El contubernio | Artículo por Héctor Tajonar

Por Héctor Tajonar.

El fantasma de un tiranosaurio rex recorre los pasillos de Palacio Nacional; es el fantasma de la narcopolítica. Nadie se atreve a mirarlo ni a nombrarlo, pero su presencia es inocultable y está acompañada de una voz amenazante proveniente del norte: “¡Existe una alianza intolerable entre los carteles del narcotráfico y el gobierno de México!”.

Donald Trump está decidido a exterminar el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos y tomará todas las medidas necesarias para combatir a los carteles que producen e introducen la droga a su territorio. Erradicar el contubernio entre el narco y el gobierno mexicano es la principal de esas medidas. Acabar con dicha confabulación es el eje de la agenda bilateral y una prioridad del presidente estadounidense en materia de seguridad nacional.

Las órdenes ejecutivas emitidas el 20 de enero y el 1 de febrero clasifican a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y vinculan los aranceles con la complicidad entre el crimen organizado y el gobierno mexicano.

El 3 de marzo la Casa Blanca emitió una hoja informativa sobre la decisión del presidente Trump de imponer aranceles del 25% a Canadá y México, sustentada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), que faculta al mandatario estadounidense a tomar medidas emergentes para hacer frente a amenazas contra la economía, la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos. El documento enfatiza:

“Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas, las mayores traficantes de fentanilo del mundo, operan sin obstáculos debido una intolerable relación con el gobierno de México (que) les ha otorgado paraísos seguros a los carteles para facilitarles la manufactura y distribución de peligrosos narcóticos que han causado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses.”

Adicionalmente, en el discurso pronunciado ante el Congreso de su país el 4 de marzo Donald Trump reiteró su enérgica condena a la narcopolítica:

“El territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera está ahora dominado en su totalidad por carteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total. Controlan a la nación entera, lo que supone una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. Los carteles están librando una guerra en Estados Unidos, y es hora de que Estados Unidos libre una guerra contra los carteles, cosa que estamos haciendo.”

Nótese que no menciona el nombre de México sino que desdeñosamente se refiere al “territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera”. Además habla de un control total del país por los criminales. Trump agregó:

“Hace cinco noches, las autoridades mexicanas, debido a las políticas arancelarias que les imponemos, entregaron a 29 jefes de los mayores carteles de su país. Eso no había ocurrido nunca. Quieren hacernos felices.”

El sarcasmo del mandatario confirma su determinación de acabar con la confabulación entre el gobierno mexicano y los carteles de la droga, considerados organizaciones terroristas.

El fortalecimiento del crimen organizado en México, su creciente control territorial, la diversificación de sus actividades delictivas, el nombramiento de funcionarios locales, su infiltración en los procesos electorales, y el aumento del trasiego de opiáceos a territorio norteamericano, no se explica sin la colusión con las autoridades mexicanas.

Por ello el gobierno norteamericano considera insuficiente el esfuerzo realizado por el gobierno mexicano durante los últimos meses: El envío de diez mil soldados para detener el flujo de migrantes indocumentados y de opioides, 14,517 detenidos por delitos de alto impacto, decomiso de 125.8 toneladas de droga, incluidas 1,271 kilos y más de un millón 640,000 pastillas de fentanilo, aseguramiento de 7,375 armas de fuego y 475 laboratorios clandestinos destruidos.

Tampoco le basta el traslado de 29 capos del narcotráfico, incluido Rafael Caro Quintero, el más odiado de los criminales mexicanos en Estados Unidos por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena, en 1985.

El gobierno de Trump exige ahora figuras destacadas de la narcopolítica actual. Ya tienen a varios en la lista y van por ellos. La determinación del presidente norteamericano es inamovible e imposible de evadir. El equipo de funcionarios encargados de combatir el narcoterrorismo y a sus cómplices está formado por los llamados “halcones” debido a su probada experiencia, dureza y eficacia en materia de defensa, seguridad e inteligencia.

Baste con mencionar al coronel en retiro Ronald Douglas Johnson, próximo embajador de Estados Unidos en México, quien fue miembro del grupo conocido como ‘boinas verdes’, la élite de las fuerzas armadas estadounidenses especializadas en operaciones encubiertas y contraterrorismo; del que también formó parte el Consejero de Seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz.

En ese contexto, el desafío para la Presidenta y su gabinete de seguridad es mayúsculo, sobretodo porque (casi) todos los predecesores de la mandataria fueron cómplices, por acción u omisión, de la narcorrupción.

El caso de su antecesor inmediato y sus correligionarios de Morena es el de mayor interés para las autoridades de seguridad y justicia del gobierno estadounidense, debido a que sus protagonistas siguen activos en calidad de secuaces de los narcoterroristas.

La política de los abrazos, el apoyo brindado a la “gente buena y trabajadora” del Triángulo Dorado del narcotráfico, así como el patente fracaso del combate a la corrupción, es el legado sangriento y putrefacto de Andrés Manuel López Obrador.

De ello tienen conocimiento profundo y pruebas suficientes las agencias de seguridad e inteligencia, así como las autoridades judiciales del país vecino.

Además, son de quienes tienen más información de inteligencia, sumada a los testimonios directos que puedan obtener de los capos recién entregados a la justicia norteamericana.

Las revelaciones de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, de Rafael Caro Quintero y los otros 28 capos del narcoterrorismo, serán música para los oídos de Trump. Ello representa un alto riesgo y, al mismo tiempo, una oportunidad.

La colaboración del gobierno de Estados Unidos en materia de estrategia, tecnología e inteligencia militar, así como de las agencias de seguridad, es indispensable para enfrentar con éxito a los monstruos siameses que el gobierno mexicano no ha podido, ni querido, vencer en más de medio siglo: el crimen organizado y la narcopolítica.

En consecuencia, lo más conveniente para erradicar el tráfico de fentanilo y otras drogas a territorio norteamericano sería que México y Estados Unidos diseñen, suscriban y ejecuten un acuerdo de seguridad bilateral basado en una estrategia y objetivos comunes.

Ante todo, ello requiere de una confianza sólida entre las autoridades militares, de seguridad y justicia de ambos países; algo que en alguna medida llegó a existir en el pasado, pero que se rompió tajantemente durante el gobierno de López Obrador.

El caso del general Salvador Cienfuegos y a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional diseñada para bloquear las actividades de las agencias norteamericanas de inteligencia y combate al narcotráfico en territorio mexicano cancelaron la confianza y la colaboración entre ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum se ha conducido con inteligencia y aplomo en su trato con Donald Trump. Sus argumentos sobre los aranceles y el fentanilo han sido expresados con firmeza y sin confrontación.

Hasta ahora, la mandataria ha logrado domar a su veleidoso homólogo, quien la ha tratado con respeto y consideración en dos llamadas telefónicas, otorgándole prórrogas de un mes. Logro valioso pero efímero.

No son tiempos de triunfalismo patriotero sino de reflexión y decisión autocrítica.

El problema del fentanilo y la narcopolítica es un reto mucho más delicado porque puede poner en peligro la estabilidad política del país.

El temor se ha pintado de morado y el machete de Palenque está bien afilado.

Acabar con la impunidad transexenal en materia de narcotráfico es una prioridad para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de México. Tal desafío sólo puede ser resuelto mediante la colaboración en un marco de confianza recíproca y de respeto a las soberanías de ambas naciones.