“Sagarpa: La amenaza transgénica a la Selva Maya”, artículo de Raúl Benet

El gobierno federal parece estar empeñado en acabar con muchos ejidos y comunidades indígenas de la selva maya, y con la selva misma. Con la autorización de permisos para la siembra de cultivos transgénicos bajo esquemas de agricultura industrial intensiva (‘agricultura por contrato’) que propicia la deforestación, degrada los suelos y ocasiona severos daños ambientales, se pone en eminente peligro el sustento de miles de familias de escasos recursos que dependen de la producción sustentable de productos del bosque, tales como madera, resinas, guano, pimienta, carbón, miel y otros productos derivados del bosque.

A la vez que diversas dependencias del gobierno federal promueven la siembra de organismos genéticamente modificados en la PY, la reducida capacidad operativa de las delegaciones de la Semarnat en la región dificulta el manejo sustentable del bosque, al retrasar indefinidamente la autorización a diferentes comunidades para la implementación de planes de manejo, como ocurre por ejemplo en el ejido 20 de Noviembre, en Campeche, según me relata el comisariado de bienes ejidales, Isaías Ku Marín. La lentitud o franca negativa en la liberación de permisos que establezcan claras reglas para el manejo del bosque, aunada a interminables trámites y a todo tipo de trabas burocráticas de diversas dependencias para el aprovechamiento forestal, promueve ilegalidad, fomenta el cambio de uso de suelo forestal a agrícola y ganadero y propicia el abandono del territorio forestal. El resultado hasta la fecha es una deforestación creciente para dar paso a la ‘agricultura por contrato’ que en pocos años ha cubierto decenas de miles de hectáreas que anteriormente fueran bosque, y ha expulsado a las comunidades mayas que han sido desplazadas por colonos de origen extranjero que tienen una gran voracidad por la tierra, por la maquinaria y los venenos agrícolas, y por las semillas transgénicas. La agricultura industrial de soya transgénica en la Península de Yucatán ha propiciado en menos de una década, según dan cuenta varios integrantes de comunidades indígenas, la desaparición de 35 mil hectáreas de selva y miles de apiarios; mientras que entre 2005 y 2015, tan solo en Hopelchén se perdieron 59 mil hectáreas de selva por la expansión de los cultivos industriales.

Es el caso del permiso otorgado por el gobierno federal a Monsanto en 2012 y defendido desde entonces por la Sagarpa para la siembra de soya transgénica en 253 mil 500 hectáreas en varios estados del país, avalado y promovido por la Semarnat y la Sagarpa en contra de las comunidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió esa autorización de siembra en noviembre de 2015, luego de una inconformidad manifiesta por parte de las comunidades indígenas, y ordenó la realización de una consulta a las comunidades indígenas de la región sobre la siembra de soya transgénica.

La consulta que comenzó en abril de este año ha estado marcada por presiones de funcionarios federales, como el Delegado de la Sagarpa en Campeche, y de personeros de Monsanto hacia las comunidades indígenas a través del uso de argumentos como el del Dr. Yuri Peña, promotor de tecnologías transgénicas, quien es coordinador del Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem, presidida por el Secretario de Sagarpa) y que, en una reunión ‘informativa’ reciente con los indígenas de la comunidad de Iturbide, Campeche, les dijo textualmente: “libérense de los miedos: los europeos, que no son gente tan educada como creemos, sino también ignorantes, tuvieron temor a la palabra transgénico y por eso los rechazaron. Pero ellos tienen mucha lana para pagar cosas orgánicas, nosotros no”, de acuerdo con el diario La Jornada (http://www.jornada.unam.mx/2016/07/12/sociedad/031n2soc).

Asimismo, las empresas y los funcionarios que promueven la siembra transgénica están propiciado un clima de confrontación que pone en riesgo la integridad física de los representantes de las comunidades indígenas. En una reunión del 30 de junio de este año, citada para avanzar en el proceso de Consulta ordenado por la SCJN, los indígenas mayas encontraron que el recinto había sido ocupado por colonos proclives a la agricultura tecnificada, conocidos como Menonitas que habían sido “acarreados” desde diferentes regiones en vehículos con distintivos de compañías productoras y distribuidoras de venenos agrícolas, como Monsanto y Dupont.

Pese a los esquemas de agricultura industrial y ganadería extensiva son perjudiciales para las regiones forestales de todo el país, y pese a que se encuentran entre las principales causas que explican la pérdida en México de cerca de doscientas mil hectáreas de bosque cada año, el gobierno mexicano continúa brindando apoyo y fomenta estas prácticas.

La afectación ambiental causada por la agricultura altamente tecnificada en zonas forestales no sólo tiene que ver con la degradación de los suelos y la pérdida de cobertura del bosque, también pone en riesgo otras actividades productivas de tipo orgánico, como la apicultura, cuando se autoriza la siembra de cultivos genéticamente modificados como soya, sorgo o maíz.

Por la naturaleza de la actividad apícola, en la que las abejas al libar el néctar toman el polen de las flores de las plantas aledañas a su colmena, la miel puede contaminarse con polen proveniente de plantas genéticamente modificadas si es que hay presencia de este tipo de cultivos en la zona en la que se encuentran las colmenas. Este polen transgénico puede desplazarse por decenas de kilómetros bajo determinadas condiciones climáticas y contaminar regiones distantes.

En la Península de Yucatán se genera alrededor del 40 por ciento de la producción nacional de miel; prácticamente el 90 por ciento de ese volumen es de exportación.

Por lo anterior, la autorización y siembra de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en esa región del país representa un grave riesgo para miles de familias que dependen de esa actividad para su subsistencia, ya que los principales compradores de esa miel son los países de la Unión Europea, particularmente Alemania, y por el fallo del Supremo Tribunal de la Unión Europea del 6 de septiembre de 2011, no se pueden comercializar en esa región productos que se elaboren a partir de Organismos genéticamente modificados, como la miel que contenga trazas de polen transgénico.

Mientras se siguen imponiendo trabas al manejo forestal sustentable y se siguen promoviendo tecnologías y modelos agropecuarios que dañan al bosque y perjudican a las comunidades, el presidente Enrique Peña se apresta a encabezar este jueves 14 de julio, una fastuosa ceremonia para premiar al ‘mérito forestal’.