A 100 días de la 4T, la privatización del agua avanza en silencio (Artículo)

Por Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns/ Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida

En su Informe de los Primeros 100 Días el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió nuevamente con la no privatización del agua. Sin embargo, los mismos funcionarios de la Conagua que prepararon los 10 decretos levantando vedas en 300 cuencas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en junio del año pasado, no solo han logrado que el presidente López Obrador incumpla con su compromiso de revertirlos, sino que han preparado una nueva tanda de decretos para su firma este 22 marzo, Día Mundial del Agua.   

Para ser claros, la privatización del agua no se refiere a la propiedad privada del agua, de la cual nuestra Carta Magna nos protege, sino al control privado sobre este bien común, favorecido por nuestro marco legal actual.   

En este tema nos encontramos en un momento sumamente crítico. Por un lado, las trasnacionales mineras, petroleras, energéticas, cerveceras y del agua exigen acceso a nuestras aguas, sin estorbos.  Por el otro, existe un rotundo consenso nacional a favor de asegurar que el agua esté en manos públicas, libre de dinámicas de corrupción e impunidad.

La actual Ley de Aguas Nacionales, promulgada por Carlos Salinas de Gortari en 1992 como precondición para la entrada al TLCAN, impuso sobre nuestras aguas un sistema único de concesiones, objetos de dinámicas de compra y venta.  Bajo el principio de que el agua es de quien primero la solicita, y en violación de vedas y de derechos indígenas y de núcleos agrarios, la Conagua otorgó 330 mil concesiones en los primeros diez años. Cuando en 2003 finalmente se publicaron los primeros dictámenes de disponibilidad, 102 cuencas y 104 acuíferos estaban sobreconcesionados, y el 70% de las aguas concesionadas estaban en manos del 7% de los concesionarios.  Ahora hay 500 mil concesiones, y sus dinámicas de compra-venta son facilitadas por “Bancos del Agua” que operan en las zonas de mayor demanda.

Las “reservas” firmadas por Peña Nieto fueron impulsadas por la Fundación Carlos Slim, presidida por el dueño de la empresa minera Frisco, y la Fundación Gonzalo Río Arronte, presidido por el socio de la trasnacional petrolera Morgan Stanley, Jesús Reyes Heroles.  Pintadas de verde, las reservas cumplen con varias necesidades de la hidrocracia. En primer lugar, éstas son pretexto para el levantamiento masivo de vedas, las cuales impiden acceso al agua en zonas críticas y afectan la “seguridad jurídica” requerida por trasnacionales que cotizan en bolsas de valores.  

En segundo lugar, las “reservas” pueden servir para distintos usos—como es el caso de los 1,900 millones metros cúbicos al año reservados para la Presa Las Cruces en Nayarit, dejando solo 300 millones para el vital ecosistema de Marismas Nacionales.

Más importante aún, en nombre del “derecho humano al agua,” las reservas para “uso público urbano” permiten la asignación inmediata e irrestricta de los volúmenes del agua que se pudiera requerir hasta el año 2069, a gobernadores, con quienes empresas como la cervecera Constellation Brands logran “entenderse” bien.

La justificación de que las “reservas” protegen el medio ambiente es un decir.  En primer lugar, la “reserva para uso ecológico” se expresa en miles de metros cúbicos al año, dando lugar a extracciones constantes que no permiten mantener vivos los ríos en periodos de estiaje. Pero sobre todo, el volumen “reservado” es la diferencia entre el volumen ya concesionado y la disponibilidad, y la Conagua se ha comprobado dispuesto a mover estos números para acomodar a “los intereses.”  Así es que la Conagua publicó en el DOF el estudio realizado por la minera Goldcorp “demostrando” que se había subestimado en 40 millones de metros cúbicos al año la recarga del acuífero Cedros en el semi-desierto zacatecano; mismo volumen que le fue concesionada a esta misma empresa acto seguido. En este momento, la Conagua está preparando la publicación del estudio de Aguas de Barcelona que justificaría el trasvase de 30 millones m3/año de las aguas subterráneas anteriormente desconocidas en Parras a una nueva zona industrial cerca de Saltillo, Coahuila.

Los viejos funcionarios de la Conagua quieren convencer al Presidente López Obrador de que la única manera de garantizar agua para todxs es a través de más “reservas”, junto con el reparto de concesiones a poblaciones rurales e indígenas, acción innecesaria que ignora sus derechos bajo los Artículos 1 y 2 constitucionales, y cosa muy grave, la pronta puesta en marcha de Conagua Digital, que implicaría el reparto masivo e indiscriminado de aguas nacionales hasta agotar existencias. La realidad innegable es que hasta que libremos nuestras aguas de las manos del mercado, el agua seguirá fluyendo hacia el poder.

Necesitamos una Ley General de Aguas que desmercantilice el agua, prohibiendo la compra y venta de concesiones. Una Ley que nos permita trabajar juntos en cada cuenca del país para encontrar soluciones consensadas a las actuales dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento, contaminación e impunidad.

Mientras tanto, necesitamos conservar las vedas cuya razón de ser no ha sido superada, las cuales sirven para frenar el sobreconcesionamiento y la especulación. Necesitamos establecer un mecanismo más allá que el sistema de concesiones que garantice el respeto por las dotaciones ejidales y comunales y que reconozca los derechos de los pueblos indígenas a administrar las aguas en sus territorios. Requerimos respetar por principio a toda comunidad que se levanta para defender su agua. Es urgente también desmantelar los Bancos del Agua y cancelar el Conagua Digital.

Es claro que las inercias e intereses siguen incrustados en la Comisión Nacional del Agua. Confiamos en la capacidad del Presidente para evaluar con cuidado las intenciones de estos funcionarios, para que no sea utilizado por su proyecto de expandir el control privado sobre las aguas de nuestra Nación.