”.

Aseguró que la legitimación de contratos colectivos se lleva a cabo en todo el país, y que hasta ahora el proceso ha transcurrido de manera satisfactoria y sin mayores inconformidades.

“(El de General Motors) Es el primer caso en el tema de legitimación de contratos”, destaca.

Apuntó que el gobierno tiene que avanzar en dos frentes: garantizar la certidumbre a las inversiones y en la agenda de derechos laborales, y generar conciencia de que ambas cosas son indisociables, tienen que ir de la mano, aunque quizás antes no hacían.

Señaló que los sindicatos que brindaron protección patronal, en esta nueva realidad laboral lo que generan es vulneración patronal con la falta de representatividad y legitimidad democrática de los contratos de protección.

“Esas prácticas tienen que quedar en el pasado”, concluyó Encinas.