Indígenas, campesinos, estudiantes, obreros y activistas marchan contra la militarización

Este miércoles 12 octubre miles de personas marcharon del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México para protestar en contra de la militarización y la reforma que permite la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028.

La protesta fue encabezada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), seguido del Concejo Indígena de Gobierno, padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, madres buscadoras, estudiantes de Ayotzinapa, universitarios y finalmente diversas organizaciones sociales como Poder Prieto, Racismo MX, así como otras que exigen la liberación de presos políticos.

Durante la protesta, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que el gobierno sigue encubriendo a los verdaderos responsables de la tragedia en Iguala. Asimismo, afirmaron que se protege a los militares involucrados, mientras se descalifica al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La manifestación multitudinaria tuvo lugar en el anteriormente llamado Día de la Raza, resignificado por los pueblos originarios como el Día de la Resistencia y Dignidad Indígena y la Acción Global Contra la Militarización y la Guerra Capitalista y Patriarcal.

Durante el recorrido de 4.2 kilómetros, los manifestantes exigieron detener la “militarización sin precedentes que está viviendo el país”. Pobladores de pueblos originarios también denunciaron el despojo que sufren por megaproyectos de la Cuarta Transformación como el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos y el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

De igual forma, exigieron justicia por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos.

La marcha inició a las 17:00 horas, culminando ya entrada la noche frente a Palacio Nacional. En este lugar organizaciones de derechos humanos y de lucha social emitieron discursos en contra de la militarización del país. Sobre el escenario también habló la vocera del CNI, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy.

A continuación algunas de las voces de la marcha:

“Desde el 68 vengo luchando y seguiré hasta que las fuerzas me den”

A sus 79 años, Celia Flores no deja de luchar. En su silla de ruedas recorre las principales avenidas de la capital mexicana como lo ha hecho desde el movimiento estudiantil de 1968, cuando le era más sencillo caminar.

Celia carga un letrero con el que exige justicia por Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena que fue violada y asesinada presuntamente por militares.

“En todos mis años no he visto que al ejército se le dé tanto poder como con el actual gobierno”, dice con preocupación y enojo.

Celia se siente engañada por la promesa que hizo Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial. El hoy mandatario aseguró, cuando fue electo presidente, que el Ejército debía regresar a los cuarteles. Sin embargo, durante su mandato las Fuerzas Armadas han acumulado más y más poder.

Justo el día de la marcha antimilitarización, la Cámara de Diputados aprobó extender participación de Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028. Esta reforma constitucional se agrega a la modificación legal que permitió la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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Celia conoce bien de lo que es capaz el ejército. Ella proviene de aquella lucha estudiantil que fue reprimida y masacrada por el ejército un 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

“Yo vengo desde el 68 y mientras mis pies y mi cuerpo sirvan seguiré luchando“, dice mientras recorre Reforma en su silla de ruedas.

“La militarización dramatiza las prácticas racistas”

En los contingentes finales, la poeta y activista Aleida Violeta Vázquez Cisneros marchó como parte Poder Prieto, organización surgida para cambiar las narrativas y prácticas racistas.

La escritora afromexicana cuestionó el rol preponderante que las Fuerzas Armadas están tomando en el país. “La militarización dramatiza las prácticas racistas, afecta sobre todo a la gente de piel obscura a través de usos como el perfilamiento racial”, aseguró.

Por su tono de piel, Aleida ha sufrido racismo toda su vida. “Desde que tengo memoria me han hecho comentarios por mi negrura, por la forma de mi pelo, por todo lo que te imagines tenga que ver con mi ascendencia africana”.

Por lo anterior, en el antes llamado Día de la Raza, ella sale a poner de manifiesto las conductas racistas que imperan en México. Su lucha recuerda a una estrofa de su poema “Negrura de antaño”:

Negritud resiliente, tú nunca mueres
porque vives en mi piel, porque corres por mis venas
¡porque sigues aquí, pujante y despierta!

“¡Libertad para presos y presas políticas!”

Durante la marcha del pasado 12 de octubre se exigió la libertad de Miguel Ángel Peralta Betanzos y Kenia Inés Hernández Montalván, ambos presos políticos según las organizaciones de Derechos Humanos que han seguido sus casos.

Miguel Ángel fue detenido en 2015 tras una vida de lucha y denuncia de abusos de poder por grupos caciquiles en la Sierra Mazateca, en el estado de Oaxaca. En 2019, él consiguió su libertad, sin embargo, este año se giró una nueva orden de aprehensión en su contra y fue condenado a 50 años de prisión.

Peralta está acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, ex diputada estatal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Elisa es hija de Manuel Zepeda Cortés ex priista quien ocupó la presidencia municipal de Eloxochitlán a partir de 2010.

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Según el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos, los delitos en contra del oaxaqueño son fabricados y se trata de una persecución política por parte de la morenista.

En 2021, la exdiputada denunció agresiones en su contra y “distorsiones” en el caso de tentativa de feminicidio que sufrió.

Kenia Hernández

El caso de Kenia Hernández llegó a la marcha del 12 de octubre a través del Colectivo Libertario Zapata Vive, organización que ella coordinaba para defender el territorio.

Kenia Hernández, activista indígena amuzga, lleva más de 20 meses privada de su libertad, luego de que fuera detenida y condenada a más de 20 años de prisión por diversos cargos, entre los que se encuentra robo con violencia.

La activista cuenta con dos sentencias condenatorias que ya fueron apeladas. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que las imputaciones contra Kenia son fabricadas y que sus detenciones han sido arbitrarias.

Kenia se mantuvo en prisión preventiva oficiosa, hasta que en 2022 fue sentenciada dos veces por tribunales del Estado de México. Ambas condenas se otorgaron en menos de un mes y suman un total de 21 años 9 meses de prisión a purgar.

De acuerdo con el Colectivo Libertario Zapata Vive, la misma Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha dicho que el encarcelamiento de Kenia tiene como objetivo mandar un mensaje de amedrentamiento para quienes deciden protestar y convertirse en defensores de la tierra.

Si la 4T no soluciona el caso Ayotzinapa, “será un gobierno igual al de Peña Nieto”

El contingente conformado por los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa denunció que el actual gobierno “está protegiendo a los responsables de la desaparición”. De igual forma, acusaron que el actual gobierno busca encubrir el rol del ejército en los eventos del 26 de septiembre de 2014.

Los familiares recordaron que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, canceló órdenes de aprehensión contra 16 militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa.

Asimismo, agregaron las revelaciones traídas por el hackeo a la Sedena. Destacaron la manera en que Luis Cresencio Sandoval González, titular de esta Secretaría, intercedió ante AMLO por el capitán José Martínez Crespo, detenido por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo “Guerreros Unidos” y su probable participación en el secuestro y desaparición de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa

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“Si este gobierno no esclarece los acontecimientos de Ayotzinapa, será un gobierno igual al de Peña Nieto en su protección al ejército”, consignaron los familiares de los normalistas desaparecidos. “La lucha continuará hasta que se encuentren a los muchachos y todos los militares y funcionarios responsables sean llevados ante la justicia”.

Marichuy frente a Palacio Nacional

La marcha antimilitarización se detuvo a las afueras de un Palacio Nacional resguardado por vallas y decenas de policías antimotines armados con escudos y gases lacrimógenos.

Allí se instaló un escenario sobre el que hablaron organizaciones de Derechos Humanos, activistas y la vocera del Concejo Nacional Indígena, María de Jesús Patricio Martínez, alias Marichuy.

Antes de que iniciaran los discursos, encapuchados y policías se enfrentaron frente a Palacio Nacional. Hombres vestidos de negro lanzaron las vallas a los guardias de seguridad y estos respondieron lanzando gas a todos los que se encontraban cerca de la escena.

Este incidente violento fue un caso aislado en una marcha pacífica. Los organizadores incluso obligaron a los encapuchados a calmarse diciendo: “Hoy es el día de los pueblos indígenas, es la lucha de ellos y hay que escucharlos”.

Posterior a este evento, los discursos frente a Palacio Nacional siguieron su paso. Entre ellos destaca el de Marichuy, quien buscó ser candidata presidencial independiente en 2018.

“No estamos de acuerdo con la militarización. No estamos de acuerdo con las formas que está tomando para reprimir a nuestras comunidades y pueblos originarios. Los pueblos están siendo masacrados”, dijo la vocera del CNI con voz firme.

“Vamos a seguir luchando contra los megaproyectos de muerte”, exclamó Marichuy frente al Palacio donde gobierna el principal impulsor del Tren Maya y Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

(Con información de Brandon Celaya; imágenes de Daniel Lomas y Reuters)